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EU pide el refuerzo “urgente” de Fiscalía ante la “escandalosa” falta de recursos contra la corrupción

El diputado autonómico de Esquerra Unida Víctor Tormo junto a representantes de la PAH Castellón

elDiariocv

VALENCIA —

El diputado de EU en Les Corts Valencianas, Víctor Tormo, ha pedido un refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción en la Comunitat Valenciana dada la situación de “corrupción generalizada que sufrimos”. Para Tormo, la falta de recursos de los fiscales que investigan la corrupción es “escandalosa” y una “excusa del PP para entorpecer las investigaciones de asuntos de corrupción que afectan a dirigentes de su partido de manera casi generalizada”.

Tormo también considera “inconcebible” que los fiscales anticorrupción no tengan acceso al Registro Mercantil ni de la Propiedad o a las bases de datos de la Agencia Tributaria y ha elogiado su tarea porque “a pesar de todas estas increíbles carencias se ha avanzado en el combate contra la corrupción al País Valenciano”.

El parlamentario autonómico ha recordado que según un informe de la Comisión Europea, “en 2011 se perdió un 1% del PIB de la UE (unos 12.000 millones de euros) por la corrupción, un dato que muestra la gravedad de la situación”, e insiste en que es necesario “aumentar la eficiencia y los medios técnicos y humanos para hacer más efectivo el trabajo de los fiscales contra la corrupción que campa por nuestra administración pública”, y añadía que “con la avalancha de casos de corrupción gravísimos que afectan al PP valenciano y sólo contamos con dos delegados de la Fiscalía Anticorrupción: es la hora de aumentar efectivos”.

Tasas por la judiliciación de la política

La coordinadora general de EU, Marga Sanz, también se refería a la propuesta de la dirigente popular Isabel Bonig de generar una tasa por la judicialización de la política, “la señora Bonig debería saber que cuando la oposición acude a los tribunales es porque el PP le impide el ejercicio de sus derechos: acceso a la información y documentación, o cuando el Consell sistemáticamente no contesta a sus preguntas”.

Así, insiste en que ésta “es una vía extrema a la que se recurre para realizar sus tareas de fiscalización y control”, por lo que la idea de poner tasas judiciales a la oposición “constituye un ataque a sus derechos constitucionales y revela el acorralamiento del Consell ante una gestión corrupta del pasado de la que debe responder en el presente”.

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