La diócesis de Getafe desahuciará a una pareja de lesbianas con tres hijos

“Tengo casi todo empaquetado, me quedan pocas cosas en los armarios y en la cocina. Ya tengo apiladas diez cajas y cinco maletas grandes en la terraza”. Es el relato de Aroa. Ella y su pareja, Laura, han comenzado a desmontar el piso que ocuparon ilegalmente en julio en el municipio madrileño de Móstoles y en el que conviven junto a sus tres hijos de 10, 8 y 5 años.

La misma semana en la que entraron a vivir en ese inmueble, llamaron a su puerta dos representantes de la entidad propietaria de la vivienda, la diócesis de Getafe. Esta institución se encarga de la jurisdicción eclesiástica en la zona sur de la Comunidad de Madrid.

“Cuando llamaron al timbre, hablamos con los sacerdotes. Se pensaban que éramos hermanas. Nos dijeron que nos iban a dar un alquiler social en una casa que tenían en Móstoles, añadieron que a ese piso le faltaban un par de arreglillos pero que se pondrían en contacto con nosotras. Sin embargo, una vez que se enteraron de que éramos pareja, fueron a saco. Ya ni había opción a alquiler social, ni a nada”, explica Aroa.

Por su parte un portavoz de la diócesis, Francisco Armenteros, niega esta acusación: “Es falso, nosotros no sabíamos que eran lesbianas. Cuando acudieron los portavoces del obispado solo estaba una de las mujeres, así que era imposible saberlo”. Esta no es la primera polémica que salpica a esta institución, su obispo ha llegado a ser denunciado por el Observatorio contra la LGTBfobia por un posible delito de odio ante la Fiscalía al cargar contra la Ley de Transexualidad madrileña y asegurar que “retuerce la naturaleza humana”.

Piso destinado a sacerdotes

Tras visitar a Aroa y Laura, los representantes eclesíasticos iniciaron el proceso judicial para solicitar el desahucio de la familia. Según apunta el portavoz del obispado, el inmueble en el que viven estas jóvenes está destinado a sacerdotes que trabajan por la zona o que están de visita, y no a la asistencia social. Y remite a Cáritas y al Ayuntamiento la responsabilidad de buscar una alternativa habitacional a esta familia.

Además desde esta entidad reclamaban una multa de 900 euros a la familia, una cantidad muy superior a la requerida por la Fiscalía, que redujo su petición a 180 euros. La sentencia salió el mismo día que se produjo la vista, condenó a la pareja por un delito leve de usurpación de inmuebles y al pago de una sanción de 270 euros. Dicta la fecha de desahucio para el miércoles de la semana que viene.

La magistrada ha tenido en cuenta las precarias condiciones en las que se encuentra esta familia. Por eso, la sentencia recalca que les impone una cuota muy cercana al mínimo legal “atendiendo a la mala situación económica referida por las denunciadas”. “Yo llevo cuatro años sin trabajar. Mi pareja ha empezado esta semana, pero va a cobrar menos de 500 euros. Necesitamos una renta social, porque no nos podemos permitir pagar los 600 euros mensuales de alquiler que piden en un piso normal. Tenemos que dar de comer a nuestra familia”, afirma Aroa.

Asimismo, la magistrada asegura que en ningún momento se acredita que los propietarios “ofrecieran (a la pareja) ocupar otra vivienda”, ya que los dos representantes de la diócesis que acudieron al piso cuando Aroa y Laura lo ocuparon “coinciden en que les comunicaron que si estaban en situación de necesidad podían ponerse en contacto con Cáritas”. Sin embargo, Cáritas niega que nadie de la diócesis de Getafe les hubiera comunicado esta situación.

“Se negaron a un aplazamiento del desahucio”

Según apunta a esta redacción el concejal de Urbanismo Eduardo Gutiérrez, el Ayuntamiento de Móstoles ha mediado en este conflicto. “La familia está buscando un alquiler social. Le transmití esa idea al diácono del obispado y le pedí tiempo, que aplazasen un par de meses la fecha del desahucio. Me dijeron que en el Consistorio teníamos viviendas y que ocupasen una de las nuestras porque las suyas eran para sacerdotes”, indica Gutiérrez, que asegura que actualmente su Consistorio no cuenta con viviendas vacías para ceder a esta familia.

Sobre la denuncia que plantean las inquilinas del piso asegurando que han sido víctimas de una actitud homófoba. Gutiérrez señala que desconoce si la diócesis ha tenido en cuenta la orientación sexual de la pareja, aunque añade que “los antecedentes del obispado son completamente retrógrados y muy ajenos a una realidad actual donde hay parejas de muy distinto tipo”.

Segundo desalojo

Laura y Aroa llegaron a este piso tras abandonar otra vivienda que también habían ocupado y en la que consiguieron paralizar su lanzamiento en noviembre del 2014. “Tras impedir el desahucio estuve negociando un alquiler social con Bankia, el propietario del piso, pero no lo hemos conseguido todavía. Al final, nos marchamos voluntariamente porque las condiciones de la casa eran muy malas. Terminamos dejando a los niños con unos amigos y durmiendo nosotras en la calle”, añade.

Según su relato, entraron en el piso actual gracias a que “unos chavales les dejaron las llaves”, sin tener constancia de que perteneciese a la Iglesia. “Tenemos agua caliente, luz y cuatro habitaciones. Cuando llegamos no notamos que antes estuviese alguien viviendo aquí, estaba lleno de polvo y abandonado. En el contador de la luz había una pegatina que señalaba que no había suministro desde el 2013”, señala. “No es verdad. Los han ocupado unos religiosos hasta hace poco y en estos últimos meses lo ha utilizado el párroco de Arroyomolinos”, responden desde la diócesis.