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Vacaciones gratis en Mallorca por falsas intoxicaciones: la justicia sienta en el banquillo a siete imputados de la trama

Este miércoles citan a declarar a siete miembros de un entramado acusado de defraudar 60 millones simulando intoxicaciones en hoteles de Baleares

En 2017, Interior identificó 800 denuncias en Baleares, pero la problemática también afecta a otras zonas costeras, como Canarias y Comunidad Valenciana

La legislación británica es favorable para el consumidor y tan solo exige un recibo de compra de un medicamento para justiciar las enfermedades gástricas

El palacio real de la Almudaina y la Catedral de Palma, desde el paseo marítimo.

Imagen de archivo de turistas paseando por la Catedral de Palma Alexis González

Vacaciones gratis gracias a una intoxicación alimentaria sufrida en un hotel. Este es el principal reclamo que llevó, supuestamente, a cientos de ciudadanos británicos a denunciar a los hoteles de Baleares. La trama, conocida como el "fraude de la diarrea", pasa a una nueva fase este miércoles. A partir de las 10 de la mañana están citados a declarar en el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma en calidad de imputados siete participantes del presunto fraude, dos de ellos hermanos de la considerada cabecilla. Según EuropaPress, se han presentado sólo cuatro personas, quienes han negado los hechos.

La Federación Hotelera de Mallorca (FEHM), que representa a los establecimientos afectados, denuncia la existencia de una trama millonaria "que operaba desde bufetes de abogados del Reino Unido en connivencia con una red de 'agentes' captadores, conocidos como claims farmers, radicados en Mallorca". Ellos eran los "encargados de convencer a los clientes de los hoteles para realizar las reclamaciones falsas", según comenta la patronal de los hoteles a eldiario.es.

Las siete personas que declaran este miércoles están acusadas de captar a los turistas para que presentasen en su país de origen las reclamaciones falsas por intoxicación. La operación policial contra la trama comenzó en 2017, cuando siete ciudadanos británicos que fueron detenidos. Todas las personas quedaron en libertad y el juez ordenó la retirada de pasaporte para la supuesta cabecilla, una empresaria de la localidad turística de Magaluf (Calvià).

La FEHM asegura que la presunta estafa salió a la luz cuando las empresas de "todo incluido" empiezan a "descontar a los hoteles los importes de las reclamaciones efectuadas por los turistas". "La presión para los hoteleros se vuelve insostenible, así como las presiones a los clientes en las puertas de los establecimientos", añade.

60 millones de euros

La FEHM estima que, entre 2015 y 2016, el número de denuncias se duplicó: de las 154 en el primer año a las casi 400 en el segundo. El repunte se produjo en 2016: el importe de las reclamaciones pasó de los tres millones de libras a los ocho millones. En la Asociación de Agentes de Viaje Británica ABTA, de 2013 a 2016, las reclamaciones (a nivel global) crecieron en un 500%, de 5.000 a 35.000.

Las denuncias, que comenzaron a interponerse de forma más notoria en 2014 y que actualmente, a raíz del escándalo ya casi no se presentan, alcanzan los 60 millones de euros, según la FEHM.

La Federación actúa como acusación popular en el procedimiento judicial que está investigando la obtención de datos personales de turistas británicos. La clave pasa por la presunta cabecilla de la trama: las investigaciones apuntan a que Laura Cameron, una supuesta emprendedora vinculada al ocio de la isla, inducía a los turistas a reclamar, un hecho que ella negó el pasado mes de mayo durante su comparecencia voluntaria en el juzgado.

Como recoge EuropaPress, la empresaria reconoció que cobraba de empresas de marketing extranjeras por cada persona a la cual recogía los datos personales (5.000 libras por cada 1.000 números de teléfono y nombres), pero negó el cobro por las supuestas intoxicaciones. Según su testimonio, enviaba parte de los datos a los despachos de abogados en el caso de que los turistas tuvieran algún percance durante sus vacaciones. Sin embargo, la instrucción apunta a que los bufetes de abogados se habrían enriquecido instado a los clientes a interponer denuncias falsas.

Las acciones legales de la FEHM, que representa a 844 establecimientos, van contra las personas que llevaban a cabo la búsqueda de turistas para interponer las falsas reclamaciones. Acusa a los siete implicados de un presunto delito de estafa. En el marco de la operación Hook, Interior identificó en 2017 a 800 turistas que interpusieron una reclamación a través de 77 despachos de abogados.

La regulación en Reino Unido

Los turistas pudieron interponer las reclamaciones gracias a la normativa del Reino Unido: sólo tenían que presentar un recibo de algún medicamento contra la diarrea que hubieran comprado en Baleares durante sus vacaciones y, gracias a él, podían solicitar a través de los touroperadores la devolución del coste de las vacaciones. Los hoteleros pagaban y turistas, despachos de abogados y captadores salían ganando.

La problemática afecta a diferentes lugares costeros, como la Comunidad Valenciana, Canarias o Andalucía. Un tribunal británico llegó a condenar a unos turistas a pagar unos 4.188 euros tras denunciar una falsa intoxicación durante sus vacaciones en Canarias. La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas asegura que las indemnizaciones pueden alcanzar los 14.000 euros por persona, quedándose los presuntos estafadores con unos 2.000 euros. El resto iría a parar a los abogados.

Las presuntas estafas fueron posibles gracias a la falta de requisitos a la hora de presentar las denuncias. Como informa El Mundo, un cambio en la Ley Jackson en 2013 permitió la exclusión del arbitraje de consumo en las denuncias por prestación de servicios llevados a cabo fuera del Reino Unido. Los turistas podían realizar las reclamaciones fuera de su país hasta tres años después de haber abandonado la región donde pasaron sus vacaciones.

El cónsul británico para Baleares y Catalunya, Lloyd Milen, comenta a eldiario.es que el Ministerio de Justicia británico reguló, en abril de este año, los costes legales en las reclamaciones por enfermedades contraídas en período vacacional: "Antes, los costes legales no estaban controlados, por lo que el coste para los turoperadores podía ser desproporcionado. Ahora, éstos solo tienen que pagar una cantidad fija en función del valor de la reclamación, por lo que los costes de la defensa son predecibles".

Milen asegura que el Reino Unido ha conseguido acabar con el "vacío legal" que podría haber permitido las reclamaciones falsas: "La decisión del Ministerio de Justicia supone un control más estricto de los pagos que tienen que afrontar los turoperadores". El cónsul defiende que, en la actualidad, muchos turoperadores prefieren resolver las reclamaciones con acuerdos fuera de los tribunales y evitar, así, la vía judicial.

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