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La Fiscalía pide la imputación de Torró por la 'Operación Aplauso'

El ministerio público reclama la citación por un presunto delito de prevaricación en la compra de un complejo de ocio cuando era alcalde de Gandía

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Arturo Torró, ex alcalde de Gandia

Arturo Torró, exalcalde de Gandia

Las sombras que acechaban el mandato del exalcalde de Gandía, Arturo Torró, del PP, se van convirtiendo en imputaciones. A la que ya sufre por las adjudicaciones a la trama 'Púnica', ahora puede sumarse otra por una de las maniobras con más claroscuros de su mandato; la denominada 'Operación Aplauso'.

La Fiscalía Provincial de Valencia ha pedido al juzgado decano de instrucción de Gandía la imputación de Torró por un posible delito de prevaricación en esa operación. Aunque no solo pide la comparecencia como imputado del exalcalde popular sino también la del exedil, y hombre fuerte del PP de Gandía ahora asesor del grupo municipal, Javier Reig. La instrucción arrancó a raíz de una denuncia del entonces concejal socialista Vicent Mascarell.

La operación realizada por el exprimer edil arranca cuando la empresa Vipei SA no paga una deuda al Ayuntamiento de Gandía de 1,3 millones de euros correspondiente al IBI. Para poder cobrarla y con el objetivo, a su vez, de ampliar el patrimonio municipal, Torró se inventa una maniobra: anuncia la compra de parte del complejo Gandia Palace por 6,7 millones de euros, propiedad de Vipei SA. La jugada debía frinanciarse alquilando a otra empresa las antiguas salas CineBox y otras dependencias del recinto -entre ellas una bolera- y restando de la compra la cantidad que le debía al Ayuntamiento Vipei. Así, el coste final se reduciría a 5,4 millones de euros.

Para firmar ese convenio se utiliza la empresa municipal Iniciatives Públiques de Gandía (IPG), vinculada a todos los casos sospechosos que han azotado el mandato de Torró. Éste, como presidente, y Javier Reig, como vicepresidente, son quienes estampan la firma en la operación, que la Fiscalía no ve acorde a la legalidad.

Asimismo, el ministerio público solicita al secretario y al interventor del municipio que les envíen sendos informe que emitieron entonces acreditando que la decisión era legal. También lo pide a la Intervención General de la Generalitat Valenciana, que también informó, y reclama al actual Ayuntamiento de Gandia que dé cuentas sobre el estado de la deuda con la mercantil implicada.

No obstante, la operación parece conllevar más irregularidades. Según apuntan fuentes de IPG, la compra de parte del complejo no estaría registrada. Pese a eso, la condonación de la deuda sí que se realizó por parte de la entidad pública. Desde la oposición, se denunció que la maniobra era “un trato de favor y un derroche innecesario” por parte del anterior equipo municipal a “un empresario amigo”.

Además, al entrar en concurso de acreedores Vipei, la propiedad de la sociedad pasó a manos de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reordenación Bancaria), el 'banco malo' que se ha hecho cargo de los activos tóxicos de la burbuja inmobiliaria.

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