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El 'Caso Mioño', visto para sentencia

El exalcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, durante la vista judicial.

elDiario.es Cantabria

El 'caso Mioño' ha quedado visto, definitivamente, para sentencia después de que este martes prestara declaración como testigo el exinterventor del Ayuntamiento de Castro Urdiales, Fernando Urriticochea, y de que todas las partes implicadas hayan elevado a la Audiencia Provincial de Cantabria sus conclusiones.

En ellas, la Fiscalía mantiene su acusación por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias contra los diez imputados, entre ellos el exalcalde de Castro Urdiales Fernando Muguruza (ex del PRC), si bien ha rebajado en unos meses las peticiones de penas para varios de los ediles, por la concurrencia, a su juicio, de la atenuante de dilaciones indebidas.

El 'caso Mioño' estudia la presunta adjudicación “a dedo” en el año 2004 de las obras del túnel de dicha localidad castreña y de la supresión de barreras arquitectónicas en el mercado municipal de Castro Urdiales a la empresa Izeta, que tenía como gerente a Juan Ignacio Díez Muro, hermano del exconcejal de Industria, Jaime Díez Muro (PRC).

Según sostiene la Fiscalía, el responsable de la empresa Izeta, “valiéndose de su condición” de hermano del por entonces concejal de Industria, mantuvo contactos con el edil de Obras, Salvador Hierro, para asegurarse la adjudicación de la obra de acondicionamiento del túnel.

De esta forma, entregó personalmente a Hierro una oferta de los trabajos, que el edil no trasladó ni al Servicio de Contratación ni a la Comisión de Obras, sino que llevó directamente a la reunión de la Junta de Gobierno del 21 de octubre de 2004, donde fue aprobada por unanimidad de los presentes, a sabiendas de la “ausencia total de expediente administrativo” y de que era la única oferta presentada.

En concreto, la oferta recibió en la Junta el respaldo de Muguruza y de todo el equipo de Gobierno. Para la Fiscalía, el secretario municipal, César Sainz, por su parte, “incumplió” su obligación de advertir de que la contratación carecía de expediente y estaba fuera del orden del día.

En el caso de las obras de eliminación de barreras en el mercado municipal, la Fiscalía sostiene que la Junta de Gobierno Local decidió en diciembre de 2004 solicitar tres presupuestos. Pero antes de llegar dicho acuerdo al Departamento de Contratación, Izeta ya presentó una oferta que entregó en la Concejalía de Obras sin pasar por el registro público de entrada.

Entonces, el concejal Hierro no dio traslado al servicio de contratación y eludió de nuevo el procedimiento administrativo correspondiente, llevando el presupuesto directamente a la Junta de Gobierno, que lo aprobó por unanimidad nuevamente a sabiendas de la falta de expediente administrativo. El acuerdo fue trasladado a la Intervención para autorizar los pagos, y el interventor lo tramitó sin poner reparo, pese a conocer que la adjudicación se había hecho sin expediente administrativo.

La fiscal ha defendido en su exposición que concurren todos los supuestos para considerar que los imputados son autores de delitos de prevaricación y tráfico de influencias, para los que pide penas de hasta 9 años de inhabilitación. Entre los implicados están todos los concejales del entonces equipo de Gobierno municipal, formado por PRC, PP e IU, así como el exinterventor, Gregorio Alcedo, y el exsecretario municipal, César Sainz.

Testimonio de Urruticoechea

El 'Caso Mioño' fue destapado por Fernando Urruticoechea durante su etapa como interventor del Ayuntamiento de Casto Urdiales. Urruticoechea ha sido calificado por distintos medios nacionales como “el látigo de la corrupción municipal”, “el interventor derroca-alcaldes' o el ”superinterventor' por denunciar distintos casos de presunta corrupción en los siete ayuntamientos en los que ha tenido responsabilidades de fiscalización y control de las cuentas públicas.

Como parte de su estrategia, la defensa de Muguruza y del exprimer teniente de alcalde, José Miguel Rodríguez López -apodado como KyK- (ex PP), ha pedido la expulsión del procedimiento del testimonio de Urruticoechea por su “total parcialidad”, y ha señalado que aunque se presente como el “defensor de la legalidad”, es una persona con “patologías mentales severas”, “especialmente obcecado” en estos temas y que, según ha dicho, ha generado problemas en todos los ayuntamientos por los que ha pasado en el desempeño de sus cargos.

Según ha podido saber este diario, Urruticoechea va a solicitar al tribunal una sanción para el equipo de abogados ante estas acusaciones que, a su juicio, no tienen otra finalidad que intentar desacreditarlo.

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