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¿Y quién regenera la Rey Juan Carlos? El reto depende de la actual dirección, una moción de censura o un juez

La autonomía universitaria otorga casi plena libertad a los equipos rectorales de los centros para autogestionarse y los cambios están condenados a venir desde dentro

"Los sistemas de gobernanza de la universidad son arcaicos y medievales y en ellos prima la opacidad", explica una experta

"Las posibilidades de regeneración son mínimas", explica un extrabajador del centro experto en Derecho. "Existen, pero tendrían que venir de la misma gente que está en los puestos directivos"

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Concentración de estudiantes para pedir la dimisión de Cifuentes y Ramos en el campus de Vicálvaro de la URJC.

Una protesta de estudiantes en el campus de Vicálvaro de la URJC.

Un rector (Pedro González Trevijano) que se quiso perpetuar en el cargo más allá de lo que permite la ley. Otro dirigente (su sucesor y delfín, Fernando Suárez) que plagió a voluntad,  daba clases en un campus ilegal y cobraba complementos por ello. Un tercero (el actual, Javier Ramos) al que se le acumulan los escándalos mientras espera a lo que se publica en los medios. Son solo tres ejemplos entre muchos.

Que la imagen, y con ella el prestigio, de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) está baja es algo en lo que casi todos están de acuerdo. Algunos quijotes, unos pocos activistas, trabajan dentro de sus posibilidades para restaurar el buen nombre del centro denunciando situaciones de abuso para que se conozca lo que ocurre en el centro como primer paso hacia una limpia de imagen que no acaba de llegar.

Su problema es que la regeneración de la URJC solo puede llegar desde la propia URJC. Bien a través del equipo directivo –que o no está haciendo nada o no lo está comunicando– bien a través de una moción de censura al rector. De momento no hay señales que permitan vislumbrar que ninguna de las dos vías esté en marcha.

"La ley orgánica de universidades da autonomía a los centros como reacción a la época franquista", explica Helena Ancos, doctora en Derecho y miembro del sindicato SAP-UCM. "Las universidades tienen, salvo la dotación de sus presupuestos, autonomía para autogestionarse. Pero los controles económicos no funcionan, y si unimos que los departamentos funcionan por incentivos distintos sin posibilidad alguna de contrapeso entre unos y otros se acaban produciendo estas malas praxis que estamos viendo", elabora.

Las comunidades autónomas –las entidades que ponen la mayoría de los fondos de los centros– apenas tienen capacidad de maniobra, más allá de participar en los Consejos Sociales de las universidades, los organismos encargados de aprobar las cuentas, pero que tienen poco poder real.

Mirar hacia otro lado

Cuando se pregunta a alguna Consejería de Educación por tal o cual actuación de una universidad, la respuesta es siempre la misma: "Autonomía universitaria". Si se eleva la petición al Ministerio de Educación, miran hacia abajo: "Las competencias son de las comunidades". La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) no tiene ninguna capacidad legal de actuar en una de sus asociadas, más allá de amenazar a su rector con excluirle del club. Tampoco ha demostrado mucha contundencia cuando ha tenido la oportunidad en casos como el de la expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes.

Así, con un rectorado encerrado en sí mismo, que solo responde a los escándalos cuando ya han pasado y para anunciar comisiones de investigación ( los plagios de Suárez, reiterados y confirmados, nunca tuvieron consecuencias), las herramientas son pocas.

"Las posibilidades de regeneración son mínimas", explica un extrabajador del centro experto en Derecho. "Existen, pero tendrían que venir de la misma gente que está en los puestos directivos, es absurdo. Aún así, si quisieran intervenir, lo primero es hacer una investigación. Después se trasladaría esa investigación a una autoridad: o al rector o a un juez si hay indicios de delito", sostiene. En la URJC son expertos en anunciar comisiones de investigación (hubo una para los plagios de Suárez, otra para los másteres de Cifuentes, Casado y Montón) de las que de momento poco se ha sabido. De hecho, en el caso del máster de la ministra de Sanidad, la URJC admitió que estaba investigando el caso, pero no informó de ello hasta que el escándalo fue desvelado por eldiario.es.

A nivel interno, una universidad tiene potestad para sancionar a sus trabajadores, sean funcionarios o no. Puede suspender de empleo y sueldo durante un periodo de tiempo en función de la gravedad de sus faltas e incluso expulsarle definitivamente, según confirman varios expertos.

La única alternativa desde fuera es entrar en el campo judicial, con todo lo que ello conlleva en dilación en el tiempo de la resolución, etc. Cuando se inicia un procedimiento judicial contra un trabajador, el expediente administrativo que pueda tener abierto la universidad queda en suspenso hasta que se cierre la vía judicial, que puede contemplar hasta la inhabilitación para cargo público.

La moción de censura

La única herramienta real disponible dentro de un campus, pero ajena al rectorado para cambiar al equipo directivo, si es que existiera tal voluntad, es la moción de censura en el Claustro. Para ello hace falta que dos tercios de los claustrales (entre ellos hay profesores, personal de administración y alumnos) apoyen la iniciativa. La URJC renovó recientemente los 300 miembros del suyo y antes del verano hubo rumores de moción de censura, cuando el caso Cifuentes estaba en pleno apogeo.

Pero el verano parece haber enfriado los ánimos. Un portavoz de Res Pública, la asociación de estudiantes que más se movió por la moción y que pensaba que contaba con los apoyos al menos para plantearla, explica que los profesores más críticos están desaparecidos. "Había un grupo de profesores que se tendrían que haber estado moviendo, pero por ahora les hemos perdido la pista", cuenta. Los estudiantes están esperando a que haya un consejo de Gobierno para intentar concretar con cuántos apoyos contarían.

En la sesión constitutiva del Claustro, el pasado mes de julio, los estudiantes hablaron de "regeneración". Algunos profesores también pidieron al rector que tomara medidas para recuperar el buen nombre del centro. Ramos aseguró que quitarle a él sería "volver al pasado" y defendió que está trabajando por la regeneración.

"Estamos haciendo cambios valientes (...)", afirmó. "Hablamos de regeneración, de poner esos procedimientos que nos faltan y reglamentos que no tenemos. El Consejo de Gobierno ha ido aprobando cambios para quitar el arbitrio, el sesgo personal a las cosas que se hacen en esta universidad", afirmó. 

"Medieval y arcaico"

Ancos cree que el problema está en los propios sistemas de gobernanza de las universidades. "Es arcaico y medieval y prima la opacidad. Las redes clientelares son muy grandes y hacen muy difícil luchar contra ello", afirma a partir de sus 20 años de experiencia en la universidad.

El exempleado de la URJC lleva esta afirmación a su centro. "No hay que olvidar por qué se montan estos chiringuitos", comienza en alusión al Instituto de Derecho Público (IDP), foco de los escándalos de los máster que se están conociendo estos meses. "Beneficiaban a las dos partes, a los políticos, pero también a la URJC. Había un intercambio de favores", cuenta. Unos sacaban los títulos sin esfuerzo, los otros obtenían dinero de matrículas y un supuesto prestigio.

El alcance de las redes en la URJC se entiende mejor remontándose en la historia de la Universidad. En concreto al origen del campus de Vicálvaro, sede de la Facultad de Derecho y germen de casi todo lo que está ocurriendo en el centro. En el Centro de Estudios Universitarios Ramón Carande empezó todo.

Allí coincidieron, cuando el centro era independiente (antes de pasar a formar parte de la URJC) buena parte de los protagonistas de los escándalos de los máster de la universidad. Allí se tejieron las redes clientelares que denuncian los trabajadores y que llegan hasta nuestros días. Por el Carande pasaron (y se ayudaron unos a otros) el exrector Suárez, el también exrector Rogelio Pérez Bustamante, Teresa Feito, la mediadora de Cifuentes, el profesor del curso Pablo Chico de la Cámara y un largo etcétera. 

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