Los grandes difusores de fake news no son bots (rusos), somos las personas
El tema caliente en política internacional en 2017 no está soportando la evidencia científica que ha traído consigo 2018. Las investigaciones publicadas este año están rebatiendo la teoría de que el auge de Donald Trump, Marine Le Pen, la ultraderecha alemana o el Brexit se debe a las noticias falsas compartidas en redes sociales por ejércitos de bots, presuntamente programados desde el extranjero. La última, a cargo del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y publicada este jueves, relativiza el impacto de esos bots en la difusión de fake news y señala que son las personas las que las comparten a discreción: un contenido falso tiene un 70% más de posibilidades de ser compartido que uno real.
“Cuando eliminamos todos los bots en nuestro conjunto de datos, las diferencias entre la difusión de noticias falsas y verdaderas se mantuvieron”, ha explicado Soroush Vosoughi, coautor de la investigación. El MIT ha analizado el comportamiento de unos 126.000 contenidos compartidos en Twitter desde la creación de la plataforma en 2006 hasta 2017. Estos fueron tuiteados unos 4,5 millones de veces por tres millones de personas. El resultado es que un contenido real tarda mucho más en viralizarse que uno falso, al costarle hasta seis veces más alcanzar a 1.500 personas y unas 20 veces más ser el llegar a ser compartido por diez personas. Además, las mentiras siempre consiguen alcances más amplios.
Puede que los bots rusos y venezolanos sientan predilección por retuitear noticias falsas “con el objetivo de desestabilizar la democracia española”, como aseguró el presidente de Gobierno Mariano Rajoy o su ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. No hay estudios sólidos sobre los gustos de los bots, aunque sí sabemos que hay empresas ganando mucho dinero intoxicando el debate político online. En lo referente a las personas, el MIT es concluyente: a nosotros nos gustan más las mentiras. Si son sobre política, mejor. “Las noticias falsas políticas alcanzaron a más personas y fueron más virales que cualquier otra categoría de información falsa. También se difundieron más rápidamente y alcanzaron a 20.000 personas casi tres veces más rápido de lo que todo el resto de noticias falsas tardaron en llegar a 10.000 personas”, se explica en el texto. Para determinar la veracidad de las informaciones los autores utilizaron seis páginas de verificación cuyos posicionamientos coincidieron en el 95% de ocasiones.
El estudio comenzó en 2013, antes de que las noticias falsas se convirtieran en el centro de debates políticos en todo el mundo. Fue el uso de las redes sociales que hizo la opinión pública estadounidense para informarse del atentado en la Maratón de Boston de aquel año y el elevado número de rumores que circularon por ellas lo que espoleó a los investigadores a analizar cómo se comparten contenidos en Twitter. De hecho, los investigadores han preferido no utilizar el concepto ‘fake news’ dada la carga ideológica que ha adquirido en los últimos tiempos. En su lugar han empleando el término ‘false news’ (mientras que ‘false’ es la traducción literal de “falso” en castellano, ‘fake’ es más cercano al concepto de falacia, implica la voluntad de mentir o engañar).
“Piensa antes de tuitear”
Los autores del estudio han detectado que los usuarios de redes sociales tienen predilección por compartir “la novedad”. No obstante, indican que no han analizado cuál era su voluntad a la hora de compartir esos contenidos, si sabían que compartían información falsa o lo hacían de forma inconsciente. Adelantan que será necesario profundizar mucho más en la conducta de las personas al compartir una noticia falsa para desentrañarlo. Hasta entonces, dejan una sola recomendación: “Piensa antes de tuitear”.
El estudio del MIT refrenda la posición de las organizaciones de defensa de la libertad de información y los derechos digitales de toda Europa, que han pedido a los estados que sean muy cautelosos a la hora de legislar en materia de noticias falsas. Avisan de que existe un gran riesgo de promover normas liberticidas sin conocer por completo el problema que deben atajar o su alcance. Hasta que se delimite la presunta amenaza, recomiendan concentrarse en los usuarios y no en los contenidos: en línea con los investigadores, piden que que no se promuevan leyes que den pie a la censura de informaciones, sino que se oriente a los usuarios sobre cómo identificar noticias falsas o imprecisas para evitar que se compartan.
No obstante, algunos estados no han querido esperar y se han lanzado a legislar contra las fake news. Dos de los países que lo hicieron en 2017 fueron Francia e Italia. Sus ejecutivos, especialmente el de Emmanuel Macron, fueron muy criticados por recortar la libertad de expresión: “No todas las voces valen lo mismo”, dijo el primer ministro francés. Pocos meses después de que esas leyes entraran en vigor, el Instituto Reuters y la Universidad de Oxford hacían público un estudio que revelaba que menos del 1% de los usuarios de Internet en ambos países habían entrado en páginas de noticias falsas, donde además pasaron mucho menos tiempo que en los medios de comunicación contrastados (los franceses estuvieron 17 veces más tiempo en Le Monde que en las 20 webs de desinformación más visitadas del país juntas; los italianos, 59 veces más La Repubblica).
La ayuda está en camino
Las primeras pautas sobre cómo actuar contra las noticias falsas están a punto de llegar. La Comisión Europea formó en enero un “grupo de expertos de alto nivel” con representantes de asociaciones de periodistas, profesionales expertos en la detección de bulos, editores de medios de comunicación, ejecutivos de las redes sociales y políticos para proponer vías para atajar el problema. Sus recomendaciones se publicarán este próximo lunes. Aunque la UE recogió la necesidad de responder a la presunta amenaza que entrañan las noticias falsas defendida por algunos dirigentes políticos y medios de comunicación, la comisaria europea de de Economía y Sociedad Digital, Mariya Gabriel, recordó que la mayoría de ellas “no son ilegales” y que las legislaciones europeas y nacionales ya disponen de herramientas jurídicas para actuar contra las que sí lo son.
En España, la cuestión se ha tratado en la comisión mixta de Seguridad Nacional. Se puso en marcha en noviembre y de momento ha servido para poco más que para extender la confusión, con aseveraciones de que España está “en guerra” con Rusia por parte de senadores del PP y expertas que comparecen para informar de “hipótesis” de las que reconocen no tener pruebas. Mientras, todos los grupos políticos han presentado proposiciones no de ley con su posición sobre las noticias falsas, entre las que destaca la del PP por proponer la censura, recurriendo al eufemismo de “sellado de informaciones”. La única idea firme sobre la mesa es la de la ministra de Defensa, que propuso la creación de un “grupo de trabajo” similar al formado por la UE. Según ha podido saber eldiario.es, los letrados del Congreso todavía están analizando el encaje constitucional de la propuesta de Cospedal.
