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Las razones del fin del 'absolutismo' del PP en la Comunitat Valenciana

Las encuestas vaticinan una debacle electoral de los populares de Alberto Fabra, que tiene muy complicado mantener la Generalitat Valenciana víctima de los casos de corrupción que afectan al PP, de la quiebra económica y los recortes, o de la debilidad de un candidato cuestionado

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El expresident Francisco Camps delante del president Fabra y el vicepresidente Císcar en Les Corts

La era de 'absolutismo' del Partido Popular en la Comunitat Valenciana parece que llega al final tras dos décadas de gobiernos autonómicos (Eduardo Zaplana, José Luis Olivas, Francisco Camps y Alberto Fabra), al menos eso es lo que aventuran las encuestas, que auguran una debacle electoral del PP, que podría perder más de 20 diputados respecto a 2011 -cuando obtuvo una contundente mayoría absoluta de 55 escaños sobre un total de 99-.

De confirmarse estos vaticinios, que no le permitirían revalidar el gobierno ni con el apoyo de la pujante Ciudadanos de Albert Rivera -con Carolina Punset a la cabeza-, los populares deberían abandonar el Palau de la Generalitat -previo acuerdo de la izquierda-. ¿Pero cuáles son las razones de este previsible descalabro?

1.- Los numerosos casos de corrupción que salpican al PP, que ha llegado a tener en Les Corts hasta once diputados imputados en diversas cuestiones. Éste ha sido el principal caballo de batalla del president Fabra en los últimos tiempos, que ha tenido que lidiar con sus imputados en el parlamento valenciano y con sus alcaldes procesados -con mayor o menor éxito, como  Sonia Castedo o Milagrosa Martínez- para que abandonen las instituciones.

Además, el jefe del Consell ha tenido que presenciar el continuo desfile de altos y exaltos cargos populares por los tribunales valencianos para testificar en diferentes causas judiciales - Gürtel, financiación irregular, Nóos, Brugal, Emarsa, caso Blasco...-, con algunos exdirigentes ya condenados e incluso ingresados en prisión ( Rafael Blasco, Carlos Fabra, Hernández Mateo...).

2.- La quiebra económica. Las arcas de la Generalitat Valenciana están vacías, con una situación próxima a la quiebra, en gran parte por culpa de la gestión del propio Gobierno autonómico, que ha sido víctima del despilfarro del pasado con inversiones millonarias e innecesarias. Pufos como la Fórmula 1, que le han costado a los valenciano más de  300 millones de euros, Terra Mítica, la Ciudad de la Luz, el Aeropuerto de Castellón...; abuso del clientelismo, con adjudicaciones a 'amigos', como es el caso de las residencias; sobrecostes en proyectos megalómanos, como ha sucedido con la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

A estos hechos se le suma la infrafinanciación - el modelo no será revisado tampoco en 2015- que padece la Comunitat Valenciana, que cada año recibe de las transferencias del Estado alrededor de 1.500 millones de euros menos de los que correspondería, un déficit que debe ser compensados por medio del Fondo de Liquidez Autonómica y del Plan de Pago a Proveedores. Este dinero, aunque sin intereses,  debe ser devuelto al ministerio de Hacienda. Además, existe una  deuda histórica valorada en unos 15.000 millones de euros del Estado con la Comunitat Valenciana.

3.- Los recortes. Esta situación de quiebra técnica económica ha obligado al Consell de Alberto Fabra a tomar decisiones polémicas y controvertidas, unas decisiones que han pasado por la aplicación de EREs y la eliminación de organismos y empresas públicas. El más escandaloso de esos cierres fue el que afectó a la radio y televisión públicas valencianas (RTVV), que dejó en la calle a uno 1.800 trabajadores. El 29 de noviembre de 2013, después de que el juez declarara nulo el ERE del ente público, el Gobierno autonómico ejecutaba la sentencia a muerte de Ràdio 9 y Canal 9, una ejecución retransmitida en directo por la propia televisión valenciana.

Estos recortes también han afectado a servicios públicos, como la educación -con eliminación de unidades y proliferación de barracones ante la falta de nuevas infraestructuras educativas-, la sanidad -con cierre de servicios e inversiones pendientes de ejecución- y la dependencia -donde se ha aplicado un  copago que se ha encontrado con la contestación pública de los usuarios de estos servicios y el rechazo de los tribunales-.

4.- Candidato débil y cuestionado. El president Fabra, por fin nominado candidato por el dedo de Mariano Rajoy tras una tensa espera, no acababa de convencer en la dirección del Partido Popular, que ha tanteado sin éxito posibles alternativas al líder de los populares valencianos ( González Pons, García Margallo...). Finalmente, Génova se decantó por el amortizado Alberto Fabra, previsiblemente candidato a gestionar una victoria pírrica, sin apenas opciones de gobierno.

Así mismo, estamos ante un líder cuestionado internamente por pesos pesados del PP valenciano, como su actual vicepresidente (el dirigente alicantino José Císcar), el presidente de la Diputación de Valencia ( Alfonso Rus) o la eterna alcaldesa de Valencia ( Rita Barberá), enfrentada a Fabra y muy próxima a Mariano Rajoy. Precisamente, los  barones provinciales del PP se negaron a suscribir un documento de apoyo a la candidatura del jefe del Consell con la excusa de que no era necesario.

5.- La crisis y el desgaste del Gobierno de Rajoy. Evidentemente, al PP valenciano también le va a pasar factura la situación nacional. La Comunitat Valenciana no es ajena a la crisis económica global, y si en su día se aprovechó del boom de la construcción, posteriormente fue una de las principales víctimas del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, con el consiguiente incremento exponencial del paro. A pesar de que Alberto Fabra se empeñe en vender -al igual que Rajoy- la recuperación económica, lo cierto es que la Comunitat Valenciana tiene alrededor de 100.000 trabajadores menos que cuando empezó la crisis - se han perdido 61.000 empleos en la 'era Fabra'-.

Y los populares valencianos tampoco son ajenos al desgaste del Gobierno de Mariano Rajoy, con sus incumplimientos de promesas electorales y recortes, así como las polémicas reformas laboral y educativa aplicadas por Madrid.

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