“El asesinato de mi madre evidencia la corrupción y militarización de Honduras”
De las luchas de los pueblos indígenas frente a los proyectos extractivistas para la construcción de presas hidroeléctricas o de minerías, la que se libra en Honduras es quizás la más extrema. Con el índice de violencia más elevado del mundo y con más de un centenar de defensores del medio ambiente asesinados en el país caribeño entre 2002 y 2014, la muerte de la activista Berta Cáceres el pasado 3 de marzo no resultó extraña. Pero sí que tuvo una gran resonancia al tratarse de una líder indígena de proyección internacional.
Con el propósito de reclamar una comisión de investigación independiente que esclarezca la muerte de Cáceres y revelar al mundo la descomposición de Honduras desde el golpe de Estado en 2009, familiares y compañeros de la activista realizan una gira por Europa. Un trayecto que este martes ha tenido su parada en Valencia. Su hija Bertha acompañada de Rosalina Domínguez, miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) explican el conflicto con la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) por el proyecto de Agua Zarca. Y los efectos de la muerte de Cáceres.
“La muerte de mi mamá no es un hecho aislado. Forma parte de los actos represivos que el gobierno hondureño viene realizando desde el golpe de Estado a Manuel Zelaya en 2009”, afirma Bertha Zúñiga Cáceres. Una aumento de la represión que “ha incrementado las concesiones de presas hidroeléctricas y de minería a empresas trasnacionales”. El ejemplo más claro es el del proyecto impulsado por Desa, con la colaboración de los bancos FMO, Finnfund y la asociación de ingeniería Voith-Hydro (Siemens), que afecta al entorno de alto valor natural donde vive la comunidad indígena lenca.
“De estos proyectos se benefician siempre las oligarquías nacionales, los bancos que invierten, las personas del gobierno vinculadas a estas empresas, y que algunas veces son accionistas, y las empresas trasnacionales”, denuncia, para indicar que el gobierno de Honduras nunca ha escuchado las demandas de la comunidad lenca: “Ni ellos ni las empresas atienden a nuestras reivindicaciones”.
Zúñiga Cáceres responsabiliza del asesinato de su madre a “la empresa impulsora del proyecto y al gobierno de Honduras”. Y afirma que la muerte de la activista ha evidenciado “la situación de corrupción, violencia, militarización, apropiación del agua para terceros y sicariato” que vive el país caribeño desde la llegada al poder mediante un golpe de Estado del presidente Juan Orlando Hernández. “La muerte de mi mami, además, constata que el gobierno de Honduras no garantiza la vida de sus ciudadanos. Y que estos proyectos hidroeléctricos generan conflictos y violación de derechos humanos”, asegura.
“Si ha muerto una persona que por su trabajo de muchos años, trayectoria política, labor internacionalista y reconocimiento nacional era una líder indígena destacada, la vida no esta garantizada para nadie”, alerta. Pero afirma que “pese a este golpe a los movimientos sociales e indígenas, como lo fue la muerte del activista Tomás García, la reacción no ha sido de miedo. Ha sido de indignación”.
“La repercusión internacional ha logrado visibilizar este conflicto y la lucha contra el extractivismo”, señala. De hecho,los dos bancos europeos que financiaban el proyecto han suspendido la concesión de los créditos tras la muerte de la activista. Aunque desde el movimiento indígena no lo ven claro. De todas maneras, la lucha que lideró su madre no cesa. Sus compañeros y su hija la continúan.
