El año en que Euskadi ha dejado de ser un oasis de corrupción
“Euskadi no es una isla ni un oasis [...]. No somos más listos ni más altos ni más guapos”, proclamó esta semana el lehendakari, Iñigo Urkullu, en su tradicional recepción navideña a la sociedad, en la que también apeló a “prestigiar” la actividad política y a la ética. Urkullu era presidente del PNV cuando, en 2010, tres dirigentes de su partido en Álava, Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, fueron detenidos por corrupción. El juicio del denominado 'caso De Miguel' se inició el 8 de enero de 2008 y acabó el 19 de diciembre, todo un año en el Euskadi se ha dado de bruces con un problema que parecía de otras latitudes.
No hace tanto, en 2014, el propio Urkullu alentó en el Parlamento la teoría del oasis: “[La corrupción] No encaja con nuestra cultura y nuestros valores políticos y sociales”. Y coincidiendo con el arranque del macrojuicio del 'caso De Miguel' señaló que, de confirmarse los hechos, “sería un caso aislado”. Pero en 2018 han ocurrido muchas cosas.
La denunciante del caso en 2009 fue una empresaria y abogada, de familia nacionalista, que acusó a De Miguel de haberla extorsionado para que abonase una comisión de 100.000 euros tras haber recibido su empresa 'a dedo' un adjudicación en el parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Vitoria. La investigación amplió el foco de los hechos relatados inicialmente por Ainhoa Alberdi, que se ha ratificado siempre en los últimos años a pesar de las presiones, a una trama más compleja y con sospechas de cobro de comisiones en más contratos y operaciones.
Con De Miguel ha acabado en el banquillo un grupo de amigos que se conoció en EGI, las juventudes del PNV. Hasta 26 imputados ha tenido el caso. El partido siempre ha tratado de desvincularse del 'caso De Miguel' y nunca se ha investigado su financiación, pero el fiscal, Josu Izaguirre, siempre ha remarcado que la trama se valió de su posición política para lucrarse.
Izaguirre ha sido muy contundente al comparar las prácticas de la trama de De Miguel con la mafia siciliana. “Se nos ha intentado reflejar a De Miguel como un concejal de pueblo, pero tenía gran influencia política y social. Hace cosas que sólo hay que hacer en callejones oscuros. De Miguel se dedicaba a ser padrino. Si no tienes padrino en este país parece que no tienes un contrato. Y que no se te ocurra denunciarlo, que no recibes otro. ¿Estamos en un país donde hay que ser mafioso para contratar con la Administración? ¿Solamente con padrino se puede contratar con la Administración?”, manifestó en su alegato de conclusiones.
La esperada declaración de De Miguel, que se expone a unos 30 años de cárcel (12 de cumplimiento efectivo) y a 1,2 millones en responsabilidades económicas, estaba programada para el 17 de septiembre. Había sido casi una década de negar todas las acusaciones hasta la saciedad. Sin embargo, pocos días antes se iniciaron contactos entre su abogado, Gonzalo Susaeta, y el ministerio fiscal. Aunque de cara al exterior en el juicio estaba saliendo todo a pedir de boca, de puertas para adentro alguien tomó la decisión de que sería conveniente explorar la posibilidad de buscar una rebaja de condena. Las conversaciones fructificaron y el político estuvo dispuesto a admitir varios delitos, incluido que la denuncia de Alberdi era cierta y que en una recalificación de Zambrana, donde más dinero se movió ya que el proyecto estaba valorado en 65 millones, cobró comisiones ilegales. También que un constructor costeó la reforma de una casa familiar en la costa de Bizkaia.
Pero a última hora el acuerdo se torció. De Miguel nunca quiso admitir las coacciones para cobrar comisiones, un delito que implica la existencia de cierta violencia. Las conversaciones se rompieron y tocaba retomar la estrategia de negarlo todo a pesar de haber puesto todas las cartas sobre la mesa.
En Zambrana la mecánica fue la siguiente. La alcaldesa del PNV, María Justina Angulo, planteó un polígono industrial y llamó al partido para pedir ayuda. El interlocutor fue De Miguel, quien situó a su amigo Josu Arruti como intermediario para captar inversores. Tras un intento fallido, Arruti cerró un acuerdo con los catalanes Construcciones Riera, dirigidos por Francesc Fernández Joval.
Y Arruti y Fernández Joval sí accedieron a confesar a cambio de una rebaja de condena que hará que ninguno de los dos pisen la cárcel. Preparada con mimo durante horas, la confesión de Arruti, fue la más importante y la que rompió a ojos de la opinión pública una imagen de oasis. No fue sencillo. Hubo presiones. Intermediarios contactaron con Arruti y con su letrada para intentar frenar la incriminación. También ha habido insultos después de la declaración.
Arruti, al final, sí confesó. Fue a principios de noviembre. Y fue claro. Dijo que en Zambrana había comisiones, que se canalizaron con supuestos trabajos de asesoramiento de Kataia Consulting y que esa empresa a nombre de las mujeres de De Miguel, Tellería y Ochandiano se creó 'ad hoc' cuando las mordidas ya estaban pactadas. Los responsables de Riera confirmaron los hechos y admitieron que pagaron por la influencia política de Txitxo. Después del ingreso, consta salidas de dinero en Kataia Consulting para la compra de un Saab (33.000 euros), para joyas (6.000 euros) y para viajes (Extremadura o Benidorm).
En una de las grabaciones que aportó la denunciante, se escucha que las comisiones parecen estar “dentro de lo normal”. En la misma línea se expresó Fernández Joval en su confesión: “Resulta ser que no te extrañas de que te pidan estas cosas. Mire, hemos abierto empresas en Rumanía, Bulgaria, Ecuador, Panamá, … El primer día te esperan para lo que quieren cobrar [...]. Esto era para dinamizar el proyecto, para poder mejorar o sacar los obstáculos que pueda haber en un proyecto de tanta importancia. Me dijo Arruti: 'Para la fluidez en las relaciones con la Administración sería conveniente tener alguien que ya conozco y tiene influencia'. Al final vas esperando a que se delate. 'Más o menos unos 160.000 euros para mí y 160.000 para otro señor'. Yo aún no sabía el nombre. Lo supe después. Lo pensé… Al final, cuando haces una inversión de tanto dinero 160.000 es mucho dinero pero quizás es poco si te puede estropear todo. ¿Me la juego o no me la juego? Es una mancha en mi vida el que yo haya pagado una comisión. Esto es muy grave, el estar sentado aquí hay que superarlo mentalmente. En fin, lo pensamos y dijimos ¡nos tiramos a la piscina! Vamos a pagar comisión y pagamos comisión”.
En sus conclusiones, el abogado de De Miguel quiso neutralizar el efecto de esas confesiones y manifestó lo siguiente: “Las declaraciones heteroinculpatorias son sospechosas y han de ser valoradas por el tribunal con la debida cautela por la obviedad de que los coacusados no están sometidos a decir verdad. Les está permitido mentir. La sospecha se puede acrecentar cuando la declaración no tiene lugar en una etapa inicial. En nuestro caso esto se ha producido 8 años después de incoarse el proceso”. Sin embargo, el final del macrojuicio deparó otra nueva sorpresa, ya que tanto De Miguel como Tellería y Ochandiano quisieron usar su derecho a la última palabra en el juicio para pedir disculpas mientras insistían en su inocencia, una contradicción que no pasó inadvertida para muchos de los presentes. ¿Perdón a quién? ¿Por qué?
2018, además, ha traído otros casos a la primera línea de la actualidad vasca. Llegó en septiembre la sentencia del 'caso Margüello', en la que el exresponsable de Sanidad en Bizkaia fue condenado por prevaricación al haber beneficiado con contratos 'a dedo' a empresas de su amigo, el doctor José Carlos Margüello. También en el ámbito sanitario estalló el escándalo de las oposiciones presuntamente manipuladas, pendiente de las conclusiones de la investigación de la Fiscalía y que ya se ha llevado por delante a la exdirectora del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), María Jesús Múgica.
Siguen pendientes de resolver otros casos como el saqueo del museo Balenciaga o tres proyectos impulsados por el PNV y que fueron financiados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fruto de sus acuerdos presupuestarios con los nacionalistas: Epsilon, Hiriko y la planta de purines de Carranza.
