“He visto cómo Lanbide pide el recibo de la compra a perceptores de la RGI”
El economista Iñaki Uribarri lo tiene claro: “El plan de reforma de la RGI presentado por el Gobierno vasco tiene como objetivo fundamental el recortar gasto en la lucha contra la pobreza a pesar de las 123.000 personas que siguen siendo pobres. La aplicación de estas propuestas supondrían aumentar aún más la pobreza en Euskadi de una manera indignante para una sociedad rica como la nuestra”. Uribarri es portavoz de la plataforma contra la exclusión Argilan, una de las organizaciones que acaba de pasar por la comisión de Empleo y Políticas Sociales del Parlamento vasco para dar su opinión sobre la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que prepara el Ejecutivo de Vitoria y que augura una intensa discusión entre los partidos. Argilan es una de las plataformas más activas contra los recortes que ha ido aplicando Lanbide (que es el encargado de gestionar la prestación) en la RGI en los últimos años.
La reforma de la ley que regula la RGI ya ha llegado a la Cámara, pero antes de que los partidos entren en faena, el turno de hablar les está correspondiendo a expertos, organizaciones contra la exclusión y entidades del Tercer Sector para que hagan sus aportaciones. Las líneas generales de la reforma -ya esbozadas por la consejera, la peneuvista, Beatriz Artolazabal- se dirigen a ampliar las ayudas para las familias pobres con hijos, pero también estrechan el control para evitar el fraude en las prestaciones.
Por ejemplo, se plantea dar una ayuda por domicilio, abierto a excepciones. Para Uribarri, “conceder una sola RGI por hogar significa que aquella gente que no pueda alquilar un piso y tenga que vivir con otra perderá la prestación”. “Igual que la sanidad, la educación o las pensiones, la RGI es un derecho de toda la ciudadanía, el derecho a un ingreso mínimo que nos permita vivir dignamente que en cualquier momento podremos usar si antes no se lo han cargado”, apunta.
Renta básica incondicional
“He llegado a ver”, añade, “a perceptores de la RGI a los que Lanbide les ha pedido hasta el recibo de la compra porque le extrañaba”. Su conclusión es que el Servicio Vasco de Empleo está diseñado para “funcionar mal”. ¿En qué sentido? “Pues en el sentido de que Lanbide se está especializando en perseguir a la gente sin recursos. Y no solo es que se les persiga al principio del proceso, cuando se les exige multitud de trámites para tener acceso a la RGI, que puede ser lógico, es que a lo largo de todo el tiempo que está en Lanbide se le exigen cosas que no se pide a nadie más. Es como si el servicio Público de Empleo obligara a los desempleados que cobran prestación a demostrar en qué gastan ese dinero”.
La otra gran crítica de Uribarri es que 30 años después de empezar a funcionar el ‘salario social’ ahora conocida como RGI la pobreza se mantiene prácticamente inalterable. “No se ha erradicado la pobreza, sino que se han aumentado los sistemas de control. Lo que le preocupa al Gobierno vasco ahora es que si no hay controles más efectivos y si no se expulsa a gente del sistema esto puede suponer un desastre porque la RGI cubre huecos que tendría que cubrir el buen empleo, las buenas pensiones….”.
Uribarri puede aceptar el principio de que la reforma vaya encaminada a hacer más sostenible el sistema, pero “es a costa de endurecer las condiciones para los que menos tienen y más lo necesitan”. En su opinión, un sistema maduro como el de la RGI solo tiene dos alternativos: o da el paso y se convierte en una renta básica incondicional o “cada vez se degrada más y pasa a dominar el control”.
