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Dina Bousselham justifica ante el juez que Pablo Iglesias tardara en devolverle la tarjeta e insiste en que no la perjudicó

La exasesora de Podemos Dina Bousselham (izq.). EFE/Luca Piergiovanni/Archivo

Pedro Águeda

17 de febrero de 2021 18:21 h

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Dina Bousselham, antigua colaboradora de Pablo Iglesias, ha recurrido las últimas diligencias ordenadas a la Policía por el juez Manuel García-Castellón insistiendo en que no se vio perjudicada por la actuación del líder de Podemos y mostrando su comprensión a que no le devolviera “de forma inmediata” la tarjeta del móvil que previamente le habían sustraído y que fue entregada al político por parte de los responsables del Grupo Zeta. “Es obvio que no es su intención dirigir acción alguna contra él (Iglesias), ni penal, ni de ningún tipo, dada la situación en la que le fue entregada la tarjeta al señor Iglesias”, reza el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es.

La actual directora de la ultimarahora.com vuelve a pedir al juez que la cite a declarar para trasladarle éste y otros extremos. “Entiende la señora Bousselham que la entrega de su tarjeta por el señor Iglesias no se efectuara de forma inmediata, dada la confidencialidad en la que fue recibida, y habida cuenta de sus obligaciones públicas y electorales en aquellas fechas. El señor Iglesias le entregó de forma voluntaria la tarjeta a doña Dina una vez fue publicado su contenido en los medios de comunicación, recibiendo la tarjeta en el mes de julio de 2016. Y si bien pudo acceder a su contenido una primera vez, posteriormente la tarjeta no funcionaba”, asegura su representación letrada.

En el mismo sentido del escrito remitido al juez meses antes de que Garcia-Castellón decidiera elevar exposición razonada al Supremo, la representante de Bousselham afirma: “La amistad que más allá de la relación laboral o política mantiene con el señor Iglesias durante estos últimos años y entendió, sin pedir explicación alguna al respecto, que aquel guardase la tarjeta hasta su entrega, como así declaró ya ante su señoría en su día dada la forma que se había obtenido, sin ocultación alguna, y que, en torno a la publicación de los datos por Okdiario, se la entregara”.

Iglesias ha asegurado que tardó seis meses en devolverle la tarjeta desde que la recibió de manos de Interviú porque quería proteger a Bousselham, por entonces afectada por las publicaciones falsas que apuntaban a una relación con el líder de Podemos. El vicepresidente segundo del Gobierno ha dicho también que cuando Okdiario comenzó a publicar su contenido entendió que esa protección era imposible y que fue cuando le devolvió el dispositivo a su dueña.

La abogada de Bousselham justifica que Iglesias “entrara en conocimiento de los archivos de la tarjeta” porque, asegura, “gran parte del contenido” del teléfono móvil de su representada “procedía de su trabajo en la organización y dada la confianza existente entre ambos”. “Asimismo, el terminal móvil disponía de fotografías e información personal e incluso bancaria del propio señor Iglesias. Y si bien el teléfono móvil no era propiedad del partido, ni le fue asignado por el mismo, lo cierto es que se usaba indistintamente para su labor profesional, como en el ámbito personal”, añade.

Bousselham no se opone a la reapertura del caso ordenada por el Tribunal Supremo, pero recurre la orden del juez a la Policía para que vuelva a informar sobre el posible acceso al contenido de la tarjeta. El escrito reitera lo concluido por la Policía en su momento así como por la empresa galesa que intentó recuperar el contenido del dispositivo, en el sentido de que “posteriormente” a que Iglesias le devolviera a Bousselham la tarjeta, ésta “fue dañada con un puntero láser (en la citada empresa), tal y como ha quedado acreditado en las presentes diligencias”. “Esta parte no alcanza a comprender la diligencia de investigación consistente en una nueva pericia que determine lo que ya ha aclarado la Policía científica”, añade la abogada.

Al mismo tiempo, Bousselham pone de manifiesto que el juez García-Castellón no ha ordenado diligencia alguna para esclarecer el robo de su teléfono móvil en noviembre de 2015 ni la afirmación del comisario Villarejo, en cuya casa apareció una copia de la tarjeta, de que se la entregó al director adjunto operativo de la Policía en ese momento, Eugenio Pino, máximo responsable de la brigada política.

“El instructor no cesa en su empeño de inculpar a mi representada y al señor Iglesias en la presunta comisión de ilícitos, cuando son las víctimas perjudicadas hasta la fecha de las actuaciones ilícitas que presuntamente habría realizado el señor Villarejo, en relación al descubrimiento, revelación y difusión a los medios de comunicación del material contenido en el terminal móvil robado de mi representada”, recoge el escrito.

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