Euskadi, ¿nación política, nación cultural o nación foral?

“No estamos ni en la búsqueda de la independencia, ni en el conformismo del actual Estatuto”. De esta manera resumía esta semana un destacado dirigente del PNV la posición de partida de la formación que preside Andoni Ortuzar en su objetivo de sentar unas “bases” para la consecución de un nuevo estatus en Euskadi. Una propuesta que, en todo caso, no se concretará en un articulado de reforma del actual Estatuto de Gernika en lo que resta de legislatura.

El PNV parece haber aprendido de lo ocurrido con la propuesta el 'plan Ibarretxe', aprobada en la Cámara vasca a finales de diciembre de 2004 con los votos también de la izquierda abertzale, y rechazada sin ser siquiera discutida en las Cortes tras la negativa del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero -entonces presidente- y del PP de Mariano Rajoy a tramitar una propuesta que desbordaba la legalidad.

El documento presentado esta semana por el jeltzale Joseba Egibar en la ponencia de autogobierno rezuma aceptación de las vías marcadas en la legalidad actual, al tiempo que defiende una actualización del estatus vasco profundizando en los derechos históricos reconocidos en la Disposición Adicional Primera de la Constitución de 1978. Dando cobertura así al concepto de “nación foral” que reclamó para Euskadi el lehendakari en el último Debate de Política General, en septiembre pasado.

Habrá muchas discusiones en la ponencia parlamentaria sobre la posible consulta no vinculante (“habilitante”, la denomina el PNV), sobre las decisiones adoptadas desde la bilateralidad y la aceptación de la legalidad o sobre las vías unilaterales defendidas por EH Bildu hacia la construcción de un Estado vasco. Por cierto, una coalición que ahora sí ha despejado todas sus dudas sobre la conveniencia de permanecer en la ponencia de autogobierno, algo que ni el propio Egibar tenía claro antes de que todos los partidos registraran esta semana sus aportaciones en el foro parlamentario. Y, previsiblemente, habrá debate también sobre el blindaje de las competencias frente a la “recentralización” del Gobierno central, el catálogo de competencias que deben pasar a ser “exclusivas” de Euskadi. Pero, a la espera de que Podemos aterrice en el Parlamento vasco, el nudo gordiano para inclinar el acuerdo hacia una mayoría transversal con el PSE-EE o reeditar como en 2004 una mayoría nacionalista (plan Ibarretxe) será cómo interpreta cada partido la “nación vasca” -o su propia existencia porque ni PP, ni UPyD van a dar alas a ese debate- y qué implicaciones políticas tiene esa caracterización del País Vasco.

Los socialistas aseguran que “no sacralizan el concepto de 'nación', que en los últimos tiempos está sufriendo una profunda modernización y reformulación” en el mundo occidental, ni tampoco lo consideran “un tabú”. “Por el contrario, estaríamos dispuestos a estudiar su incorporación en el futuro texto estatutario, si queda claro que no se fundamenta en una supuesta soberanía diferenciada”, señalan en sus aportaciones.

En ese sentido, apuntan que el Consejo de Europa considera que “la reivindicación como nación de una comunidad que se autodefine como tal por razones culturales, históricas o lingüísticas, no presupone el derecho político a constituirse en Estado”. Y los de Idoia Mendia subrayan también que, en la sentencia sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2010, el Tribunal Constitucional “ya aventuró que una definición como nación de esa naturaleza no jurídico-política podría ser perfectamente compatible con la Constitución, que ya distingue entre nacionalidades y regiones”.

¿Qué dice exactamente el texto peneuvista sobre este asunto? La definición del pueblo vasco recogida en el documento del PNV -que expresamente admite la pluralidad de la sociedad vasca-, señala: “entendemos que pese a las diferencias que sobre la presente y futura configuración del pueblo vasco puedan mantener los partidos políticos, debemos compartir que Euskal Herria constituye básicamente una nación cultural conformada por vínculos sociales, lingüisticos, históricos, económicos y culturales”.

Pero los peneuvistas parecen tener incluso una estrategia negociadora en relación a los socialistas que se retrotrae a las negociaciones de Loiola en 2006 previas al bombazo de ETA en la T-4. Su definición de nación parte de lo acordado en las conversaciones de Loiola con el PSE y la izquierda abertzale sobre el reconocimiento de la “identidad nacional del pueblo vasco”. En aquella reuniones, celebradas en pleno proceso de paz finalmente fallido en la etapa del presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2006), los tres partidos avanzaron en la denominada mesa política mientras ETA y el Gobierno intentaban cerrar, sin éxito finalmente, la etapa de la violencia en Euskadi. Y de aquellos acuerdos, el PNV recupera ese concepto y propone “que el futuro acuerdo de actualización del autogobierno vasco reconozca la identidad nacionald el Pueblo Vasco. Dicho reconocimiento recogerá así el sentido de pertenencia a una nación ampliamente compartido en la sociedad vasca”.

Los socialistas -incluido quien fuera uno de sus representantes en la negociación con ETA en 2006, Jesús Eguiguren- ya dejaron claro que tras el fracaso de aquel proceso negociador, el contador se ponía de nuevo a cero. No es la primera vez que el PNV o el propio lehendakari Urkullu -entonces uno de los representantes por este partido en las conversaciones de Loiola- hacen mención a aquellos acuerdos, en un intento de hacer ver que si con una ETA sin haber tomado la decisión definitiva de abandonar la violencia se fue tan lejos en las bases de un acuerdo, ahora que ya no hay vuelta atrás al terrorismo etarra, aquellos mimbres pueden ser retomados. Al menos, como elemento para la discusión.

La nueva reunión de la ponencia se celebrará el próximo 3 de febrero. Para entonces el camino para saber quién puede pilotar desde La Moncloa el futuro gobierno de la nación española puede estar algo más desbrozado. Y no hay duda de que la viabilidad de algunos de los planteamientos -como el de la consulta no vinculante de lo acordado por mayoría absoluta en el Parlamento vasco antes de llevar el texto al Congreso de los Diputados- será más factible con un PP en la oposición que con Mariano Rajoy repitiendo otros cuatro años como presidente de España.