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Las claves del decreto andaluz contra la exclusión social

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Con un 36% de paro, con casi 500.000 hogares andaluces sin ningún ingreso, con 72.000 niños y 33.868 mayores en riesgo de pobreza, el Gobierno andaluz no ha querido quedarse de brazos cruzados y saca adelante un decreto-ley de medidas urgentes contra la exclusión social. Son medidas coyunturales para paliar una situación de "extrema dificultad" mientras la economía se reactiva, que lejos quieren quedar de la "paciencia" que aconseja el Gobierno central. No obstante, la norma tiene sus peros, porque no deja de ser la activación de medidas y recursos que ya estaban previstos.

Las propuestas más novedosas son el Plan de Acción Social y el impulso al ingreso mínimo de solidaridad, que combinados podrían dar una idea de lo que puede ser la ley de renta básica del futuro: un salario social vinculado a un empleo para la comunidad, como ya existe en Navarra y País Vasco (en Asturias hay una renta básica de emancipación, pero sólo orientada a jóvenes). De hecho, son los 44 millones que van al ingreso mínimo de solidaridad la partida más importante de este decreto (se sumarán a los 70 ya presupuestados), quizás en un intento de dotar un programa que en breve puede verse sobrepasado por la demanda. La cantidad a recibir son 397,67 euros por solicitante (62% del IPREM), a los que se suman 51,3 euros por cada miembro de la familia. Un factor fundamental de este decreto es que ahora se agilizará su concesión: en sólo dos meses.

¿De dónde sale el dinero?

La Junta activa 120 millones contra la exclusión social, pero en realidad estaban consignados en los presupuestos autonómicos para 2013, salvo esos 44 millones extra para el ingreso mínimo de solidaridad. La Junta prevé sacar el dinero para este salario social de lo que se vaya recaudando por Hacienda, pero lo cierto es que los ingresos están en caída, por lo que tendrá que buscar vías alternativas para obtener ese dinero y que tendrá que ir definiendo.

¿Qué regula este decreto-ley contra la exclusión social?

Está formado por tres programas: un plan de acción social (60 millones), un plan de solidaridad alimentaria (20 millones) y la agilización del ingreso mínimo de solidaridad y el programa de solidaridad para la erradicación de la marginación (44 millones).

Si eran urgentes y estaban previstas estas partidas en los presupuestos, ¿por qué no se ha puesto en marcha antes?

Había que esperar a la redacción del decreto-ley. Los presupuestos se aprobaron en diciembre de 2012, pero la complejidad del decreto está en que implica a varias consejerías, porque no sólo intervienen la Consejería de Salud y Bienestar Social y la Consejería de Administración Local, que son las que llevan el peso, sino que también intervienen de manera secundaria Educación, por los comedores escolares, así como Agricultura y Turismo y Comercio, en lo que se refiere al apartado de solidaridad alimentaria: para el aprovechamiento de alimentos perecederos se tendrán que llegar a acuerdos con productores hortofrutícolas y empresas de distribución.

¿Qué es el Plan Extraordinario de Acción Social?

La Junta pondrá en circulación 60 millones para promocionar el empleo entre quienes están en situación límite. El grueso del dinero, 40 millones, se canalizarán a través de los ayuntamientos para contrataciones de entre 15 días y tres meses de familias en riesgo de exclusión, es decir, los ingresos deben estar en el umbral del 1,5% del IPREM, unos 798 euros mensuales. Los salarios se estiman en una media de 1.000 euros.

Aunque son cálculos aproximados, la Consejería de Salud y Bienestar Social prevé emplear a 47.000 personas para trabajos de interés para la comunidad, pero que nunca sustituirán o suplirán las funciones de los empleados municipales.

El segundo apartado va dirigido al mantenimiento de los servicios de ayuda a domicilio. Habrá 20 millones para amortiguar los recortes del Gobierno central. El objetivo es mantener la ayuda a entre 12.000 y 15.000 beneficiarios, con un promedio de 20 horas de servicios, y la creación de entre 2.000 y 2.500 empleos.

¿Qué tienen que hacer los ayuntamientos?

Solicitarán en un plazo de quince días, a contar desde su publicación en BOJA (el jueves o el viernes), acogerse al programa y la Junta les transferirá el dinero que les corresponde, que se hará en función de la tasa de paro del municipio. Dada la urgencia, los contratos no tardarán más de 45 días en ver la luz. Está garantizado al menos un contrato por mes por municipio.

¿Por qué pide la Junta ayuda al Gobierno central?

Lo que persigue es que estos contratos queden exentos del pago de la Seguridad Social. Calculan un ahorro de unos 14 millones de euros que se podrían reinvertir en nuevos contratos.

¿Qué es el plan de solidaridad alimentaria?

Se trata de reforzar a nivel regional, territorial, comarcal y local la red de administraciones, instituciones, entidades, colectivos y ongs implicadas en el reparto de comida a los más necesitados, involucrando también a productores y comercializadores, y creando mecanismos para almacenamiento y distribución. Aunque es una parte importante, la medida estrella es el programa de tres comidas al día para menores y ancianos en riesgo de exclusión. Ahora mismo hay 72.000 menores que gozan de un 100% de bonificaciones al comedor escolar, pero hay 46.8000 niños que necesitan más de una comida al día, y a estos se les dará merienda y desayuno.

¿Cómo se dará el desayuno y la merienda?

En el caso de los desayunos, estos podrán resolverse en las aulas matinales y si no las hay, cuando el menor vaya a abandonar el centro. Junto con la merienda se le dará el desayuno del día siguiente.

El curso está a punto de acabar, ¿qué ocurrirá en los tres meses de vacaciones de verano?

El retraso del plan está en la elaboración del decreto, pero ahora su aplicación será inmediata ya que faltan apenas dos meses lectivos. Respecto al verano, unos 5.000 niños recibirán la comida en los campamentos o escuelas de verano que se organizarán en las denominadas zonas de transformación social. Los 40.000 niños restantes recibirán alimentos a través de la red de solidaridad alimentaria, es decir, comedores sociales, bancos de alimentos u otras organizaciones.

¿Por qué no abrir los comedores escolares como demandan los sindicatos o el Defensor del Pueblo, José Chamizo?

Según la Consejería de Salud, el gasto se multiplicaría porque la simple apertura de un centro educativo supone la contratación de personal, amén de proporcionar la comida, y porque este servicio bien se puede canalizar a través de esta red de entidades, ongs y colectivos.

¿Qué ocurre en los centros educativos donde no haya comedor?

La red de solidaridad alimentaria se articulará a nivel provincial y comarcal, pero con una coordinación autonómica, de manera que si no hay comedor, se hará llegar la comida a los menores a través de los bancos de alimentos, servicios de catering o comedores sociales. Incluso si se detecta alguna zona donde ninguna institución o administración llega, se buscarán respuestas. La idea es que las familias en situaciones extremas se les pueda diseñar un plan personalizado.

Aparte de los menores, ¿qué otras personas se pueden beneficiar?

Los mayores en riesgo de exclusión social también podrán beneficiarse. Se estima que un millar de personas pueden optar a estas tres comidas, que se podrán disponer a través de los centros de participación activa o de un servicio de catering. Sin embargo, no son los únicos, ya que los comedores en estos centros de participación ya se ofertan menús a bajo precio para 12.700 personas. El nivel de pobreza en los mayores de 65 años está más contenido en Andalucía gracias al colchón del complemento a las pensiones no contributivas que la Junta viene dando desde hace dos legislaturas.

¿Hay incompatibilidad entre las ayudas?

Las hay. Si se va a ser contratado por un ayuntamiento con cargo al Plan de Acción Social no se puede percibir el ingreso mínimo de solidaridad (sólo se puede recibir durante seis meses y una vez al año). Eso no quiere decir que no se pueda beneficiar de ayudas indirectas. La Junta calcula que cada familia recibe un promedio de 1.200 euros a través de los libros gratuitos a los menores, transporte escolar gratis, comedores escolares, medicinas gratis para menores de un año, aulas matinales.

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