Las promesas de Salvini contra los migrantes en Italia son “prácticamente imposibles” de cumplir

Menos de un mes después de su llegada al cargo, Matteo Salvini ha aparecido en los titulares de los medios de todo el mundo al prohibir la entrada en los puertos italianos a los barcos de rescate de inmigrantes con bandera extranjera. También por pedir un censo de gitanos en su país y por viajar a Trípoli “para ayudar a Libia y a Italia a bloquear la migración”.

El ministro de Interior italiano ha acusado a las ONG de “causar problemas” por rescatar a personas en el mar, calificando de “mentiras” las denuncias de violaciones de derechos humanos en los centros de inmigración libios. Salvini ha asegurado una y otra vez que su país no acogerá a “ni un refugiado más” y ha prometido que nunca permitirá que su país se convierta en “un corral de detención para toda Europa”.

No ha perdido ninguna oportunidad para mostrar su compromiso por detener las migraciones, la misma idea que ayudó a aupar al poder a su partido xenófobo de extrema derecha (La Liga). Pero se trata de una promesa electoral jurídicamente compleja y enormemente costosa. “Enviar a casa” a 500.000 migrantes sin papeles que ya están en Italia puede no ser tan fácil de cumplir.

“En la práctica, es imposible”, asegura Sergio Bontempelli, defensor de los derechos de los migrantes de la Asociación de Derechos y Fronteras. “Pero esto ha estado sucediendo durante muchos años. De repente llega un político y dice 'los enviaremos a todos a casa', pero son solo palabras que después la gente desafortunadamente se cree”.

Bontempelli comparó las tácticas de la campaña de Salvini con las del presidente de EEUU, que prometió construir un muro en la frontera con México para mantener alejados a los migrantes y obligar a México a pagar por ello.

“Las palabras importan mucho. No son las que producen directamente las deportaciones, pero sí que producen instigación al odio y a la violencia”, dijo Bontempelli.

El desafío puede que sea enorme, pero Salvini ha asegurado que está decidido a cumplir las promesas que hizo a sus votantes. El mes pasado, bloqueó la llegada de más de 600 migrantes que estaban a bordo del barco de rescate Aquarius y ha avisado a los demás que no son bienvenidos. El buque atracó finalmente en España.

En la página de Facebook del ministro, sus seguidores le animan cada vez que repite su promesa de “deshacerse de ellos”. Pero es probable que terminen decepcionados.

La primera anomalía en la retórica de Salvini es la cifra de 500.000.

“En este momento, no hay estadísticas creíbles del número de personas que hay en el país sin un permiso de residencia válido”, explica Christopher Hein, profesor de Derecho y políticas de inmigración en la Universidad de Luiss de Roma.

“También hay una mezcla entre las personas que han entrado irregularmente en el territorio y los que han entrado con un visado de entrada válido pero que se han quedado más tiempo del autorizado. Mientras que el ministro no revele su fuente, no puedo juzgarlo. Podría decir luego que son dos millones. ¿Cuál es la verdad?”, se pregunta.

Hein dijo también que se puede conseguir un indicador impreciso de cuántos migrantes sin papeles hay en Italia con los datos del número de personas que ha solicitado asilo. En el año 2017, se presentaron 130.000 solicitudes y se rechazaron 50.000. Sin embargo, muchos de los que en principio son rechazados obtienen después protección al apelar ante los tribunales.

Un proceso desorganizado, caro e inviable

El proceso de deportación en Italia es muy desorganizado, caro y, en gran parte, inviable. Cuando un inmigrante ilegal recibe una orden de deportación, primero se le da la opción de volver a casa voluntariamente, un proceso que habitualmente está organizado por las ONG. Pero muy pocos utilizan esta opción. Se calcula que en 2018 solo 1.500 personas tomarán este camino.

Si no se van a casa de manera voluntaria, se les da una fecha límite para salir del país: no hacerlo supone un delito. En esta fase, corresponde al inmigrante obtener los documentos y financiarse el viaje de regreso.

En el caso de los inmigrantes detenidos en uno de los cinco centros de identificación y expulsión (CIE), corresponde a las autoridades italianas obtener documentos de viaje de los países de origen –a menudo una tarea imposible dado que las autoridades relevantes en sus países de origen muchas veces no existen, no funcionan de manera eficiente o no quieren la devolución de sus ciudadanos– y financiar su regreso.

Italia solo tiene acuerdos bilaterales de deportación con Nigeria, Túnez, Gambia, Sudán y Egipto. Va en contra de la legislación de la Unión Europea devolver a gente a países en guerra o donde podrían ser condenados a pena de muerte o sufrir torturas y otros tratos inhumanos. Libia, asolada por la guerra, es el principal punto de salida para migrantes y refugiados, la mayoría de los cuales proceden de países de África subsahariana, que inician la traicionera travesía marítima hasta las costas del sur de Italia.

El año pasado se detectaron en Italia 31.624 extranjeros sin documentación, de los cuales 6.514 fueron repatriados, según los datos del Ministerio de Interior. “No cooperar con el país de origen significa que es imposible repatriar a un inmigrante irregular a menos de que este esté en posesión de un documento de identidad válido”, explica el Ministerio.

Una persona solo puede ser retenida en un CIE durante 90 días, aunque en algunos casos las estancias duran un año o más. También han recibido críticas por condiciones inhumanas. Si Italia no logra deportar a alguien, entonces se les pone en libertad bajo la orden de salir del país de forma voluntaria en el plazo de una semana. Pero la mayoría simplemente desaparece.

Salvini ha dicho que aumentará el número de centros de detención hasta 20, uno por cada región en Italia, con el objetivo de acelerar las expulsiones. Su predecesor, Marco Minniti, hizo una declaración similar el año pasado, pero no logró progresos.

“En realidad, estos centros nunca han funcionado”, señala Bontempelli. “Encierras a gente en una especie de prisión, causando sufrimiento, pero como mecanismo de deportación no tiene sentido”, añade.

El otro gran impedimento al plan de Salvini es el elevado coste. Además del coste de la identificación, detención, audiencias legales y vuelos, cada inmigrante deportado tiene que ser escoltado a un avión por dos agentes de policía a un precio de unos 3.000 euros. Se calcula que el coste total de repatriación de una persona está entre 6.000 y 15.000 euros.

“Regularizar inmigrantes (permitirles trabajar) sería mucho más barato e incluso permitiría contribuciones fiscales a las arcas del Estado”, señala Alessandra Ballerini, abogada especializada en inmigración y derechos humanos.

Salvini ha dicho que utilizaría el dinero que actualmente se gasta en acoger a solicitantes de asilo en pagar deportaciones masivas. El ministro de Interior le dijo a los votantes que la política de recepción del anterior Gobierno costaba 50.000 millones de euros.

Algunos de los costes de la recepción de inmigrantes, la integración y la deportación están pagados a través del Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración. “Pero se necesitaría el 90% del dinero del contribuyente italiano para deportar a 500.000 personas”, asegura Hein. “Ya se está accediendo al fondo y se seguirá haciendo, pero no será posible desplazar a medio millón de personas y decir que la UE debería pagarlo”, añade.

Traducido por Javier Biosca y Cristina Armunia