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La jueza indaga la posible malversación de 46.000 euros por la compra de informaciones

Los seis contratos públicos con los diferentes medios del Grupo Noticias, afín al Gobierno de Urkullu, fueron suscritos por la Lehendakaritza y los Departamentos de Educación y Salud.

La magistrada investiga también los posibles delitos de prevaricación y fraude en las citadas contrataciones públicas.

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La consejera Cristina Uriarte, en una comparecencia parlamentaria sobre la Lomce.

La jueza de Vitoria que ha admitido a trámite la demanda presentada por UPyD por el pago de informaciones al Grupo Noticias indaga sobre la posible malversación de caudales públicos por unos contratos que suman en total 46.733.14 euros. Aunque el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, llegó a cifrar en más de 90.000 euros el montante de dinero utilizado por tres Departamentos del Gobierno de Íñigo Urkullu y la propia Lehendakaritza para comprar informaciones cuando en realidad se trataba de publicidad encubierta, la magistrada ha decidido por el momento acotar la investigación.

Junto al delito de malversación de caudales publicos, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, Beatriz Eva Roman Gobernado, investiga "la posible comisión" de los delitos de prevaricación y de fraude a las administraciones públicas. Justo los tres delitos que se recogían en la demanda de UPyD. Pero no todos los ejemplos incluidos en la denuncia como posibles conductas delictivas están siendo investigados, al menos en esta primera fase de las diligencias previas iniciada ahora en el citado juzgado vitoriano.

En el auto, al que ha tenido acceso el diarionorte.es, la instructora del 'caso Grupo Noticias' ordena la práctica de una serie de diligencias. En concreto, reclama a Lehendakaritza y a los Departamentos de Salud y Educación que remitan las resoluciones administrativas, los contratos y las facturas libradas a los medios del Grupo Noticias objeto de la investigación. En el caso de la consejería que dirige Cristina Uriarte (Educación), se le pide cuatro resoluciones administrativas con sus correspondientes facturas y contratos, todos ellos de 2013. Se trata de cuatro contratos suscritos con otros tantos medios del Grupo Noticias para colocar como si fueran noticias informaciones críticas pagadas contra la Lomce: la editora del Diario de Álava (Ediciones Izoria) por 3.374 euros, con Eusko Media (la empresa que regenta Onda Vasca) por 2.420 euros, con Urgull 2004 SA (editora del Diario de Noticias de Gipuzkoa) por 4.723 euros y, finalmente, las inserciones a doble página que realizó el Deia tras el contrato suscrito por Educación con su editora, Ediciones Iparraguirre, por valor de 9.897,8 euros. En total, en este paquete de informaciones pagadas, todas ellas publicadas o emitidas en 2013, Educación gastó 20.415,64 euros de dinero público.

En el caso de la consejería de Jon Darpón (Salud), la magistrada se fija en los diversos reportajes adjudicados a Editorial Iparraguirre, editora del rotativo Deia, afín al Gobierno, por 14.520 euros entre junio y septiembre de 2013.

"Vascos en el mundo"

Finalmente, la jueza ha oficiado a la Lehendakaritza para que remita la misma información -resolución administrativa, contrato y facturas- sobre las adjudicaciones a Eusko Media por un importe de 11.797,50 euros con un plazo de ejecución del 8 de enero de 2014 al 30 de junio de este año. Se refiere en concreto a la la "realización y emisión de espacios sobre vascos en el mundo", según se detalla en la información oficial sobre externalizaciones difundida por eldiarionorte.es.y que tenían que ser realizados entre el 8 de enero y el 30 de junio de este año.

En total, la suma de dinero público librada por estos dos Departamentos gubernamentales y por Presidencia asciende a 46.733,14 euros.

En el escrito de la demanda, redactado por el secretario general de UPyD en el Congreso, Andrés Herzog y que consta de más de 30 páginas, la denuncia va dirigida contra el director de Comunicación del Gobierno vasco y contra la directora General de OSALAN y queda abierta a "cualquier otra persona física o jurídica que pudiera resultar eventualmente responsable de los hechos". Maneiro consideró al presentar la demanda que "los casos más flagrantes y más evidentes pueden situar las responsabilidades en estas dos personas". El primero, por ser el responsable de la comunicación institucional del Ejecutivo, y la segunda porque "está perfectamente demostrado" que el Departamento de Empleo y Políticas Sociales "paga para que un medio de comunicación afín entreviste a la Directora de OSALAN", según explicó. Por el momento, la magistrada no ha reclamado a este Departamento ningún tipo de información.

Los Departamentos del Gobierno vasco implicados en estas contrataciones llevan semanas preparando el material ante la petición de información por parte de la juez, eventualidad que ya preveían, como admitió el propio portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka.

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