Un clima político irrespirable dentro y fuera del Congreso: la guerra total de las derechas para hacer caer al Gobierno

Escraches en casas de ministros, denuncias en los juzgados a los científicos que están luchando en primera línea contra el virus, ni agua al Gobierno en el Congreso... El país se enfrenta dividido a la peor pandemia del último siglo, que ya se ha llevado por delante a 30.000 personas y con unas consecuencias económicas imprevisibles. Las derechas de PP y Vox atizan a la coalición de la mañana a la noche y solo Inés Arrimadas desde Ciudadanos ha concedido partir el esquema de bloques alineándose con el Ejecutivo en algunas votaciones decisivas para el mantenimiento del Estado de Alarma. España necesitará unos presupuestos y una mínima estabilidad para afrontar lo que viene, el Gobierno de Sánchez tiene un apoyo parlamentario frágil y la oposición no quiere desperdiciar la oportunidad de hacerlo caer. El clima se ha vuelto irrespirable en la calle, en las redes sociales y de manera especial en las instituciones.

Vox no ha disimulado nunca. El partido de Abascal avisó desde el minuto 1 de la legislatura: no iba a dar tregua a un gobierno que califica como ilegítimo y llama dictadura socialcomunista. Con el estallido de la pandemia, la extrema derecha ha visto la oportunidad de agitar la calle, las redes sociales, las instituciones y hasta los tribunales contra el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien ahora añaden nuevos calificativos: plañidera sinvergüenza, meme neormarxista; Pedro, el sepulturero, entre otros graves insultos.

El PP de Pablo Casado, que ha visto como el partido de Abascal se ha quedado un tercio de sus diputados en el Congreso y amenazaba con seguir arrebatándole parte de su electorado más radical, ha decidido pelear en ese campo. Solo así puede entenderse que haya convertido en portavoz parlamentaria a la candidata de uno de los territorios que ha sacado peores resultados electorales: la polémica articulista Cayetana Álvarez de Toledo. Este mismo miércoles, la dirigente del PP respondió al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, quien antes había aludido a su condición de marquesa: “usted es el hijo de un terrorista”. Se refería a la militancia del padre del presidente en el FRAP durante el franquismo.

La salida de tono estaba escrita. Álvarez de Toledo la leyó y protestó cuando la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anunció que excluiría la expresión del diario de sesiones. La diputada por Barcelona, que se había negado a retirar ese término, repitió la acusación al día siguiente durante una conferencia organizada por la Fundación Libertad: “Él es hijo de un terrorista, porque su padre militó en una organización terrorista llamada el FRAP que actuó en los años 70 y que tiene 5 muertos asesinados. Alguien que milita en una organización terrorista es un terrorista. Es un hecho fáctico”.

Las sesiones de control han derivado en combates, la cortesía parlamentaria ha saltado por los aires y se agitan los eslóganes clásicos: desde Venezuela a ETA. En la última semana, incluso el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida –que había jugado a ser una suerte de voz de moderación en su partido durante la pandemia–, ha acusado a Podemos de ser el responsable del “encanallamiento” y del tono de la política, obviando la actitud de sus compañeros de partido.

Álvarez de Toledo no fue la única dirigente del PP que elevó el tono en una sesión marcada por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos de su puesto al frente de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, que generó una batería de preguntas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El líder del PP, Pablo Casado, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “manchar a la Guardia Civil” y llegó a compararle con el exdirector del cuerpo Luis Roldán, que fue condenado a 31 años por cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, estafa y delito contra la Hacienda Pública. Para Casado, el cese de Pérez de los Cobos fue una muestra más del “sometimiento” de las instituciones por parte del Gobierno y no dejó pasar la ocasión de echar en cara al Ejecutivo los 30.000 muertos que ha generado el coronavirus en España.

En la misma línea intervino en el Pleno el secretario general del PP, Teodoro García Egea, quien aprovechó una pregunta a Iglesias para acusar al Ejecutivo de “laminar” a cualquiera que no esté alineado con el Gobierno. García Egea también echó en cara al Gobierno el acuerdo con EH Bildu para derogar la reforma laboral, cargando sobre las espaldas de Sánchez el “millón de parados” que se ha registrado desde su investidura, en enero.

Estas palabras de Casado y García Egea van en consonancia con el tono que ha mantenido el principal partido de la oposición frente al Gobierno desde el debate para ampliar el estado de alarma de hace dos semanas. “Mentira” o “ineficacia” son algunas de las acusaciones que se han vertido desde el PP hacia el Gabinete de Sánchez.

La pasada semana, el acuerdo suscrito entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral sirvió a Casado para echar en cara a Sánchez los “susurros a los batasunos” o para acusarle de convertir “la excepción constitucional” del estado de alarma en “una subasta” con pujas “separatistas” y, de nuevo, “batasunas” para “acercar presos etarras”.

Aunque inicialmente el PP sí apoyó las dos primeras prórrogas del estado de alarma solicitadas por el Gobierno, en su pugna constante con Vox por el electorado más conservador y por la dureza en el mensaje contra el Gobierno, el partido de Casado ha pasado al 'no' en la última votación de la prórroga, que se sometió a debate la semana pasada, y ya ha anunciado que la rechazará si el Ejecutivo vuelve a solicitar una nueva prolongación de la excepcionalidad.

En esta nueva posición, Casado llegó a asegurar el lunes, en rueda de prensa, que es “evidente” que estamos en un Estado de “control absoluto” y criticó el “toque de queda”. “Jamás se había decretado, no sé si en la noche del 23F”, añadió.

Otro ejemplo que da muestra del nivel de tensión que vive la política española fue en la Comisión de Sanidad del Congreso del pasado 21 de mayo en la que compareció el ministro de Sanidad, Salvador Illa. El PP había registrado una batería de preguntas escritas para el secretario general de Salud Pública, que fueron respondidas con unas horas de retraso respecto al plazo establecido, lo que permitió al grupo popular pedir que se respondieran en la Comisión.

Este alto cargo del Ministerio no pudo acudir por haber sufrido una “indisposición”, como indicó Illa. Ante esta circunstancia, el ministro planteó esperar a la recuperación del alto cargo del Ministerio o, si el grupo popular insistía, dar respuesta él mismo. El PP optó por lo segundo y no fue hasta la sexta intervención de los populares cuando desde la formación de Casado se mandó un mensaje de deseo de recuperación para el director general.

Illa es la cara del Gobierno en la gestión de la pandemia y en los últimos meses han sido varias las veces en las que ha realizado un llamamiento a a la calma y rebajar el tono frente a la crispación que se respira en el Congreso.

En esa misma sesión de la Comisión de Sanidad, a preguntas de la diputada del PP Cuca Gamarra sobre la falta de previsión en la pandemia, Illa aseguró que su equipo le había pasado “unas declaraciones de una presidenta de una comunidad autónoma” de su partido del 26 de febrero. “No se las voy a leer por no hacer lo mismo que hacen ustedes”, aseguró el ministro. Y añadió: “El 26 de febrero decíamos cosas que no decimos ahora y que yo habría suscrito en aquel momento”.

Disputa por el voto de la derecha

La estrategia de tensión está dando resultados al PP, al menos en los sondeos, que estiman que está recuperando votos que se habían ido a la extrema derecha. En esas encuestas se apoya para recrudecer sus ataques al Gobierno.

De momento la calle es de Vox, que ha convocado las primeras marchas en coche para “echar a Sánchez” y espolea las caceroladas que se dan en determinados barrios de Madrid y algunas capitales de provincia. En la que más afluencia tuvo, el pasado sábado 23, el mismo Iván Espinosa de los Monteros, que venía reclamando con tono grave la proclamación del luto oficial, compareció exultante desde un autobús descapotable y comparó con la de la victoria de España en el Mundial de 2010.

La secretaria de su grupo parlamentario, Macarena Olona, acusó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska de arrastran “profundos traumas” y aseguró que tendría que salir “engrilletado”, después del cese del coronel Pérez de Los Cobos, supuestamente por negarse a enseñar al ministro un polémico informe que la juez que ha imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, había encargado a su comandancia.

La escalada de tensión no respeta ni siquiera la Comisión para la Reconstrucción, un órgano en el que de momento están sentados todos los partidos, para tratar de buscar soluciones a la crisis que viene. Esta semana compareció el vicepresidente Iglesias, a quien la diputada de la extrema derecha María de las Cabezas Ruiz Solás acusó de ser el responsable del “drama” de las residencias de ancianos, pese a no tener competencias sobre ellas. La parlamentaria de Vox aseguró que el Gobierno había “encerrado” a los mayores en esos centros que gestionan las comunidades autónomas no permitiéndoles ir a los hospitales.

Esta vez, el vicepresidente, que había mantenido un perfil institucional durante toda la crisis alejado de sus anteriores discursos, optó por responder. Aseguró que al partido de extrema derecha le “gustaría” dar un golpe de Estado pero “no se atreve”. Espinosa de los Monteros se levantó airado y dejó la comisión mientras el vicepresidente le pedía: “Cierre al salir”. El viernes, Iglesias trató de corregir su reacción, a su manera: “dije la verdad pero me equivoqué”. “Al caer en una provocación quité el foco de lo que se debatía en esa Comisión”, señaló.

No quedó ahí la tensión en la Comisión para la Reconstrucción. Esa misma tarde, durante la comparecencia de la vicepresidenta Nadia Calviño, la diputada de Vox Inés María Cañizares, se refirió a la ministra de economía como “dique de contención frente a los pirómanos comunistas”. Esto levantó la airada protesta del vicepresidente de la comisión, el secretario general del PCE, Enrique Santiago, quien tildó de “muy grave” la intervención. El presidente de la comisión, Patxi López, reprendió a Santiago por sus formas.

Ante la algarada más o menos continua de PP y Vox, la oposición por el centro la monopoliza Ciudadanos. Edmundo Bal, su representante en el Congreso ante la ausencia de Inés Arrimadas que acaba de dar a luz, se ha movido desde el tono conciliador del debate del estado de alarma en el que su partido apoyó al Gobierno, a las duras críticas en la sesión de control de esta semana. Bal acusó a Marlaska de “indignidad” al anunciar la equiparación salarial tras el cese de Pérez de los Cobos. La próxima semana volverá a preguntar al ministro.

El PSOE ha mantenido un doble perfil. Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, practica su política de mano tendida en el atril y en las comparecencias televisadas, algunos de sus dirigentes han optado por responder a los ataques.

Adriana Lastra, portavoz del PSOE, usó durante el último debate para ampliar el estado de alarma un discurso duro contra el PP tras haber pedido su apoyo a la medida.

“Cada vez están más solos”, espetó a Casado. “Si no quieren colaborar, al menos no boicoteen”, añadió. Además, acusó al PP de querer “libertad para contagiar” con las protestas en el barrio de Salamanca, un argumento que han repetido algunos dirigentes socialistas en las últimas semanas.

La tensión entre los dos principales partidos se pudo ver durante este discurso cuando el diputado del PP José Ignacio Echániz gritó algo desde su escaño que fue respondido por Lastra con un “¿me estás amenazando?”.

Dentro del PSOE, el también diputado Rafael Simancas, levantó polémica al ser preguntado en una entrevista por la alta tasa de letalidad en España del virus y responder que es porque “España tiene a la Comunidad de Madrid”. Por parte de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha tratado de mantener un tono más mesurado en la tribuna, pero desde las redes sociales ha protagonizado salidas de tono. En el debate sobre los escraches al ministro Ábalos, a Iglesias y Montero, el portavoz del grupo confederal justificó los que hizo la “gente humilde” contra el Gobierno del PP, frente a los que protagonizan ahora los “pijos pudientes”.

A la tensión del debate político a nivel nacional también se ha sumado el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso se ha erigido en punta de lanza de la estrategia del PP contra Sánchez. El acuerdo con Bildu para que se abstuviese en la prórroga de la alerta le llevó a decir sobre la coalición que “pacta con la ETA”.

Y desde fuera la Fundación FAES, de José María Aznar, alienta la bronca con comunicados semanales. El último trata de tranquilizar a Cayetana Álvarez de Toledo por los ataques al padre de Iglesias apelando a su inmunidad parlamentaria, que le blinda de posibles responsabilidades penales. Sus informes, los de FAES, han arremetido contra la “radical excentricidad” del Gobierno de la “izquierda asilvestrada y derrotada por la historia”. Y también lanzan avisos a Arrimadas para que no apoye en nada al Ejecutivo de Sánchez.

También desde fuera de las instituciones, supuestos colectivos o asociaciones de las que no se tenía noticia, tratan de judicializar la gestión de la pandemia. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, está imputado por prevaricación, después de que un particular lo denunciase por autorizar las marchas del 8m, a sabiendas supuestamente de los riesgos que conllevaba. Su acusación se fundamenta sobre un polémico informe de la Guardia Civil, repleto de falsedades, medidas verdades y documentos públicos mutilados.

Y el siguiente objetivo es el científico que ha sido la cara de la gestión de la crisis, contra el que también se han presentado querellas en distintos juzgados.

Información con vídeos de Alejandro Navarro y Nando Ochando.