La batalla cultural machista y la crisis de credibilidad de Igualdad

No protege más a las mujeres un código penal más severo. No las protege tampoco un código penal menos severo. No hay una sola persona en España que crea que es mejor para una víctima que un violador tenga menos pena. Ninguna persona, que no sea un violador, prefiere que un agresor sexual tenga 4 años de prisión en vez de 6 años. Estas son aseveraciones que nadie que haga política puede ignorar, por eso es incomprensible la manera en la que el Ministerio de Igualdad y Podemos se han cerrado en banda no viendo lo obvio y arrastrando la credibilidad de Irene Montero hasta convertirla en un problema para el Gobierno de coalición y para el futuro de la construcción de la izquierda. Para ganar la batalla cultural hay que abandonar el castillo y combatir en campo abierto, algo que parecen haber ignorado quienes trajeron a Gramsci a la política española y no asumen que han perdido esta batalla al luchar contra una idea hegemónica como la de que no es posible ir contra un relato que ha consolidado que la ley del solo sí es sí ha provocado reducciones de penas de agresores y de violadores. 

La necesidad de un Ministerio de Igualdad fuerte es evidente. Ha quedado clara con la ofensiva contra los derechos reproductivos de las mujeres iniciada por la coalición PP y Vox en Castilla y León. Queda clara con cada ataque reaccionario. Pero cada error de Igualdad, cada enroque, cada huida hacia adelante, es un lastre en la credibilidad del ministerio que hasta el pasado mes de noviembre había hecho un trabajo intachable y ejemplar. El feminismo ganó pujanza y se hizo hegemónico en España por la lucha de las mujeres contra la reforma del aborto de Gallardón. El movimiento feminista apela a la memoria histórica para conocer el legado que le precedió y en la época contemporánea hay que recordar el proceso de contestación que sufrió el intento del PP de reformar la ley del aborto en sentido reaccionario para privar de derechos conquistados por la mujer en el año 2013. La ola feminista fue impulsada por el tren de la libertad el 1 de febrero de 2014. 

Las fechas son importantes porque imposibilitan el adanismo de creer que nada se hizo antes de que uno hiciera cosas. Podemos aún no había aparecido en el panorama político pero surgió al calor de todas esas movilizaciones, se alimentó de ellas y las sirvió en un ejercicio virtuoso del que parece haberse olvidado con el ensimismamiento de quien aspira solo a representar a un porcentaje de la población ya convencido. La eficacia en la estrategia comunicativa es imprescindible para hacer frente a la amenaza ultra y el acierto pasa también por reconocer los errores e identificar quiénes son los enemigos para no actuar contra quienes son parte de la defensa de los derechos de las mujeres. El trabajo en su defensa de un ministerio no puede paralizarse con el único fin de buscar enclaustrar a unos pocos seguidores que aseguren la pervivencia individual de unas cuantas carreras políticas. El Ministerio de Igualdad está inmerso en una grave crisis política que se ha llevado de la peor manera posible y que de forma indudable está afectando a su credibilidad y prestigio. 

El reconocimiento del error por parte de Podemos se produjo de forma soterrada con la orden dada en diciembre por Victoria Rosell de proteger con pulseras telemáticas a las víctimas de agresiones sexuales por la puesta en libertad prematura de sus agresores tras la puesta en marcha de la ley del solo sí es sí. Sorprende que en las mismas fechas el discurso fuera victimista y reactivo. Pegarse contra los hechos que han quedado fijados en la percepción pública es siempre una política nefasta que acaba arrinconando en una esquina improductiva hasta al más digno de los proyectos. Los hechos son incontestables, Irene Montero en la Comisión de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género del pasado 2 de noviembre hizo una afirmación rotunda: 

“Sobre la modificación de penas que ha sacado el Partido Popular con la intención de criminalizar los avances feministas. Sí, efectivamente, es propaganda machista, es propaganda machista, que es el recurso que les queda a los defensores de los agresores sexuales cuando se avanza en la protección de los derechos de las víctimas. Y cuando se avanza en nuestra sociedad hacia una cultura del consentimiento que ya no legitima, ni normaliza, ni blanquea las agresiones sexuales. Lo digo con toda claridad: es propaganda machista. Tanto la Fiscalía General del Estado como la jurisprudencia en nuestro país es clara respecto a que si las penas impuestas están dentro del nuevo rango de penas, de la nueva horquilla de penas que sale de la nueva ley, no cabe la revisión de penas. Es clara la jurisprudencia en torno a esto. Es verdad que todo condenado tiene derecho a pedir con la modificación de una ley una reducción de penas. Como vivimos en un contexto donde es más importante el titular que se saca para generar terror sexual y para volver a criminalizar la lucha feminista para poner en cuestión los avances feministas y para hacer dudar a las mujeres, ocurre lo que ocurre, salen muchos titulares escandalosos. Pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer, es propaganda machista”

Desde esa declaración al día de hoy se han producido más de 300 reducciones de condenas a agresores sexuales. Ahora la defensa desde Igualdad es que no son 334, sino unas pocas más de 100 porque no es lo mismo revisión que apelación. Aun así son 100 más de las que Irene Montero dijo que jamás se iban a producir. Una afirmación tan rotunda desmontada por los hechos merece menos soberbia, más humildad y la rectificación de una estrategia de confrontación total hacia quien discrepa de su manera de actuar. No ya hacia los ultras a los que nada bastará, sino hacia la ciudadanía. Pero sobre todo, por respeto a las víctimas de los agresores sexuales que se han revictimizado y observan con asombro una escasa empatía desde las instituciones que tienen que protegerlas, uniendo su dolor a la estrategia de la extrema derecha como si fuera todo un ente homogéneo. 

La soberbia adanista de quien ocupa cargos de responsabilidad trasciende las ideologías y ha anidado en la comunicación del Ministerio de Igualdad para hacer frente a una crisis política de enormes dimensiones que lleva asociada el peligro de llevarse por delante el que había sido hasta ahora, junto al Ministerio de Trabajo, el más avanzado en medidas progresistas y de ampliación de derechos. Por eso, por ese legado tan importante, sorprende por ciega la estrategia tan errática que están llevando a cabo en los últimos meses. Los argumentos para defenderse solo pueden ser aceptados por la masa acrítica, porque esgrimir que 300 reducciones de penas a violadores y agresores se deben a que existe una interpretación machista de la norma queda desmontado cuando los mismos jueces, con los mismos nombres y apellidos y DNI, han sentenciado reducciones de penas o el mantenimiento de las mismas aplicando la misma ley. El debate nunca ha sido que esta ley provocaría que todos los agresores y violadores verían reducidos su pena gracias al texto, sino que el texto provocaría irremisiblemente esas reducciones en algunos casos, una posibilidad que Irene Montero negó.

La sectarización de su espacio militante con mensajes de confrontación constante hacia todos aquellos que no siguen de forma acrítica el mensaje marcado de la cúpula orgánica, o paraorgánica, ha llevado a convertir en enemigo hasta a gente como Elizabeth Duval cuando la filósofa opina de manera diferente a lo marcado por la estrategia comunicativa de partido. La pasada semana en una intervención En Al Rojo Vivo, Duval expresó lo que consideraba un error en el fondo y las formas al respecto de las declaraciones de Ángela Rodríguez sobre la polémica de la reducción de penas a agresores y violadores. Expresar una opinión mesurada y racional, pero crítica, provocó que comenzara un ataque habitual por no hacer seguidismo de la línea marcada por los dirigentes de Podemos. Uno de los próximos colaboradores de Canal Red dejó claro que Elizabeth Duval tenía que eludir criticar a Podemos porque el Ministerio de Igualdad había aprobado la ley trans y en su condición de persona transexual les debía pleitesía. 

Andrei Zhdanov fue el ideólogo cultural estalinista y representa la nula tolerancia de cualquier matiz a la doctrina fijada. Su labor al frente de departamento de agitación y propaganda tenía como fin velar por la pureza del socialismo en el discurso, la música, la pintura, las artes o cualquier representación cultural que, según su criterio, no cumpliera con los preceptos necesarios del verdadero realismo socialista. Bajo esa premisa se consideró, por ejemplo, que las sinfonías de Dmitri Shostakóvich no eran lo demasiado socialistas. La fase cultural zhdanoviana en la que se ve inmersa la cúpula de Podemos, y por efecto de arrastre su militancia, ha provocado que cualquier mínima divergencia con los argumentarios de partido o las consignas mediáticas del órgano se conviertan en una traición fruto de una conspiración que atenta contra la izquierda, el feminismo o el progreso porque sus dirigentes encarnan y representan esos principios y quien lo niegue es enemigo.

Hay cada vez una distancia más notoria entre la cúpula de Podemos y la realidad y el humor social. Mucha gente está indignada y preocupada porque la reforma haya provocado rebajas de penas en agresores y violadores. Gente que puede incluso ser afín ideológicamente y que no tiene nada que ver con la extrema derecha. Esta polémica ha provocado un efecto perverso, que el punitivismo avance en la opinión pública cuando esta ley es buena no por las penas que propone, sino por las garantías de seguridad procesal y cuidados que otorga a las víctimas. Si el punitivismo avanza, por lógica inferida lo harán también aquellas opciones que consideran que la mejor política para proteger a las mujeres es incluir la pena de muerte para los agresores en vez de avanzar en laminar la estructura patriarcal que provoca esas agresiones. Esta ley va en la línea correcta, la empírica, pero el empeño en defenderse del ataque para salvar su propia credibilidad política en vez de defender la ley en su espíritu está provocando un efecto perverso en favor del punitivismo en la opinión pública. Han decidido defender sus posiciones en vez de recular y defender lo correcto para el colectivo. 

Las declaraciones de Ángela Rodríguez durante el transcurso de un podcast con miembros de su ministerio fueron otra cuña en la quiebra de la credibilidad del Ministerio de Igualdad. La intervención fue desafortunada, sin más. No parece motivo suficiente para que se convirtieran en un escándalo porque se entienden en un contexto de ironía y desenfado usando la hipérbole que la extrema derecha hace de una polémica real. Pero las polémicas no se eligen, ocurren, promovidas o de manera autónoma, y cuando suceden hay que ser inteligente al afrontarlas. Además, no se puede obviar que existe un sustrato cierto en esa magnificación, hay rebajas de condenas a agresores y violadores tras la puesta en marcha de la ley del “solo sí es sí” como ha habido con otras reformas del código penal. Por eso fue un error negarlo. Aceptar que no todo el que se siente indignado o dolido por esa circunstancia es un ultra es necesario para un gobierno que aspira a representar mayorías. La visión negativa sobre la crisis en Igualdad por la reforma penal es bastante más transversal de lo que expresan en sus comunicaciones, aunque desde su burbuja parecen no darse cuenta. La preocupación por las rebajas de penas a agresores sexuales se entiende perfectamente aplicando un mínimo de empatía. Menos cerrazón y más pedagogía. El hecho es que existe una percepción social de alta sensibilidad, por lo que es comprensible que la actitud de Angela Rodríguez haya podido molestar con sus declaraciones, igual que el posterior vídeo victimizándose e infantilizando a quienes consideraran inaceptables sus comentarios. Desde la secretaría de Estado se tiene que tener más cuidado para no hacer chanzas sobre un tema de alta sensibilidad. Más aún siendo consciente de que se está en el foco precisamente por ese tema.

La reacción inteligente habría sido disculparse nada más producirse la crisis de comunicación y no volver a victimizarse amparándose en una manipulación, que no es tal, porque las declaraciones existen y no hacen falta mediadores para que cada persona saque su conclusión sobre el tono y el fondo de lo que dice. Acusar de manipulación a cualquiera que piense que se ha equivocado es infantilizar a la población negándole la capacidad para pensar por sí misma. El simple hecho de que haya instituciones como la AMUVI (Asociación de Mujeres Violadas) que se haya sentido indignada por esas declaraciones debería haber servido para pararse a escuchar en el ministerio y dejar de achacar sus propios errores a que todo es una conspiración machista en su contra. Si una asociación de mujeres violadas se ha sentido indignada por unas declaraciones lo mínimo es revisarse el comportamiento y asumir que has podido equivocarte. La disculpa llegó después, tarde, después de haber despreciado el dolor durante toda una semana de quien no había comprendido la jocosidad en un tema en el que las heridas están abiertas, pero no las de cualquiera, sino la de las mujeres víctimas que tienen que proteger. Mientras tanto la reacción avanza, aprovecha ese enroque para ganar terreno y desprestigiar el buen trabajo hecho. 

La política que aspira a gobernar para tomar medidas no puede limitarse a afianzar a los ya convencidos, sino que tiene que intentar lograr el favor de sectores de la población no siempre afines a sus coordenadas ideológicas. Al menos eso es lo que siempre defendieron en Podemos cuando eran la fuerza dominante del espacio en la izquierda. Pablo Iglesias aseguró en la cadena SER que sería un error que el PSOE reformara junto al PP la ley del solo sí es sí para evitar que haya reducción de penas de agresores. Es una declaración política que el propio Iglesias no se cree, porque quien saldrá perjudicado es quien vote en contra de que se aumente la pena a agresores sexuales. Es una batalla perdida, pero el error es de tal calibre que pone en entredicho la labor integral de Podemos a la hora de gestionar y de Irene Montero en particular como su referente máximo. Pedro Sánchez ha sabido leer el clima social y la alarma provocada por la crisis de la reducción de condenas y le toca a Podemos asumir el coste y el desgaste. Han perdido. Es mejor que busquen la mejor manera de recomponerse. Podemos tiene que corregir su error porque ha convertido una buena ley, que sería igual de buena sin esa reducción de penas, en un desgaste político continuo por subrogar la comunicación de la crisis a los intereses y mandatos particulares de un agente mediático privado. El ciclo electoral que viene responde a la necesidad de consolidar políticas públicas avanzadas y de progreso que precisan ampliar mayorías y los sectores a los que dirigirse, por eso no se entiende que en una coyuntura como la que vivimos las decisiones en la cúpula de Podemos hayan ido en sentido inverso a la de generar un espacio de seducción. Enseñar e insistir. Convencer, no regañar.

Nota: No ha sido posible recabar la posición del Ministerio de Igualdad, de Irene Montero ni de Ángela Rodríguez a pesar de habérsele requerido en multitud de ocasiones para incluir su versión.