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El goteo de decisiones autonómicas y la presión de la oposición precipitaron la declaración del estado de alarma

Ayuso habló por teléfono con Sánchez pero no le aclaró si tomará mañana medidas respecto a Madrid

La espita la abrió Euskadi con el el cierre de la red escolar en Vitoria, siguió Madrid con el de sus colegios y universidades y después Catalunya con el confinamiento de 70.000 personas –que a última hora de la tarde se extendió a toda la Comunidad– y la  prohibición a los vecinos de salir de la zona al menos durante 14 días… La máxima expresión de la España de las Autonomías ante la mayor crisis sanitaria vivida en democracia. Con sus virtudes y sus defectos.

El Gobierno declara el estado de alarma

El Gobierno declara el estado de alarma

El debate está abierto aunque no sea el momento más oportuno para abordarlo. La derivada subyace tras la gestión de un trance cuyas consecuencias sanitarias, socioeconómicas y laborales son aún de incalculables consecuencias, y no todos los responsables políticos parece que hayan estado a la altura de las circunstancias. Unos por exceso y otros por defecto. Pero ha faltado, en ocasiones, la obligada coordinación entre administraciones, si bien desde La Moncloa se trata de rebajar toda tensión con los gobiernos autonómicos y anteponer a cualquier otro asunto la protección de la salud pública. 

El caso es que la solemne comparecencia de Pedro Sánchez con la que anunció la declaración del estado de alarma sin concretar el alcance de la decisión ni detallar ninguna de las medidas que entrarán en vigor en buena parte tiene que ver con ello, con la proliferación en la toma de decisiones adoptadas por los Gobiernos autonómicos y la presión de una oposición que, lejos de aportar ideas o soluciones, no ha perdido ocasión de convertir la crisis en munición contra el adversario político. 

Para cuando el presidente compareció ante los españoles al filo de las tres de la tarde de este viernes y anunció un Consejo de Ministros extraordinario que declarará el estado de alarma a partir de este sábado, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ya había pedido 24 horas antes que se activara el artículo 116 de la Constitución y el del PP, Pablo Casado, ya había acusado al presidente de “actuar tarde” y de forma “irresponsable”. Todo, en medio de un goteo de medidas adoptadas por distintas Comunidades Autónomas, que en la última semana han provocado incertidumbre, miedo e histeria entre los españoles, además del colapso de muchos de los servicios de emergencia desplegados por el territorio nacional.

La decisión en todo caso de anunciar el estado de alarma para los próximos quince días sin imponer en el mismo momento las medidas ha contribuido a más desconcierto y más caos en un momento en el que Catalunya, Madrid, Euskadi, Andalucía, Murcia y otros muchos gobiernos autonómicos ya habían anunciado sus propias medidas, y no todas consensuadas con La Moncloa. La consecuencia ha sido en unos casos la estampida de ciudadanos saliendo de sus ciudades hacia las segundas residencias –como ocurrió ya en Italia cuando se anunció el aislamiento del norte del país– y en otros, las interminables colas en los supermercados.

La Moncloa atribuye la estrategia a una política de comunicación que en situaciones de crisis “obliga a trasladar un único mensaje limpio” a la ciudadanía, como el emitido por el presidente: “El heroísmo consiste también en lavarse las manos, en quedarse en casa y en protegerse uno mismo para proteger al conjunto de la ciudadanía”.

División sobre las medidas económicas

Y, al evidente desasosiego social se une además la división en el seno del Gobierno sobre el alcance de las medidas económicas a adoptar de forma inmediata. eldiario.es ha podido saber que el Consejo de Ministros se divide en este momento entre quienes están por la aplicación de medidas que actúen de escudo social para proteger la capacidad adquisitiva de los ciudadanos y la liquidez de las pymes y quienes desde los ministerios de Hacienda y Economía están a la defensiva ante políticas meramente keynesianas que desboquen la senda de déficit.

En las últimas horas se ha llegado a discutir sobre la conveniencia de aprobar incluso una oferta de empleo público urgente para la contratación de 30.000 personas, a modo de ejército social, que cubra las necesidades básicas de la población más vulnerable al coronavirus que requiere de un aislamiento total para no ser infectada. Hay debate también con algunas de las medidas que el Ministerio de Trabajo ha puesto sobre la mesa para paliar los estragos en el empleo y, sobre todo, evitar los despidos masivos que ya se están planteando en algunas empresas.

Este sábado, tras el Consejo, se detallarán las medidas que incluye el estado de alarma y que, según la ley orgánica de 1 de junio de 1981, pueden quedar bajo las órdenes de un mando único “todas las Autoridades civiles de la Administración Pública del territorio afectado por la declaración, los integrantes de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas (...)”. 

La cadena de medidas que puede decretarse este sábado están recogidas en el artículo 11 de la citada ley y pueden incluir la limitación y circulación de personas o vehículos en horas y lugares determinados, requisas temporales de todo tipo de bienes, prestaciones personales obligatorias o la intervención y ocupación transitoria de industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados. Del mismo modo, se podrá limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad o impartir las órdenes para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción.

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