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Sánchez busca estirar su mandato con medidas sociales en Catalunya mientras apacigua a los barones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la última sesión de control del año.

Irene Castro

Pedro Sánchez busca estirar su mandato consciente de que un fracaso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 le señala el camino de las urnas. No hay planes para convocar elecciones y su gabinete sigue preparando la agenda a medio plazo: en marzo celebrará, según ha podido saber eldiario.es, un Consejo de Ministros en Alicante por el 80º aniversario del exilio republicano. Mientras las derechas de Ciudadanos y Partido Popular exigen la convocatoria urgente de elecciones anticipadas el presidente ha decidido resistir, una de las señas de identidad del personaje. 

Por eso Sánchez hace equilibrios entre convencer a los independentistas de que le apoyen las cuentas –y por tanto le den unos meses más en Moncloa– y mantener la línea dura que ha enfatizado después del batacazo en las elecciones andaluzas. Ese hundimiento ha llevado a varios barones socialistas a alzar la voz y desmarcarse del discurso del Gobierno. El líder socialista les ha ido llamando a Moncloa para apaciguar los ánimos. 

La debacle en Andalucía llevó al presidente a cambiar su estrategia con los independentistas marcando distancias a través de una primera medida: presentar los presupuestos en el Congreso, a pesar de que tres semanas antes lo había descartado para evitar una estrepitosa derrota parlamentaria. Ahora que se acerca la celebración del Consejo de Ministras en Barcelona, Sánchez va dejando caer sus intenciones por el otro flanco: la aprobación de medidas sociales en Catalunya para presionar a las fuerzas independentistas a respaldar las cuentas para 2019. 

Por eso Moncloa ha ido seleccionando las medidas que quiere promocionar desde Barcelona. Durante el debate sobre la situación en Catalunya la semana pasada en el Congreso, Sánchez hizo el primer anuncio estrella: la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros se aprobará en esa reunión. Esta es una decisión que normalmente se toma en la última del año.

“En Catalunya se revalorizarán las pensiones de un millón y medio de personas, se subirán las pensiones mínimas y no contributivas a más de 300.000 personas, se recuperará el subsidio por desempleo para más de 20.000 personas y los permisos de paternidad extendidos de cinco a ocho semanas para 36.000 catalanas y catalanes”, expresó el presidente en esa comparecencia.

El Gobierno busca presionar a ERC y PDeCAT para que apoyen los Presupuestos Generales del Estado para 2019 y da por hecho que si logra sortear la enmienda a la totalidad, lo conseguirá. Pero las fuerzas independentistas no están por la labor de respaldar las cuentas, que son el punto de inflexión para el adelanto electoral. En Moncloa están convencidos de que a ERC y PDeCAT no les viene bien la celebración anticipada de las generales. 

Sánchez ha aprovechado su presencia en el Senado para hacer otro anuncio en esa misma clave: la subida salarial del 2,25% a los funcionarios se aprobará en la capital catalana. Esa medida, que fue pactada por el Gobierno de Mariano Rajoy con los agentes sociales, afecta a más de 300.000 empleados públicos solo en Catalunya. En el conjunto de España, a 2,5 millones de personas. 

Una baza para Catalunya: no es lo mismo que Rajoy

“Lamento y mucho que consideren que el Consejo de Ministros en Barcelona es una provocación; no lo es –les ha dicho Sánchez a los independentistas durante su comparecencia en el Senado–. Sacar los consejos de Madrid es una prueba del profundo respeto que tenemos a la España autonómica y del cariño y del respeto y la admiración que profesamos a la sociedad catalana y a la ciudad de Barcelona. Tanto es así que vamos a llevar dos medidas muy importantes”, ha dicho en referencia al SMI y el salario de los funcionarios. 

Sánchez busca demostrar a los ciudadanos catalanes que su Gobierno no es igual que uno de los populares. “Durante siete años de Gobierno del PP lo que han hecho es que el independentismo se haya disparado como consecuencia de su actuación o de su no actuación en el Gobierno de España –ha expresado la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante la sesión de control–. Este Gobierno va a hacer un Consejo de Ministros en Barcelona, como lo hizo en Sevilla y como lo hará en todos los lugares donde sea procedente”. “Entiendo que les molesta que vamos a un Consejo de Ministros para subir el salario mínimo porque ustedes no lo hicieron”, le ha dicho Robles al PP. 

De ahí que el Gobierno vaya a tener también un gesto en materia económica con infraestructuras en la comunidad, a diferencia de la reunión en Andalucía, donde no se aprobó nada específico por encontrarse en campaña electoral aunque el Gobierno regó esa comunidad con cerca de 1.000 millones de euros la semana siguiente desde Madrid. “Catalunya tiene un déficit”, reconocen en Moncloa. “Vamos a desbloquear inversiones en materia de infraestructuras”, ha expresado Sánchez.

No serán todas las necesarias para cumplir con lo que establece el Estatut en su disposición adicional tercera, pero ahí el Gobierno aprovecha para lanzar el otro mensaje a las fuerzas independentistas: “Eso se producirá en el marco del debate presupuestario”. El Ejecutivo siempre insiste en que no tiene sentido que el Govern le reclame inversiones y luego le niegue la herramienta para sacarlas adelante, que son los presupuestos. 

Moncloa se abre a una 'minicumbre' con el Govern

En Moncloa sostienen que con los presupuestos que se presentarán en el Congreso en enero a Catalunya le iría mejor y culpan a la Administración de Rajoy de haber perjudicado a esa comunidad en lo que a inversiones se refiere. “Lo que defiende el Gobierno no tiene nada que ver con la posición respecto a Catalunya de hace ocho meses”, señalan fuentes gubernamentales: “Lo llamativo es que haya que explicarles a ellos esas diferencias, que las ven con nitidez. Otra cosa es que algunos vivan mejor contra Rajoy que con Pedro Sánchez”, agregan esas fuentes. 

El Ejecutivo sostiene que, a falta de que se reúna la Comisión de Secretarios y Subsecretarios de Estado este miércoles, que es la que establece el índice de asuntos para llevar a consideración y aprobación del Consejo de Ministras, esta reunión va a ser “importante” por los contenidos. 

Pero, además, enfatiza que para los ciudadanos catalanes ha de ser relevante la nueva sintonía del Ejecutivo central con la Generalitat frente a la “dejación” de Rajoy. Sánchez ha reiterado que pretende demostrar que gobierna para toda Catalunya y no solo para una parte, como a su juicio hacen los independentistas. Por eso para Moncloa se ha convertido en una prioridad que la reunión salga bien a efectos logísticos y tratar de apaciguar los ánimos en la calle, donde están anunciadas protestas durante la jornada del 21 de diciembre. 

Mientras que el Gobierno se había negado rotundamente a una reunión que fuera más allá de Sánchez y Quim Torra, ahora ha abierto la puerta a que pueda ser una minicumbre con la presencia de otros miembros de los ejecutivos. “No hay ningún problema con que nos podamos encontrar algún que otro miembro de ambos gobiernos porque lo que necesitamos en Catalunya es dialogar”, expresó Carmen Calvo este martes desautorizando a la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, que había zanjado el asunto el viernes: “El formato que avala el Gobierno es la reunión entre los dos presidentes y ninguna otra”. 

Calmar a los barones “en precampaña”

En Moncloa reconocen que la foto con Torra tampoco viene bien a Sánchez, pero quieren dar la imagen de “normalidad” en las relaciones que durante estos meses ha vendido el Gobierno. A los barones socialistas esa imagen les perjudica electoralmente y en las últimas semanas han alzado la voz desmarcándose del discurso del Gobierno. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el de Aragón, Javier Lambán, endurecieron el tono con respecto a los soberanistas al plantear incluso la ilegalización de los partidos independentistas. Pero no solo en esos temas han surgido las suspicacias, también declaraciones como la de Teresa Ribera contra la caza les han puesto en pie de guerra. 

La vicepresidenta ha atribuido esas críticas a la “precampaña” de los presidentes socialistas, que estaban replegados en los territorios tras la victoria de Sánchez en las primarias. Aún así, el presidente ha querido apaciguar los ánimos y ha programado reuniones con todos ellos. La semana pasada se vio en un almuerzo con todos los afines, que le reprocharon la falta de coordinación del Ejecutivo con los territorios. 

A los tradicionales 'críticos' con Sánchez les ha citado de manera individualizada. Lambán acudió la semana pasada a la Moncloa y este martes lo han hecho Ximo Puig y Guillermo Fernández Vara. Este miércoles asistirá Emiliano García-Page. No hay noticias sobre un encuentro con Susana Díaz, a quien Ferraz ha enseñado la puerta de salida si no es presidenta de Andalucía.

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