España, a la cola de la UE en igualdad social
Mientras la Europa de la austeridad sigue enviando –o más bien imponiendo– sus recetas, España languidece en justicia social. Lleva haciéndolo desde 2007, según un estudio de la fundación Bertelsman Stifing, que alerta de un aumento en cuatro puntos de la población en riesgo de pobreza y exclusión social. En 2014, el porcentaje ha alcanzado el 27,3%; una cifra que, aun siendo grave, queda empañada por otra todavía más preocupante: el 32,6% de niños y niñas de entre 0 y 17 años viven al borde de la pobreza, casi cinco puntos por encima de la media europea (28%). O, lo que es lo mismo, más de 1 de cada 3 menores.
Pero no es la primera vez que suena la alarma, Save the Children advertía en un informe publicado a principios de este año que el 33,85% de los niños españoles (2.826.549 personas) se precipitan hacia el abismo de la exclusión social. Un número que se ha disparado con la crisis: de 2006 a 2009 descendió hasta situarse en el 26,2%, pero a partir de 2010 no ha dejado de aumentar.
El análisis realizado por la fundación Bertelsman Stifing presenta, sobre la base del Índice de Justicia Social de la Unión Europea, un ránking de los 28 en función del nivel de igualdad entre su población. Esta vara de medir se basa en seis parámetros: prevención de la pobreza, acceso de la educación, acceso al mercado laboral, cohesión social, no discriminación, igualdad intergeneracional y salud.
La clasificación coloca a España en el puesto número 21, por debajo de Malta, Chipre, Portugal, Irlanda o Polonia. Entre las principales razones para los malos resultados se encuentran el aumento de la pobreza, especialmente entre los jóvenes, la alta tasa de desempleo juvenil –a la cabeza de Europa con un 53,8%–, los recortes en el sistema de seguridad social –como el real decreto que ha dejado, desde su entrada en vigor hace dos años, a cerca de 900.000 inmigrantes sin tarjeta sanitaria– y también en áreas como la educación y la investigación. En una nueva evidencia de la brecha social entre el norte y el sur del viejo continente, los mejores puntuados en el ránking son Suecia, Finlandia y Dinamarca, aunque los únicos países que han mejorado en Índice de Justicia Social en los últimos años son Luxemburgo, Alemania y Polonia. Por debajo de la clasificación se posicionan los países de este (Hungría, Bulgaria, Romanía), además de Italia y Grecia.
Este última, en realidad, está a la cola de casi todas las dimensiones medibles. Se ha convertido en el modelo con el que, como ha repetido en innumerables ocasiones el Gobierno, no conviene confundirnos. “España no es Grecia”, decía Carlos Floriano, actual vicesecretario general del PP, a mediados de 2012. Más allá de las diferencias, la senda por la que transita hoy nuestro país, advierte el estudio, puede desembocar en niveles similares de pobreza a los que sufre Grecia, donde el porcentaje de personas en riesgo de exclusión social creció en seis puntos (34,6%) solo en el año 2012. En el mismo periodo, la población afectada por una privación material severa –personas que no pueden permitirse comer carne o pescado cada dos días, mantener el hogar a una temperatura adecuada o afrontar gastos inesperados– trepó hasta ocho puntos (19,5%).
En España, este último parámetro está, por el momento, lejos de alcanzar la cifra griega: en el noveno puesto del ránking, la población que sufre privación material representa el 6,2% del total –más de cinco puntos por debajo de la media europea–. No obstante, la tendencia desde 2007 es de escalada, con un porcentaje que duplica al de hace siete años (3,5%). En el caso de los menores, esta situación afecta a un 8,8% de los niños y niñas entre 0 y 17 años, cuatro puntos más que en 2007 (4,4%).
Si hay un dato positivo que se apuntan la mayoría de los miembros de la UE es la reducción de la pobreza en la tercera edad. “La creciente brecha social entre los Estados miembros y entre las generaciones puede conducir a tensiones y una considerable pérdida de confianza. Si el desequilibrio social dura por mucho tiempo o aumenta aún más, el futuro del proyecto de integración europea se verá amenazada”, afirma el Dr. Jörg Dräger, miembro del Consejo Ejecutivo de la fundación que ha elaborado el informe.
Desarrollo económico no es sinónimo de justicia social
Se trata de un factor importante, pero la buena marcha de la economía no es siempre garantía del impulso de medidas que contribuyan a reducir la desigualdad. Como muestra el estudio, el mejor caso para demostrarlo es el de Irlanda y Suecia. El primer país tiene un PIB per cápita similar al del segundo, pero se ubica muy por debajo de la media en justicia social (del puesto 18 al 1 en la clasificación, respectivamente). Por el contrario, países como la República Checa (posición 5) o Eslovenia (9) y Estonia (10) demuestran que aunque, no se tenga un rendimiento económico excepcional, con políticas sociales se puede alcanzar un alto grado de igualdad entre la población.
En relacion con esto, el estudio advierte de que la inversión en igualdad de oportunidades –con especial atención al ámbito educativo– no solo potencia la justicia social, sino que es esencial desde la perspectiva del crecimiento económico. “La desigualdad en el acceso a la educación, el mercado laboral o la salud es peligroso en términos económicos por los altos niveles de exclusión social que resultan de ella”, argumenta el informe, que recuerda que las medidas para compensar y reparar el riesgo de pobreza y exclusión social una vez instalado en la sociedad deberían ser sustituidas por políticas proactivas de inversión en participación social“ que, antes de condenar a un tercio de la población a sobrevivir al borde del precipicio –como ocurre en España–, pudieran evitarlo.
