Se multiplican los presupuestos participativos en España: “La gente demanda expresarse en primera persona”

Abrió camino Porto Alegre (Brasil) en 1989, con la llegada a la alcaldía del Partido dos Trabalhadores. Casi tres décadas después, centenares de ciudades en todo el mundo han seguido su ejemplo y han desarrollado diferentes propuestas de presupuestos participativos. En España, este año se dedicarán más de 130 millones de euros solo entre las capitales de provincia, a las que se sumarán otras tantas decenas de municipios.

Los presupuestos participativos son una de las herramientas con las que las candidaturas de confluencia se presentaron a las elecciones municipales para rejuvenecer la política económica municipal, aunque ya estaban implantados en muchos municipios españoles. Andalucía fue pionera en instaurarlos en 2001 –lo hicieron tres municipios: Córdoba, Las Cabezas de San Juan y Puente Genil– y, desde las municipales de 2015, se han incorporado otras ciudades como Zaragoza, Valencia, Madrid o A Coruña.

“El presupuesto participativo en España tiene ya 20 años. Ha tenido distintas fases, momentos de expansión y paralización”, explica a eldiario.es Toni Morillas, experta en Planificación de Procesos Participativos. “Fundamentalmente desde 2015 se ha producido un crecimiento, no solo cuantitativo, sino también relacionado con la inclusión de nuevos enfoques y metodologías como la participación digital”. El crecimiento, desarrolla Morillas, está vinculado a una demanda social creciente de unas instituciones “más permeables a las necesidades de la gente y que puedan expresarse en primera persona, no solo votando cada 4 años sino participando en la toma de decisiones cotidiana”.

La consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Giner, incide en la revolución que ha supuesto la inclusión de las nuevas tecnologías: “Se trata de abrir un nuevo cauce de participación que beba de experiencias ya desarrolladas desde los años 80 en distintas partes del planeta y que se enriquezca con las posibilidades que abren las nuevas tecnologías y la apuesta por el gobierno abierto”.

“Lo increíble es que en el año 2016, cuando impulsamos los primeros en Madrid, no hubiera ya muchas más ciudades haciendo procesos de ese tipo, porque no había ninguna barrera”, señala Miguel Arana, director de Participación del Ayuntamiento de Madrid. Arana defiende que, en el momento en que una ciudad los implanta, “ocurre lo que era esperable: el dinero se gasta mejor, las decisiones son razonables, es sencillo hacerlo y a la gente le encanta y lo que quiere es más”. “El imaginario colectivo de que era imposible y no tenía ningún sentido, se rompe. Las ciudades empiezan a contagiarse unas a otras”.

¿Qué quieren los vecinos para sus ciudades?

Los procesos participativos pueden servir como un termómetro de lo que necesitan las ciudades en opinión de sus propios habitantes. ¿Qué propuestas coinciden en casi todos los presupuestos participativos? Un aumento de las zonas verdes, mejoras en la accesibilidad, la incorporación de una perspectiva de género en la arquitectura de los municipios y medidas para hacer ciudades más fáciles para la convivencia con los animales.

En Irún, por ejemplo, la propuesta más votada de cara a su incorporación en los presupuestos de este año es la inclusión del carril bici, una medida que los vecinos piden en otras tantas ciudades. Es el caso de Valencia, donde, al margen de la incorporación de nuevos carriles bici, los proyectos más votados están relacionados con el incremento de los jardines e instalaciones deportivas y la renovación de parques.

Salvo algunas excepciones, como es el caso de Madrid en la convocatoria de 2017, en la mayoría de los municipios los presupuestos participativos abarcan tan solo la partida de inversiones –es decir, no se pueden realizar propuestas referidas al capítulo de subvenciones, como sí ocurrirá este año en la capital–, son vinculantes y se opta por combinar el voto telemático con el presencial.

Los ayuntamientos han tomado la decisión de apostar por ambos procedimientos para conectar con el tejido asociativo, como señala María Rozas, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. En el caso compostelano, ha permitido conectar con el rural: “Mucha gente del rural se entera a través de sus  asociaciones de vecinos de lo que ocurre en el municipio. Lo que hicimos fue implicarlos desde el primer momento en el grupo motor, que participó de forma activa elaborando la regulación del proceso”. Rozas argumenta que no se debe dejar de lado la parte presencial porque aporta “más matices” al permitir llevar a cabo debates que pongan en común los proyectos.

“Los procesos tienen que tener una pata presencial, no solo por la brecha digital, sino porque si solo impulsamos procesos digitales puede que estemos generando otro vector de exclusión social”, coincide Morillas. “Además, aportan un aspecto cualitativo muy relevante. Fortalecen que, en un momento donde se nos quiere solos y aislados, se generen espacios de encuentro colectivo donde la gente se encuentre, haga diagnósticos compartidos de la realidad”.

El debate sobre la representatividad

Los datos de participación en las ciudades que han comenzado a desarrollar presupuestos participativos han abierto un debate sobre la representatividad de sus resultados. En las ciudades donde se convocan por primera vez, la participación ronda el 1% del censo: en Zaragoza votó el 1,07%, en Valencia fue el 0,89% y en A Coruña el 0,9%.

¿Qué criterios deberían utilizarse para medir la participación? “Los procesos participativos tienen su evolución. Aunque a todos nos gusta hablar de participación y de tener una democracia más participativa, hay cosas que se van aprendiendo”, responde María Rozas. Morillas coincide con su criterio y señala que estas decisiones “antes las decidían 20, 30 o 40 concejales”, por lo que “solo el hecho de que salga de la puerta del salón de plenos es un valor añadido que le resta relevancia a si participan cien o mil”.

Miguel Arana aporta dos posibles baremos: comparar con procesos similares en otras ciudades para ver si se encuentran en la misma línea y observar el crecimiento conforme avanza el tiempo. “Es normal que vaya creciendo gradualmente, porque son procesos totalmente nuevos. Por una cuestión de difusión y por una cuestión un  simbólica, de lo que representan, de entender qué se puede hacer con ellos, el potencial”, explica.

En la misma línea se manifesta Elena Giner, consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza, que señala también que, al tratarse experiencias incipientes, “no hay muchos elementos que permitan establecer criterios cuantitativos de porcentajes aceptables”. “Todo debe ir acompañado de un cambio de cultura de la participación, que se podrá producir a medida que estas experiencias proliferen, se sistematicen, se normalicen y se pueda ir generando la confianza en la ciudadanía en que lo que deciden se toma en cuenta”, incide.

El futuro de los procesos participativos

Desde los ayuntamientos apuntan a que los nuevos procesos de presupuestos generan un efecto llamada, que habría derivado en el incremento de experiencias al respecto que se están dando en los últimos años, y aspiran a que permanezcan en el tiempo.

Esta expansión de los procedimientos de participación no depende de las fuerzas políticas que los implanten, aunque sí “funcionen como un catalizador”, según explica el director de Participación del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Arana. “No tiene que ver con nosotros, ni con el color político ni la situación del país, tiene que ver con que las cosas ya no pueden ser como en el siglo XVIII. No puede ser, es imposible. A algunos puede que les cuente más entenderlo o incluso intenten frenarlo, pero a la larga va a ser así”.

Morillas se muestra más prudente, basándose en la experiencia previa en España: “Las fases de extensión-expansión-paralización que ha tenido el presupuestos han tenido mucho que ver con los distintos signos políticos. Es un reto pendiente que perdura más allá del Gobierno local que lo impulsa”.

¿De qué dependerá? “Para que eso ocurra, aparte del compromiso político y pretender que todos los grupos acepten y se adhieran a la iniciativa, uno de los aspectos clave es que haya una demanda social tan fuerte que ningún gobierno local se atreva a dar marcha atrás”, remata.