Poniendo al día el SMI

El salario mínimo tenía en 2016 un poder de compra un 4,5% inferior al que tuvo en 1980. En ese mismo período la productividad del trabajo creció un 60%. Cuando se comparan ambas evoluciones entre 1980 y 2016 se comprueba que los perceptores del SMI no participaron de la prosperidad del país durante esos 36 años. Precisamente para corregirlo, e impulsado por CCOO y UGT, en 2017 se inició un proceso de actualización del salario mínimo que tuvo su principal hito en 2019 con una subida del 22,3% hasta los 900 euros en 14 pagas y que actualmente se sitúa en 950 euros. Hace cinco años cobraban el SMI unos cientos de miles de personas trabajadoras. Ahora su revisión anual es el convenio colectivo más importante que suscriben las centrales sindicales con cerca de dos millones de personas beneficiarias.

A pesar de que poner al día el salario mínimo era una necesidad obvia a la vista de los datos anteriores, hubo una fuerte contestación por parte de algunos medios e instituciones que suelen hacer de la fiscalización de los pobres y los menos afortunados su leitmotiv. El FMI y la OCDE, sin embargo, con una visión más holística, sí la apoyaron. Recientemente el Banco de España ha empezado a entrar en este consenso con la publicación de un informe sobre los efectos de la subida de 2019 en el empleo, más equilibrado que otro previo y que puede contribuir al debate público. El banco ya no habla ahora de destrucción de puestos de trabajo sino de menor crecimiento del empleo y sobre este no facilita datos absolutos sino elasticidades, precisamente porque su estimación no está libre de importantes problemas metodológicos que los autores del informe señalan.

El banco apunta, asimismo, que son considerablemente más las personas trabajadoras beneficiadas por la subida, 1.570.000, que las afectadas por la ralentización del empleo y que, por tanto, un análisis completo del impacto de la subida debería tomar en consideración también aspectos relacionados con la equidad y el nivel de vida. De hecho, habría muchos más a considerar como la brecha de género, el consumo, la pobreza laboral y social, si quien gana o quien empeora sus expectativas con la subida aporta al hogar una renta principal o secundaria, etc. El informe tampoco aborda el efecto positivo esperado sobre el empleo a medio plazo, resultado del aumento de la masa salarial en 2.000 millones euros, según estimaciones del Gabinete Económico de CCOO, que generó la subida salarial del 22% a casi 1,6 millones de personas trabajadoras. Esta mejora de su poder de compra se trasformó en su práctica totalidad en demanda, dada la elevada propensión a consumir de los perceptores del salario mínimo.

El análisis del banco proporciona también una importante guía para revisiones futuras del SMI. Concluye que los efectos sobre la probabilidad de mantenerse en el empleo de la subida del 22% en 2019 fueron similares a los de una subida, apreciablemente inferior, del 8% en 2017. De hecho, los efectos son incluso menores en 2019 para el total de personas trabajadoras en el modelo mejor especificado, que tiene en cuenta la distancia del salario que se cobraba con el nuevo salario mínimo. Los autores justifican este resultado, en principio sorprendente, diciendo que el SMI todavía no ha alcanzado un nivel con respecto al salario mediano que pueda provocar distorsiones crecientes. Asimismo, las distorsiones estimadas por el informe en forma de elasticidad sobre el empleo neto total son muy bajas, del -0,03% al -0,05%. Esto no significa que el salario mínimo nunca pueda crecer sin generarlas. De hecho, lo que el banco está diciendo es que el salario mínimo aún no ha alcanzado su nivel de eficiencia, que el desarrollo de la Carta Social Europea suscrita por España establece en el 60% del salario mediano, ambos en términos netos de cotizaciones sociales e IRPF. Una vez alcanzado, el salario mínimo, al igual que el resto de los salarios, puede crecer anualmente al ritmo de la productividad sin generar distorsiones.

Merece la pena hacer una ligera reseña sobre los problemas metodológicos de las estimaciones incluidas en el informe. Para que el profano pueda dimensionarlos, el Gobierno ha tenido que nombrar una comisión de expertos para determinar cuál es el 60% del salario medio de cara a actualizar el SMI. Si calcular un porcentaje ha sido una tarea metodológica disputada, imagínense lo que es construir un modelo econométrico elaborado sobre una muestra extraída de bases de datos administrativas cuyo fin es la gestión de las cotizaciones o el cobro de impuestos y no el análisis estadístico de fenómenos laborales. Su principal problema es fácil de entender, pues el método intenta emular los ensayos para testar la eficacia de las vacunas Covid, con un grupo de tratamiento al que se inyecta la vacuna (en nuestro caso las personas afectadas por la subida del SMI) y otro similar de control que recibe un placebo (los no afectados por la subida, pero con una evolución laboral similar a la del grupo de tratamiento en ausencia de ella).

Desgraciadamente, la base de datos empleada no posibilita separar bien estos dos grupos, pues no permite descontar de los salarios los pagos extraordinarios, en especie o por complementos funcionales (nocturnidad, peligrosidad, turnicidad, etc.), que no forman parte del SMI. Esto provoca que trabajadoras y trabajadores que deberían estar en el grupo de tratamiento acaben en el de control, pues parece que cobran por encima del SMI cuando en realidad no es así y lo que ganan por encima se debe a complementos salariales o pagos por horas extras no incluidas en el salario mínimo. Este problema de identificación hace más inestable al grupo de tratamiento, pues sus efectivos más estables acaban equivocadamente en el de control y resultan efectos negativos sesgados al alza. Es como si en un ensayo clínico personas vacunadas se incluyeran por error en el grupo de control en lugar del de tratamiento. La vacuna resultaría menos eficaz de lo que en realidad es.

A pesar de todos estos problemas es muy importante hacer evaluaciones de impacto como la realizada por el Banco de España con mejores bases de datos, que habrá que generar en el futuro, y completarlas en el sentido que apunta el propio informe del banco mediante enfoques más globales. Ahora bien, la técnica permite tomar decisiones más informadas, pero, al menos en el caso de las ciencias sociales, no ofrece respuestas definitivas salvo en casos de sentido común. Hay un claro terreno para la política que la técnica no puede suplir sino solo acompañar.

Por último, el grado de civilización y desarrollo de una sociedad se mide por su consideración hacia las minorías vulnerables y sus miembros menos afortunados. Sin embargo, fiscalizar más a los de abajo que a los de arriba desde el Estado no ha sido una práctica extraña en España. Lo atestigua la evolución del salario mínimo entre 1980 y 2016, y más recientemente los sobre-requisitos exigidos para recibir el ingreso mínimo vital en medio, además, de una pandemia. Construir una sociedad más justa, cooperativa y productiva basada en el cuidado mutuo pasa por cambiar esta manera de entender las políticas públicas.