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Enrique Ortiz, en el comienzo del juicio de Gürtel por la financiación ilegal del PP valenciano: "Aquí, a sufrir"

Este lunes comienza en la Audiencia Nacional la causa en la que se juzgará a empresarios y a la excúpula del PPCV de Francisco Camps

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El empresario Enrique Ortiz abona 8,8 millones que le reclama Hacienda

El empresario alicantino Enrique Ortiz EFE

A las 10.30 horas ha comenzado en la Audiencia Nacional el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano con las cuestiones previas y las conformidades de los nueve empresarios que se han declarado culpables. El primero en llegar ha sido el exvicepresident de la Generalitat Vicente Rambla, que ha llegado solo, mientras que poco después han hecho acto de presencia el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa junto a Yolanda García, extesorera del PPCV. El resto de encausados han ido llegando a la Audiencia Nacional de forma escalonada y por separado.

El empresario Enrique Ortíz, que se encontraba junto a los otros acusados y sus abogados fuera de la sala a la espera del inicio de la vista, ha saludado a la acompañante de uno de los imputados que le ha preguntado cómo estaba y éste le ha contestado de forma distendida: "A sufrir, aquí a sufrir".

Ya en la sala, el abogado de Pablo Crespo, Miguel Durán, ha pedido que se anulen las grabaciones que iniciaron el caso Gürtel. El letrado ha solicitado que se excluyan del proceso los audios del concejal del PP arrepentido que inició la causa José Luis Peñas y ha acusado a la fiscalía de "corruptela" en la causa. Tras la protesta de la fiscal, que ha pedido que no se lleve el debate a lo personal, la defensa de Crespo ha rectificado.

Durán también ha pedido que se anulen todas las diligencias posteriores a las escuchas ordenadas por Baltasar Garzón a los cabecillas de la trama en la cárcel. Estas grabaciones ya fueron anuladas en su día.

Los acusados

El Juzgado Central de lo Penal comienza este lunes, 15 de enero, a juzgar a empresarios y a la excúpula del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) liderado por el expresident Francisco Camps por la  presunta financiación ilegal de la formación en el marco de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008, cuyos actos fueron realizados por la trama Gürtel.

A continuación se detalla el listado de las 20 personas acusadas, sus cargos, los delitos y la petición de penas de la Fiscalía Anticorrupción.

Grupo Correa 

Francisco Correa Sánchez.- Empresario y cabecilla de la trama Gürtel. Fiscalía pide para él 24 años y medio de prisión por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008, un delito de falsedad documental y siete delitos contra la Hacienda Pública.

Pablo Crespo Sabarís.- Número dos de la trama Gürtel y exsecretario de Organización del PP en Galicia. Fiscalía pide para él 24 años y medio de prisión por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008, un delito de falsedad documental y siete delitos contra la Hacienda Pública.

Álvaro Pérez Alonso 'El Bigotes'.- Responsable de la empresa Orange Market. Fiscalía pide para él 27 años de prisión por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008, un delito de falsedad documental y ocho delitos contra la Hacienda Pública.

Cándido Herrero Martínez.- Consejero delegado y contable de Orange Market. Fiscalía pide para él 19 años y medio de prisión por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008, un delito de falsedad documental y cinco delitos contra la Hacienda Pública.

José Ramón Blanco Balín.- Asesor de Francisco Correa y considerado el 'cerebro' financiero de la trama*Gürtel. Fiscalía pide para él 17 años y medio de prisión por siete delitos fiscales.

Exaltos cargos del PP valenciano

Vicente Rambla Momplet.- Exvicepresidente de la Comunidad Valenciana. Fiscalía pide para él siete años y nueve meses de prisión por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

Ricardo Costa Climent.- Exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana y exdiputado regional. Fiscalía pide para él siete años y nueve meses de prisión por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

Cristina Ibáñez Vidal.- Exgerente del PP de la Comunidad Valenciana. Fiscalía pide para ella siete años y nueve meses de prisión por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

David Serra Cervera.- Exvicesecretario de Organización y exdiputado regional. Fiscalía pide para él siete años y nueve meses de prisión por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

Yolanda García Santos.- Extesorera del PP de la Comunidad Valenciana y exdiputada regional. Fiscalía pide para ella seis meses de prisión por un delito electoral correspondiente a las elecciones generales de 2008.

Empresarios que han pactado

Gabriel Alberto Batalla Reigada.- Administrador del grupo Lubasa Desarrollos Inmobiliarios. Ha aceptado la pena de un año y 9 meses por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

Enrique Gimeno Escrig.- Administrador de Facsa y Aguas de Castellón. Ha aceptado la pena de un año y nueve meses por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

Antonio Pons Dols.- Consejero de Piaf S.L. Ha aceptado la pena de un año y nueve meses prisión por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

Alejandro Pons Dols.- Consejero de Piaf S.L. Ha aceptado la pena de 1 año y nueve meses de prisión por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

Tomás Martínez Berna.- Consejero de Padelsa Infraestructuras S.A., secretario del Consejo de Administración de CHM Obras e Infraestructuras S.A. y consejero del Grupo Villalba S.L. Ha aceptado la pena de un año y nueve meses de prisión por dos delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y un delito de falsedad documental.

Rafael Martínez Berna.- Consejero delegado de Padelsa Infraestructuras S.A., presidente del Consejo de Administración de CHM Obras e Infraestructuras S.A. y consejero del Grupo Villalba S.L. Ha aceptado la pena de un año y nueve meses de prisión por dos delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y un delito de falsedad documental.

Enrique Tomás Ortiz Selfa.- Dueño del Grupo Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras S.A. Ha aceptado la pena de un año y tres meses de prisión por un delito electoral correspondiente a las elecciones generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

José Francisco Bevía García.- 'Número dos' del Grupo Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras S.A. Ha aceptado la pena de un año y tres meses de prisión por un delito electoral correspondiente a las elecciones generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

Vicente Cotino Escribá.- Sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino y presidente del Consejo de Adminsitración de Sedesa Inversiones S.L. Sedesa Obras y Servicios S.A. y de Fundación Sedesa. Ha aceptado la pena de un año y tres meses de prisión por un delito electoral correspondiente a las elecciones generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

José Enrique Fresquet Martínez.- Consejero de Padelsa Infraestructuras S.A. Le acusa la acusación popular ejercida por el PSOE valenciano y pide para él un año y seis meses de prisión.

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