Las dos familias políticas del Instituto Cervantes se enfrentan en los juzgados
El pasado 15 de septiembre declararon en los juzgados de Plaza Castilla Rafael Rodríguez-Ponga y Miguel Spottorno, ambos en calidad de investigados. El primero es el secretario general del Instituto Cervantes y el segundo su jefe de Gabinete. Tenían que responder a la acusación de denuncia falsa por parte de Eusebio Ayensa y Adrián Bautista, dos ex altos cargos del Cervantes que perdieron su empleo tras una querella por prevaricación por parte de los primeros. Ayensa y Bautista ocuparon cargos de responsabilidad en distintas sedes con gobiernos del PSOE, mientras que Rodríguez-Ponga y Spottorno llegaron a la dirección del Cervantes de la mano del PP. Los juzgados están siendo el campo de batalla entre las dos familias políticas que han dominado durante los últimos años el organismo dedicado a promover el estudio del español.
El Instituto Cervantes depende del Ejecutivo y sus cargos han sido tradicionalmente puestos a dedo. Las fechas de nombramiento y cese de sus directores coinciden en muchas ocasiones con los años en los que hay elecciones generales. El actual director, Víctor García de la Concha, fue nombrado por el Gobierno dos meses después de los comicios de 2011. Rodríguez-Ponga, que ha sido alto cargo con el PP, diputado en el Congreso y miembro de la dirección nacional del partido, llegó al puesto unos meses después, al igual que Miguel Spottorno, primo de Rafael, quien fuera jefe de la Casa del Rey.
Los presupuestos de este organismo se nutren de las aportaciones del Gobierno, que se redujeron en 2013 en el marco de los recortes de gasto aprobados por el PP. Aquí está el origen del caso. La menor aportación de dinero por parte del Estado obligó a los nuevos gestores a buscar partidas para recortar. Una de las más importantes es el alquiler de las distintas sedes que el Instituto Cervantes tiene repartidas por 90 ciudades de todo el mundo.
En la revisión de esos contratos para ver en qué medida podían ser renegociados, los gestores del Cervantes advirtieron ciertas irregularidades en el alquiler de la sede en Atenas. Sus responsables habían alquilado y reformado un edificio en la capital griega, y habían hecho numerosas modificaciones del contrato durante varios años. Una de esas modificaciones aparecía en el contrato redactado en griego, pero no en el escrito en castellano que fue entregado a la sede central del Instituto. Consistía en un arreglo firmado en 2009 para pagar a medias el incremento del precio de las obras de acondicionamiento. El casero devolvía a los inquilinos mensualidades por unos 400.000 euros -que se habían pagado antes de ocupar el edificio- y el Cervantes usaba ese dinero para abonar el incremento de las obras. Así quedaban en paz.
En la época en la que ocurrieron los hechos, Eusebi Ayensa era el director del Instituto Cervantes en Atenas y Adrián Bautista era el administrador. Los nuevos responsables del Cervantes en Madrid interpretaron que ambos habían ocultado intencionadamente esa modificación del contrato del alquiler, y que lo habían hecho porque estaba pensada para hacer un favor al casero, que se ahorraba impuestos gracias al arreglo. A Ayensa le cesaron como director del Instituto en Fráncfort, a donde había llegado desde Atenas, y abrieron expediente a Bautista, entonces en la sede de París, al que también acabaron despidiendo. Además, interpusieron contra ellos una denuncia por falsedad documental y prevaricación en la que pedían para cada uno cinco años de cárcel, ocho años de inhabilitación y 30.000 euros de multa. La querella estaba firmada por Spottorno, mano derecha de Rodríguez-Ponga.
Pero la vía judicial contra los responsables del Cervantes en Atenas no prosperó. La denuncia fue rechazada primero por la Audiencia Nacional y luego por el Tribunal Supremo, que no vieron indicios de delito en lo que consideraron una compensación de deudas que no alteraba el contenido esencial del contrato. No vieron tampoco delito de prevaricación y rechazaron “un ocultación maliciosa” de los documentos. No había nada, y por tanto los tribunales archivaron la querella de Rodríguez-Ponga y Spottorno, y el recurso de casación que habían impulsado la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que defendía los intereses del Cervantes.
Ahora la historia se repite, pero con los roles de los protagonistas cambiados. Ayensa y Bautista han respondido con una denuncia por un delito de acusación y denuncia falsa, penado con hasta dos años de cárcel. En la querella que investiga el Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid, los denunciantes hacen un relato de los hechos en el que critican que los responsables del Cervantes no les pidiesen toda la documentación cuando vieron que faltaban algunos puntos -se la pidieron directamente al casero del edificio- y acusan a Rodríguez-Ponga y Spottorno de manipular el acta de un encuentro en el que, supuestamente, habrían admitido que el arreglo del contrato tenía como objetivo hacer un favor al dueño del inmueble.
“Purgas ideológicas” tras la victoria del PP en 2011
Ayensa y Bautista se consideran “chivos expiatorios” de una maniobra que buscaba “el cuestionamiento de la gestión del PSOE”. En conversación con eldiario.es, Bautista habla claramente de que tras la primera denuncia hay “un motivo político evidente, una especie de linchamiento por no ser afines al PP”. “Partimos de que la denuncia inicial es un montaje”, explica Ayensa, “un montaje para convertir un error administrativo en un delito penal”.
Critican, por ejemplo, que no se consultase a la anterior directora, Carmen Caffarel, y adjuntan un correo electrónico suyo en el que habla de “purgas ideológicas” y de un intento de “destruir cualquier vestigio de la etapa anterior”. Los demandantes quieren que declare si finalmente se celebra un juicio.
Caffarel, nombrada en su momento por el PSOE, no ha sido la única en hablar de represalias ideológicas. El catedrático Javier Pérez Bazo, ligado también al PSOE y que fue director del Instituto Cervantes en Budapest, ha cargado en diversas ocasiones contra la labor de los nuevos gestores aupados por el PP. “Nunca antes se había ejecutado un cambio masivo de directores de centros por represalias, ni tampoco un tamaño oprobio para la institución”, escribió en un artículo en 2014, en el que también habla de “purga ideológica”.
Esa expresión se empezó a escuchar a finales de 2012, cuando comenzaron los cambios de los directores de Cervantes nombrados por el PSOE para sacar sus plazas a concurso. Los de Roma y Recife (Brasil) denunciaron que ellos y una decena de responsables de otros centros fueron despedidos en una “purga ideológica” tras la que se colocó a personas afines a la nueva dirección. Ayensa reitera que el objetivo de la denuncia no era tanto ir contra ellos, sino iniciar “un ataque contra Caffarel” que desprestigiase la labor de los socialistas al frente de la institución. “Yo no he militado en ningún partido, me nombró el PSOE pero yo no tenía un cargo político”, añade.
Durante el proceso judicial que abrió la Audiencia Nacional y en la querella presentada ahora, Ayensa y Bautista siempre han defendido que todo fue legal, y que el acuerdo con el dueño del edificio estaba avalado por el abogado del Instituto en Atenas. No enviaron el contrato a Madrid, defienden, porque tenían la autorización de la entonces directora del Cervantes y de su jefe de Gabinete. Su abogado niega en la denuncia que el arreglo tuviese como objetivo hacer un favor al casero, sino que obedece a que temían una demanda por impago.
Una rectificación pública
La denuncia les acarreó un fuerte desprestigio profesional, que ha tenido consecuencias personales. Es lo que alegan Ayensa y Bautista para reclamar una indemnización de más de 100.000 euros el primero, y 74.000 el segundo. Los actuales gestores del Cervantes difundieron las acciones que habían emprendido contra ellos a través de la red interna del Instituto, pero también en los medios de comunicación. Ayensa recurrió su despido, pero no consiguió que le readmitieran. Bautista denunció al Cervantes por despido improcedente y en su caso logró que la justicia obligase al Instituto a readmitirlo, algo que todavía no ha ocurrido, entre otras cosas, porque su plaza en París se cubrió antes de que resolviesen los tribunales.
Entre Ayensa y Bautista hay una diferencia importante en todo este asunto: el segundo no firmó ningún documento de los que dieron lugar a la primera denuncia. “No pude cometer delito porque mi puesto no me permitía firmar documentos públicos”, argumenta. Contra los dos se deslizó la idea de que en el arreglo se habían quedado con dinero. Bautista habla de “perjuicios irreparables”, y Ayensa de una “persecución” que ha manchado su nombre y su reputación profesional.
Ambos quieren que la dirección del Cervantes haga “una rectificación pública” que todavía no se ha producido. “No quiero que quede rastro en internet de que he sido denunciado por unos delitos que no he cometido”, dice Ayensa. “Espero que al menos reconozcan el perjuicio que nos han ocasionado, una rectificación que compense todo este daño a nuestro nombre y a nuestro honor”, complementa Bautista.
La única versión de Rodríguez-Ponga y Spottorno sobre este asunto es la que relataron ante el juez, porque el Instituto Cervantes no ha atendido a los requerimientos de este diario para hablar con ellos. En esa declaración del pasado 15 de septiembre, Rodríguez-Ponga y Spottorno se manifestaron casi en los mismo términos. Asistidos por un abogado del Estado, ambos negaron “animadversión” hacia Ayensa y Bautista, ni “ánimo de persecución”. Decidieron empezar a indagar tras advertir irregularidades en el contrato de alquiler de la sede de Atenas, y llevaron los indicios de delito ante los tribunales por recomendación de la Abogacía del Estado, argumentan.
El juez les creyó. Ha dictado el archivo de la causa basándose únicamente en su declaración, antes de esperar a otras diligencias que había ordenado, como que se le entregase en expediente que se abrió contra Bautista y que acabó con su despido irregular. El juez Enrique de la Hoz cree que no hubo caza de brujas porque la iniciativa de la denuncia partió de la Abogacía del Estado. No advierte delito, pero sí reconoce “el pesar y preocupación padecida por los querellantes”.
Para Ayensa y Bautista no es suficiente con el reconocimiento verbal de los perjuicios que padecieron, y por eso han decidido que interpondrán un recurso contra la decisión del juez. No ocultan su sorpresa porque el magistrado haya archivado su denuncia dando validez a la versión de los denunciados y “sin hacer la más mínima investigación”.
