El hijo que asesinó a su madre en Madrid: un caso “impredecible” que pasó desapercibido para las instituciones

Los diferentes niveles de la red de atención institucional no detectaron el peligro en el caso del joven detenido la semana pasada por matar y canibalizar a su madre. No lo hicieron los servicios sociales de proximidad municipales, tampoco los de atención de apoyo del Gobierno regional o la policía, a pesar de los episodios de violencia que protagonizó el asesino confeso. La orden de alejamiento dictada por un juzgado quedó en papel mojado al proseguir la convivencia en el mismo domicilio. La víctima no denunció la ruptura del alejamiento.

“Hay un salto demasiado grande entre alguien que pega a su madre y acabar matándola para canibalizarla”, cuenta un psiquiatra en activo en el servicio público de asistencia sanitaria en Madrid. Todas las fuentes consultadas consideran que el caso es especialmente extremo. “Está tan en el extremo de la campaña estadística  que es un caso que resuena mucho, pero es impredecible. Con estos comportamientos es muy difícil establecer una norma”, añade otra profesional que ejerce en la psicología forense pública.

El presunto asesino estaba en los archivos de la Policía Nacional, pero no porque el caso de agresiones a su madre hubiera provocado una docena de denuncias. “Tenía 12 antecedentes policiales, la mayoría por episodios violentos”, aclara un portavoz de la Jefatura de Madrid. ¿Pusieron en conocimiento de los servicios sociales la situación que se vivía en ese domicilio del distrito madrileño de Salamanca? La Jefatura no informa sobre ello.

El Tribunal Superior de Justicia por su parte confirma que existía una orden de alejamiento sobre el hijo con respecto a la madre finalmente víctima mortal. “Puede provenir de cualquier juzgado donde cayera la denuncia de la mujer ya que no se trata, técnicamente, de un caso de violencia machista así que no se tramita en los juzgados de violencia sobre las mujeres”, aclaran en el TSJM. ¿No podría haber saltado por ahí la alarma? La contestación oficial indica que, si la propia víctima consentía que viviera allí su hijo –presuntamente agresor– “es complicado” que se supiera que la orden no estaba cumpliéndose.

La circunstancia vital del arrestado reunía diversas características: se relacionaba con otras personas, como muestran las imágenes de sus redes sociales. En ocasiones hallaba trabajo podía hacer referencia a un domicilio fijo familiar. Esas singularidades lo alejan del perfil de persona con un trastorno mental grave con dificultades de integración y, en ocasiones, viviendo en la calle. Aspectos reseñados como objetivos en el Plan Estratégico de Salud Mental de la Comunidad de Madrid que subraya la prioridad de los grupos con “especial vulnerabilidad, con problemas de abuso de sustancias, situación de exclusión social y marginación sin hogar y en riesgo de entrada o en contacto con el circuito judicial”. El documento pide que se refuerce la “detección del riesgo de exclusión social en personas con TMG y priorización para su inclusión en Programas de Cuidados Continuados intensivos”.

Por debajo del radar

Que una persona ingrese en un hospital por una crisis asociada a un trastorno mental no implica automáticamente que se aplique un seguimiento continuado. “Se dan atenciones esporádicas en las que un paciente entra y sale del sistema”, indican los profesionales. El doctor Antonio Andrés Pueyo, miembro del Grupo de Estudios Avanzados en Violencia de la Universidad de Barcelona, reflexiona que “asesinatos de hijos a padres y madres, aunque raros, hay. El caso del canibalismo cristaliza mucho más la atención, pero dudo que alguien pudiera haber previsto un comportamiento así a menos que el joven lo hubiera ido anunciando”.

Pueyo coincide en que historias en las que los hijos agreden a los padres son más frecuentes –“y más si se cruza un abuso de drogas”–, pero que terminen de manera letal, “no es nada fácil de predecir. Lo normal es que la circunstancia se alargue empeorando un poco o que mejore, pero no que acabe de forma fatal”. Según su criterio, “ese es la gran dificultad de los que trabajan con personas con trastorno mental grave. Es muy cambiante”.

Así que este caso ha pasado por debajo del radar de las instituciones. La Consejería de Asuntos Sociales explica que el joven “nunca ha sido atendido ni derivado a ninguno de nuestros recursos”. La regulación de estos servicios indica que se activan mediante un informe de los servicios de salud mental. En Servicios Sociales recalcan que un caso de estas características cae dentro de las competencias de los servicios de proximidad que son competencia del Ayuntamiento de Madrid.

Si cabía la posibilidad de que, ante una situación de convivencia familiar deteriorada, el Ayuntamiento había tomado cartas en el asunto, una portavoz del Área de Derechos Sociales de Madrid ha contestado a eldiario.es que “la ley de protección de datos nos impide hacer siquiera la consulta sobre un caso concreto”.