El PP aprovecha la aprobación del Código ético de los parlamentarios para que se incluya la obligación de "acatamiento y respeto de la Constitución"

Mesas conjuntas del Congreso y del Senado

Los diputados y senadores tendrán que acatar en breve un código ético para que sus actividades puedan ser controladas y sean más transparentes, evitando actitudes poco ejemplares en las que muchos de ellos han incurrido a lo largo de todos estos años de democracia. El debate, que ya se abrió hace dos años, ha sido aprovechado ahora por el PP para forzar a que entre esas normas se incluya la obligación de todos los parlamentarios al "acatamiento y respeto a la Constitución, y al resto del ordenamiento jurídico", lo que se ha interpretado como respuesta no solo a las fórmulas que han empleado los nacionalistas e independentistas a la hora de tomar posesión de sus actas, burlando ese precepto, sino también a las opiniones críticas que han vertido algunos diputados de Unidas Podemos sobre la monarquía y el rey.

Las mesas conjuntas de ambas Cámaras se reunirán este jueves para aprobar definitivamente este Código de conducta que fue impulsado por los grupos en febrero de 2019, siendo presidenta de la Cámara baja la dirigente del PP, Ana Pastor, pero que no había llegado nunca a rematarse ni a aplicarse debido a la brevedad de las dos últimas legislaturas. El borrador del texto, que ha sido debatido este martes por el Mesa del Congreso y al que ha tenido acceso elDiario.es, ha sido elaborado por las Secretarías Generales de ambas Cámaras e incorpora algunas modificaciones con respecto al anterior.

Estas modificaciones se refieren precisamente al citado acatamiento de la Constitución, y a la creación, "a propuesta de las dos presidentas de las Cámaras [Meritxell Batet y Pilar Llop]", de una única Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales. Pero el principal caballo de batalla ha sido el acatamiento a la Constitución, un punto que había sido eliminado del primer borrador por indicación de los letrados al considerar que los Reglamentos de las dos Cámaras son normas de rango superior y era innecesario incluirlo en un Código de conducta, que está diseñado para otros fines. El partido de Casado, sin embargo, ha exigido recuperar esas líneas. De este modo, el punto 1 del artículo 2, en donde se enumeran los 'Principios' de esta normativa, queda redactado así: "En el ejercicio de sus funciones los miembros de las Cortes Generales observarán los siguientes principios generales de conducta: integridad, transparencia, diligencia, honradez, responsabilidad y respeto, tanto a los demás miembros de las Cámaras como a la ciudadanía en general. Así como con acatamiento y respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, especialmente a los Reglamentos de las Cámaras y a las resoluciones que los desarrollan".

Pese a ello, esto no va a evitar que los diputados que quieran se salgan de la norma a la hora de acatar la Constitución en la toma de posesión de sus actas, como ha ocurrido en distintas legislaturas. En mayo de 2019 varios diputados de grupos nacionalistas e independentistas –entre ellos Oriol Junqueras– ya emplearon fórmulas de acatamiento haciendo alusiones a la existencia de "presos políticos" o a la autodeterminación de Catalunya. El episodio se repitió en diciembre con otros parlamentarios de estos grupos después de la repetición electoral, lo que provocó que el PP, Ciudadanos y Vox exigieran a Batet que no diera por validas estás fórmulas. Pero la Mesa del Congreso no encontró colisión con la Carta Magna ni con la doctrina de la Junta Electoral Central. Los de Abascal, a pesar de que ellos habían utilizado la frase "por España, sí juro", llegaron incluso a presentar un recurso de inconstitucionalidad.

Deberán informar de sus trabajos de los últimos cinco años

Otra de las novedades de este código ético es la obligación de informar en el Registro de Intereses que se constituirá "en cada una de las Cámaras", de las actividades que hayan desarrollado durante los últimos cinco años antes de ser diputados o senadores para que se inhiban de participar en aquellos debates que consideren necesario. En el caso de que hayan trabajado por cuenta ajena, deberán desvelar el nombre de sus empleadores y el sector de la actividad. Antes todo esto tenía "carácter confidencial", una precisión que ya no aparece en el borrador del nuevo texto y que se ha sustituido por un "en todo caso se atenderá a la normativa de protección de datos personales". Estas declaraciones con los intereses económicos de cada parlamentario serán publicadas en las páginas web de cada Cámara.

El artículo 8 referente a la creación de una sola Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales también ha sido modificado y ampliado. "Su objeto –se explica– será resolver las dudas de interpretación que genere la aplicación del presente Código, que podrán ser planteadas tanto por los parlamentarios como por las Mesas de las Cámaras". "En todo caso la Oficina actuará con total reserva respecto de las dudas planteadas. La Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales tendrá su sede en el Congreso de los Diputados y estará encabezada por un miembro del Cuerpo de Letrados con experiencia en las materias atribuidas a la misma en el presente Código. Tendrá rango de Director de la Secretaría General y será nombrado por las Mesas de ambas Cámaras conjuntamente, a propuesta del Letrado Mayor de las Cortes Generales". Otro párrafo añadido es el que señala que la Oficina "contará con el asesoramiento de los servicios jurídicos de las Comisiones del Estatuto de los Diputados y de Incompatibilidades del Senado, así como con una unidad de apoyo para la ejecución de sus funciones que estará integrada por personal de las Cortes Generales.

Según explican fuentes parlamentarias, a este órgano, sin embargo, no se le otorgan funciones de comprobación de la veracidad del contenido de las declaraciones incluidas en el Registro de Intereses ni de las declaraciones de bienes y patrimonio que hacen los diputados y senadores al inicio de su mandato, salvo que haya alguna denuncia concreta.

El Código de conducta deja claro que los parlamentarios "no podrán aceptar regalos, favores o servicios que les sean ofrecidos por su cargo o pueda entenderse que buscan influir en su labor parlamentaria". Eso ya regía en el Congreso, pero ahora se especifica que tampoco podrá aceptarlos "su entorno familiar" y se establece el tope de los 150 euros sobre el valor de los que obsequios que reciban.

También se endurecen las condiciones sobre sus viajes y se les obliga a hacer públicas sus agendas y las reuniones que tengan previstas "con representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés", es decir, con lobbys o grupos de presión. La Cámara fía a la "responsabilidad" de cada diputado y senador la "veracidad, exactitud y actualidad" de la información que ofrezcan en sus datos biográficos y en sus agendas.

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29 de septiembre de 2020 - 18:04 h

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