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Victoria "agridulce" de los conserjes del Museo del Ejército contra una contrata de Defensa

La Justicia obliga a Proman Servicios, la empresa adjudicataria del servicio de conserjes del Ministerio, a reincorporar a doce de los trabajadores despedidos  

La sentencia no contempla, sin embargo, la reincorporación de todos ellos, hasta una treintena, ni su petición para dotarse de un convenio laboral específico para su profesión

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Protesta de los trabajadores del Museo del Ejército / CCOO

Protesta de los trabajadores del Museo del Ejército / CCOO

"Hemos sentado precedente. Ahora ya saben que no pueden hacer lo que les dé la gana". Con estas palabras han valorado los trabajadores del Museo del Ejército de Toledo la sentencia que obliga a Proman, la empresa adjudicataria del servicio de conserjes y contratada por el Ministerio de Defensa, a readmitir a doce trabajadores que fueron despedidos de manera improcedente. Se trata de un conflicto laboral que se remonta a hace casi un año, cuando la empresa se hizo con la contrata y comenzó a despedir uno a uno a estos auxiliares.

Hoy la victoria es "agridulce", en palabras de Carlos Calvo, delegado sindical de CCOO, porque no han conseguido que se anule el despido de todos ellos, hasta un total de 32 trabajadores, y porque la sentencia no incluye su petición de dotarse de un convenio laboral específico, una de las causas que, según afirman, propició que la empresa "campara a sus anchas" y vulnerara los derechos laborales de los trabajadores. Al no existir, el convenio nunca se incluyó en los pliegos de la contrata con Proman.

La lucha que durante todo este tiempo han llevado a cabo los trabajadores quedó en manos de la justicia el pasado 5 de noviembre, cuando se celebró el juicio. Desde que iniciaron el proceso judicial, los trabajadores han querido hacer hincapié en la importancia que tendría la sentencia en cuanto a sentar un precedente contra determinadas contratas del Ministerio de Defensa. "No queremos dinero, solo que se declaren nulos nuestros despidos y poder volver a hacer nuestro trabajo. Combatir esta injusticia y que esto no vuelva a suceder", explicó en su momento Carlos Calvo.

Los hechos se remontan a principios de año, cuando tras adjudicarse Proman el servicio, despidió a la mitad de la plantilla. Después los despidos se sucedieron “uno a uno” al negarse los trabajadores de manera sucesiva a firmar nuevas condiciones laborales en contratos donde “desaparecían todos los derechos laborales” y donde se incluían festivos, pluses y horas extraordinarias en un sueldo de 600 euros mensuales.

Sin convenio colectivo

Los conserjes del Museo del Ejército pertenecen al denominado Lote 2 de los Auxiliares de Servicio y Control de Defensa a nivel nacional, pero en los pliegos que se firmaron por la nueva contrata no aparecía ningún convenio colectivo que les amparara y además “desapareció” la subrogación, es decir, la obligación de la empresa de mantener el personal de la adjudicataria anterior. En todos estos meses desde el inicio del conflicto, dos de esas subrogaciones se han ganado en los tribunales, pero el juicio celebrado ha buscado “ir más allá”: los trabajadores no solo pedían la nulidad del despido sino que se les incluyera en un convenio colectivo. “De esta forma se acabaría con la corrupción en ese campo y cada empresa que vaya a pujar sabe que ahí los derechos laborales están garantizados”.

Desde el principio, los trabajadores han denunciado la “prepotencia” con la que ha actuado la empresa adjudicataria, “como si tuvieran cubiertas las espaldas”. La explicación la han encontrado en el caso de corrupción del pasado mes de abril por el que fueron detenidos dos tenientes coroneles por supuesto cohecho en adjudicación de servicios del Ministerio de Defensa. Entre esas empresas se encuentra Proman.

“La misión de estos tenientes era asesorar en la condición de los pliegos de la contrata y no poner pegas a la hora de que les llegaran quejas. Es decir, en la empresa lo tenían todo cubierto y ha podido campar a sus anchas”, argumenta Carlos Calvo. Ahora, tras esta sentencia, confían en que "se tomen cartas en el asunto" y su lucha sirva como precedente para que las empresas adjudicatarias de Defensa no vuelvan a jugar con "nuestros derechos y nuestra dignidad".

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