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El Gobierno de Cantabria no actuará contra las terapias homófobas en el Convento de Ruiloba

Vicepresidencia asegura no tener herramientas para impedir los cursos que 'curan' la homosexualidad y traslada la responsabilidad a "los partidos que no han querido sacar adelante la ley LGTBI"

ALEGA muestra su "repulsa a este tipo de prácticas más propias de un tribunal inquisitorial" y Juventudes Socialistas pide a la Fiscalía que intervenga 

Manifestación contra la LGTBIfobia en la Catedral de Alcalá.

Manifestación contra la LGTBIfobia en la Catedral de Alcalá. M. E.

Las terapias homófobas que se realizan en distintas sedes vinculadas a la Iglesia católica y que tienen una ramificación en el Convento de Las Carmelitas de Ruiloba, en Cantabria, han provocado una ola de incredulidad e indignación entre la mayor parte de la sociedad. Colectivos como ALEGA o Juventudes Socialistas han salido al paso de la información desvelada por eldiario.es y han manifestado su rechazo y repulsa a este tipo de prácticas que "atentan contra la dignidad y la integridad de las personas".

El Gobierno de Cantabria, por su parte, ha asegurado a preguntas de este diario que no tiene las herramientas necesarias para tratar de impedir que se sigan llevando a cabo estos cursos que pretender 'corregir' la homosexualidad, por lo que la Administración autonómica ha descartado tomar cualquier tipo de iniciativa. 

Desde Vicepresidencia del Gobierno, de la cual depende la Dirección General de Igualdad y Mujer, responsabilizan a PRC, PP y Ciudadanos por demorar la tramitación de la Ley LGTBI, que "es la que contemplaba este tipo de supuestos". "Lamentablemente, esas terapias aversivas, en el caso de que se demostrara que se están produciendo, estarían prohibidas en una ley que no ha salido adelante por los partidos que no han querido que salga", señalan en el departamento que dirige Eva Díaz Tezanos en alusión al polémico retraso en la aprobación de la norma. 

Vicepresidencia ha declinado realizar más valoraciones al respecto y tampoco ha querido pronunciarse por las declaraciones del obispo de Santander, Manuel Sánchez Monge, quien ha defendido estas terapias en las que "no se trata solamente de sexualidad", sino que se ayuda a las personas a "madurar en toda la extensión de la palabra" y a "responder como cristianos y católicos". Para Sánchez Monge, la asociación 'Es Posible la Esperanza' realiza una actividad "muy legítima". 

Quienes sí han entrado al fondo del asunto han sido ALEGA y Juventudes Socialistas, que en sendos comunicados han censurado las "falsas terapias" contra la homosexualidad. Incluso, la organización juvenil ha pedido a la Fiscalía que tome las medidas correspondientes contra el Obispo de Santander "por atacar al colectivo LGTBI".

"Es el momento de llegar a un acuerdo para conseguir el apoyo para este colectivo que está siendo constantemente atacado por la Iglesia Católica", ha reclamado Juventudes Socialistas, para quienes las declaraciones de Sánchez Monge "no hacen más que generar odio y remarcar aún más lo alejada que está la cúpula eclesiástica de la realidad social contemporánea".

Por su parte, ALEGA ha enfatizado que las personas que forman parte de este colectivo "no somos enfermos, ni perturbados, y no necesitamos paternalismo, ni ninguna cura ni a ningún cura, ni tampoco torturas de conversión, las cuales está demostrado que no funcionan". "Lo único para lo que sirven es para provocar más dolor a aquella persona que las recibe", ha denunciado.

Asimismo, en línea que los apuntes que ha hecho Vicepresidencia, ALEGA ha denunciado la "desprotección legal" del colectivo LGTBI en Cantabria, "gracias a un Parlamento que no fue capaz de aprobar la ley autonómica, con la cual este tipo de terapias que atentan contra la dignidad e integridad de las personas serían ilegales y un delito", subraya.

Finalmente, esta asociación ha recalcado su "rechazo y repulsa a este tipo de prácticas, más propias de un tribunal inquisitorial que de una sociedad en la que todas las personas tengan cabida".

En otras comunidades donde también se realizan estos cursos para 'curar' la homosexualidad, como Madrid o Valencia, los gobiernos autonómicos sí han abierto diligencias para aclarar lo sucedido e imponer en su caso las sanciones que se estimen oportunas.

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