“Fernández Díaz ha condecorado vírgenes, pero el PP no ha afrontado los problemas reales de los guardias civiles”

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) quiere que una “marea de tricornios” inunde el 14 de noviembre las calles de Madrid para denunciar que los agentes trabajan en precarias condiciones y que sus escasos derechos se han visto aun más mermados con el Partido Popular en el poder. Pero la Delegación del Gobierno ha prohibido la marcha con el argumento de que los guardias civiles tienen prohibido participar en actos reivindicativos. AUGC ha recurrido y la última palabra la tiene el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). “Si es necesario, celebraremos un acto en un espacio cerrado porque ya tenemos la asistencia confirmada de miles de personas”, asegura el secretario general de la asociación, Alberto Moya, en una entrevista con eldiario.es.

¿Qué valoración hacen de la legislatura del Gobierno?

Nefasta, los derechos de los guardias civiles han sufrido un retroceso. No se han llevado a cabo las mejoras, los avances y la modernización necesaria. El ministro del Interior (Jorge Fernández Díaz) se ha dedicado a bendecir cuarteles, a condecorar vírgenes y no ha afrontado los problemas reales de la Guardia Civil. Ni siquiera ha pasado por el Consejo (el órgano de representación del Instituto Armado), teniendo en cuenta que es su presidente: no quiere escuchar a las asociaciones.

¿Qué derechos han visto mermados durante esta legislatura?

Hemos perdido el derecho de manifestación porque el rodillo parlamentario del PP, con su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, ha modificado el régimen disciplinario de la Guardia Civil. Ahora no podemos manifestarnos en la calle con carácter reivindicativo, ya me dirá usted qué manifestación no tiene carácter reivindicativo. Por otro lado, el derecho de asociación profesional se ha relegado a una figura decorativa, ahora mismo somos floreros porque el Consejo de la Guardia Civil no está funcionando como órgano de interlocución entre la Administración y las asociaciones.

Al no poder plantear reivindicaciones en la manifestación, si definitivamente el TSJM autoriza la concentración, ¿cómo van a protestar?

Tenemos que conseguir trasladarle a la sociedad lo que está ocurriendo dentro de la Guardia Civil, pero sin pedir mejoras. Vamos a tener una actitud informativa. Vamos a salir a la calle y no vamos a tratar temas reivindicativos, no vamos a pedir mejoras laborales ni salariales ni de derechos... Nos vamos a limitar a explicar a los ciudadanos lo que el Gobierno del PP ha hecho y cómo está la Guardia Civil.

La Delegación de Gobierno de Madrid no ha autorizado la protesta al considerar que tiene “una clara naturaleza sindical y política”, ¿qué opinan de esta argumentación?

Consideramos que es absurda. Nos dicen que estamos planteando un conflicto colectivo y que eso es competencia exclusiva de los sindicatos y añaden que, por lo tanto, nosotros no podemos organizar una concentración. Esta respuesta forma parte de la obsesión que tiene el Gobierno de aislar a la Guardia Civil de la sociedad. Por eso nos planteamos qué pasa cuando las asociaciones de víctimas del terrorismo se manifiestan en la calle, ¿ellas también están haciendo una actividad sindical?

Han presentado un recurso ante el TSJM para que autorice la manifestación. La vista se celebró este jueves, ¿qué han alegado en esa comparecencia?

Pedimos que nos dejen manifestarnos en base a una sentencia del mismo tribunal dictada en el año 2010. Ese año ocurrió exactamente lo mismo, nos manifestamos por unas circunstancia muy parecidas a las de ahora. La Delegación del Gobierno también la prohibió y el TSJM dictaminó que los guardias civiles pueden reivindicar sus derechos porque no son agentes las 24 horas del día. Cuando acuden a una manifestación están ejerciendo un derecho como ciudadanos. En esa decisión aludían a un resolución del Defensor del Pueblo que indicaba que la Guardia Civil no es un sacerdocio, no somos curas.

Denuncian la precariedad del material que utilizan, ¿en qué condiciones salen a trabajar?

Las condiciones son muy precarias. Ni siquiera hay dotación individual de chalecos antibalas. Puede haber dos o tres en cada unidad para repartir entre ocho o diez compañeros. Hay vehículos que tienen más de 300.000 kilómetros y se sigue haciendo servicio con ellos porque el parque automovilístico no se está renovando, la prevención de riesgos laborales es una cuestión extraña en la Guardia Civil. Nuestra seguridad laboral es mínima.

¿Se ha adaptado la formación que reciben a los nuevos tiempos?

La formación que recibimos es solo militar. En las academias se nos adiestra, se nos enseña a desfilar, se nos enseña a usar las armas de guerra, pero no se nos da una formación policial de cara ayudar en la sociedad.

¿Cuentan con formación suficiente para atender a las víctimas de violencia de género o de delitos de odio?

No, en absoluto. No solo no hay formación, ni siquiera hay unidades preparadas para hacer frente a estos nuevos delitos que están surgiendo. Se está trabajando con la misma gente que estaba antes, el personal que está en seguridad ciudadana -que está patrullando- tiene que improvisar ante estos casos. Tampoco hay formación en los casos de las mafias, que es una delincuencia que ha aumentado en España.

Fueron muy críticos después de que se aprobase el nuevo Código Penal Militar, ¿cómo les ha afectado su entrada en vigor?

El PP ha aprobado que el Código Penal Militar se aplique a los guardias civiles en actuaciones policiales. Desde el 2007 este reglamento solo regía las funciones militares, en caso de que la Guardia Civil fuese al extranjero y apoyase al Ejército español como policía militar.

Han denunciado que la militarización del Cuerpo les amordaza.

Hay artículos en el Código Penal Militar que inciden en que si nos excedemos en nuestra capacidad representativa como portavoz asociativo podemos ser imputados por un delito militar, siempre que actuemos contra el bien jurídico militar, contra la disciplina, contra la cohesión interna del Cuerpo... Han aprobado un cajón de sastre donde si se atenta contra la disciplina se puede aplicar el código penal militar.

¿Una unificación con la Policía Nacional lo solucionaría?

Con las decisiones tomadas por el Gobierno cada vez estamos más alejados, por agravio comparativo, de los cuerpos policiales. No admiten una equiparación salarial con la Policía Nacional, cobran un poco más que nosotros. Tampoco aceptan que tengamos la misma jornada laboral que la Policía ni que el resto de cuerpos policiales. Ahora mismo hay descoordinación entre todos los cuerpos, no se comparten las bases de datos de criminales, cada uno tiene su información y sus investigaciones. Se terminan duplicando las competencias, varios cuerpos policiales se dedican a las mismas cosas a la vez.