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Cospedal lleva al Congreso su propuesta para cambiar la ley y perpetuarse en el poder

El PSOE califica de "pucherazo" la pretensión de Cospedal de cambiar la ley electoral para reducir el número de diputados.

IU se quedaría fuera del Parlamento castellano-manchego tras el cambio legal, a pesar de que las encuestas les pronostican una representación segura con las actuales reglas del juego.

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Cospedal dice que "la época de los grandes ajustes ya ha terminado"

María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha.

La número dos del PP lleva al Congreso su propuesta de reforma del Estatuto que le permitirá sortear las encuestas y dibujar el territorio electoral a su antojo para evitar alternancia en el poder de esa comunidad. Los cambios planteados por Cospedal plantean reducir a 25 el número de diputados en el Parlamento castellano-manchego (ahora son 49). En el PP argumentan que la medida se justifica en el deseado ahorro presupuestario, pero se da la circunstancia de que Cospedal ya le ha quitado el sueldo a los diputados de su comunidad. La propuesta ha llegado al Congreso y está pendiente de la calificación de la Mesa para fijar la fecha de debate.

¿Qué efectos consigue Cospedal con su reforma? En primer lugar, IU pasaría de necesitar el 5% de los votos para obtener escaño en cualquiera de las provincias a precisar entre un 14% y un 18%. A todas luces, la propuesta de la número dos del PP aparta de facto a la coalición de izquierdas del arco parlamentario de esa comunidad.

Los efectos de la reforma de Cospedal no terminan ahí. Con los cambios previstos, el PSOE tendrá prácticamente imposible romper el empate en aquellas provincias en las que los escaños a elegir suman un número par. Dicho de otro modo: en las provincias favorables al PSOE, el PP se garantiza un empate al margen del resultado en las urnas.

Es paradigmático el ejemplo de Ciudad Real. Con el cambio aprobado en 2012, Cospedal ya se aseguró convertir en pares el número de escaños a elegir en esa provincia tradicionalmente favorable al PSOE. Esa reforma no obligó a tocar el estatuto pues apenas suponía la añadidura de 4 nuevos escaños en toda la comunidad autónoma.

Los cambios impulsados en 2012 por Cospedal se han quedado cortos para sus intereses electorales, lo que provoca la nueva reforma que obligará a reformar el estatuto. Con las actuales reglas del juego, al PSOE le basta con superar en un 7% los votos obtenidos por el PP para desbancarles en la provicia de Ciudad Real. De superar esa frontera porcentual, 7 escaños serían para los socialistas y 5 para el PP: las elecciones estarían claramente encaminadas a un cambio de poder. Sin embargo, con los nuevos cambios previstos, reduciendo de 12 a 6 el número de diputados a elegir, el partido que pretenda romper el empate deberá obtener un 20% más de votos que su inmediato rival: un escenario prácticamente imposible. 

La reforma anunciada por la presidenta castellano-manchega en el debate del estado de la autonomía de 2012 representa un cambio de timón con respecto a los primeros cambios impuestos por Cospedal. En 2012, el PP aumentó de 49 a 53 el número de diputados electos para incrementar la representación de las provincias de voto más favorable al PP. Ahora, sin embargo, las encuestas señalan que con aquella reforma Cospedal se quedó corta en sus intenciones de garantizarse una victoria fácil. La entrada en el Parlamento de IU se daba por segura y la recuperación del PSOE en uno de sus feudos tradicionales dibujaba la posibilidad de que la número dos de Rajoy en el PP se quedase sin gobierno. Por todo ello, Cospedal ha impulsado lo que PSOE e IU califican sin ambages como "un pucherazo electoral".

Para llevar adelante los cambios previstos, el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha visto en la obligación legal de reformar su Estatuto. Esta reforma está ya en el Congreso de los Diputados. Fuentes del PSOE consultadas por esta redacción confirman que, en caso de aprobarse, recurrirán la reforma ante el Tribunal Constitucional.

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