Claves del nuevo choque entre la Junta y las universidades públicas andaluzas que reactiva la amenaza judicial

Diciembre de 2024. Los rectores de las universidades públicas andaluzas amenazan con llevar a la Junta a los tribunales ante “los graves incumplimientos” en materia de financiación. Un año después, firman una declaración institucional conjunta en la que exigen a la administración “el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos”, situando de nuevo al sistema universitario público andaluz al borde del conflicto judicial con el Gobierno autonómico.

Tras meses de negociación y una aparente tregua, los rectores han reactivado la amenaza de acudir a los tribunales al considerar que el reparto presupuestario aprobado para 2025 incumple –por segundo año consecutivo– el modelo de financiación aprobado por la propia Junta en 2023, así como otros acuerdos suscritos por el Gobierno autonómico.

Estas son las razones que alegan las diez universidades públicas andaluzas para reabrir el conflicto y rescatar la posibilidad de recurrir a la vía judicial para zanjarlo.

Una promesa incumplida: desaparece la partida de 16 millones

Uno de los principales detonantes del nuevo choque es la exclusión en el reparto presupuestario de los 16 millones de euros que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció públicamente durante el acto de apertura del curso académico. Según denuncian las universidades, esa partida extraordinaria, destinada a poner en marcha acciones específicas de digitalización y sostenibilidad, “simplemente ha desaparecido” de la orden definitiva.

Para los rectores, no se trata de una cuestión menor, sino del incumplimiento de un compromiso expreso asumido por el propio presidente del Gobierno andaluz en sede universitaria. Moreno señaló entonces que su Ejecutivo estaba “cumpliendo con todos los acuerdos suscritos hasta ahora y seguiremos cumpliendo”.

La cláusula de salvaguarda, de nuevo en el centro del conflicto

El segundo eje del desacuerdo es el incumplimiento de la cláusula de salvaguarda incluida en el modelo de financiación aprobado en 2023. Dicha cláusula –destinada a asegurar la estabilidad financiera del sistema– garantiza que las universidades reciban, como mínimo, el 100% de la financiación recibida el año anterior, más el importe correspondiente a las subidas retributivas aprobadas para el personal del sector público.

En ese sentido, las universidades reclaman, entre otros conceptos, la subida salarial retroactiva del 0,5% correspondiente a 2024, que han tenido que abonar este mismo año y que, sin embargo, no ha sido compensada en el reparto presupuestario de 2025. Para los rectores, esta omisión refuerza la idea de que el reparto no se ajusta a la realidad económica del sistema universitario ni a las obligaciones asumidas por la Junta.

El modelo de financiación también recoge una partida de nivelación concebida para corregir desigualdades entre universidades y garantizar una calidad homogénea en todo el sistema. Según el explica el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Paco Oliva, la financiación de nivelación prevista para 2025 es “claramente insuficiente” para cumplir ese objetivo, lo que provoca que el sistema no alcance siquiera el umbral mínimo establecido por el propio modelo.

Cantidades “infravaloradas” y gastos ya asumidos

Las universidades denuncian, además, que las cuantías recogidas en el reparto no reflejan el gasto real ya desembolsado por las instituciones académicas. En concreto, aseguran que se han infravalorado conceptos retributivos como trienios, quinquenios, sexenios y otros complementos salariales actualizados conforme a la normativa andaluza de función pública.

En el segundo reparto de 2025, la financiación destinada al pago de conceptos retributivos –por un importe de más de 37 millones– se transfiere como proyectos estratégicos, no consolidables. Esto significa que no se incorpora a la envolvente financiera del sistema universitario, contradiciendo el propio modelo, que establece que el pago de retribuciones debe ser consolidable para ejercicios futuros.

A ello se suman costes adicionales, como las cotizaciones sociales, que —según los rectores— no han sido correctamente incorporadas al cálculo, pese a tratarse de gastos obligatorios ya ejecutados.“Una merma más en nuestras arcas, ya de por sí tensionadas por una infrafinanciación crónica”, denuncian los rectores.

Cumplimiento de la LOSU, la reivindicación principal

La principal reivindicación que señalan las universidades públicas andaluzas es, en definitiva, “el cumplimiento estricto” de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU), que establece la obligación de garantizar una financiación basal suficiente. En particular, remarcan que la normativa estatal establece que dicha financiación debe cubrir, al menos, los gastos de personal, los gastos corrientes y las inversiones necesarias para el adecuado funcionamiento de las universidades públicas y para el cumplimiento de sus funciones de docencia, investigación, transferencia del conocimiento e innovación.

“El incumplimiento de este mandato legal, de carácter básico y vinculante, sitúa al sistema universitario público andaluz en una posición de clara vulnerabilidad financiera y supone una contravención directa del marco normativo estatal vigente”, alertan los rectores.

La vía judicial de nuevo sobre la mesa

Estas deficiencias en el reparto llevaron a que la mayoría de los rectores votaran en contra de la orden de reparto presentada en el Consejo Andaluz de Universidades el pasado martes. Paco Oliva calificó la orden aprobada como un conjunto de “omisiones completamente incomprensibles” y “recortes” respecto a los gastos efectivamente soportados por las universidades durante el presente ejercicio.

Tras meses de negociación, el rechazo mayoritario marca, a juicio de las instituciones académicas, el agotamiento de la vía del diálogo y la pérdida de confianza en la palabra del Gobierno de Moreno. Ante este escenario, las universidades públicas consideran que ha llegado el momento de “cumplir o cumplir”, como resume el portavoz del sistema universitario público. En caso contrario, aseguran que defenderán “el cumplimiento íntegro” del modelo de financiación a través de “las acciones legales que corresponden” para que se corrija el reparto.

Así, un conflicto que parecía encauzado vuelve a reabrirse y a situar a los tribunales como posible árbitro de un pulso que, alertan, pone en juego la viabilidad del sistema universitario público andaluz.