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El 60% de los trabajadores pobres accede a la RGI para completar su salario

Una manifestación contra la pobreza.

Eduardo Azumendi

Uno de los sistemas de garantía de ingresos que ha planteado una apuesta más decidida por complementar el salario de lo que se conoce como trabajadores pobres es la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) del País Vasco, una herramienta desarrollada durante casi tres décadas en la comunidad autónoma. Históricamente, el modelo vasco de bonificación del trabajo de bajos salarios se ha materializado mediante la figura de los estímulos al empleo contemplada en la RGI, que permitía no computar la totalidad de los ingresos laborales. Joseba Zalakain, director del Centro de Documentación y Estudios (SIIS) de la Fundación Eguía Careaga ha analizado el papel el papel de los sistemas de garantía de ingresos en el abordaje de la pobreza en el empleo y, en concreto, la experiencia del País Vasco.

Entre sus conclusiones, destaca que en ausencia del sistema RGI y las Ayudas de Emergencia Social (AES), el 4,3% de las personas en familias vascas en las que hay al menos una persona ocupada estaría en 2014 en una situación de pobreza real. Además, en torno a un tercio de todas las personas en situación de pobreza real antes de la percepción de RGI / AES en Euskadi pertenecen a familias en las que hay al menos una persona ocupada. Prácticamente, un 60% de las personas afectadas por la pobreza laboral acceden al sistema RGI / AES, lo que permite reducir la incidencia de este tipo de situaciones al 2,54% del colectivo (lo que supone una reducción de la pobreza del 42%).

La reducción de la pobreza que estas ayudas consiguen en el colectivo vinculado al empleo (42%) es inferior a la que se alcanza para el conjunto de la población que percibe estas ayudas (en cuyo caso, la pobreza real se reduce en un 61%). Ello ocurre a pesar de que el sistema es mucho más eficaz a la hora de sacar de la pobreza a las personas con vinculación laboral que aquellas que no lo tienen.

“El propósito de la norma”, explica Zalakain, “es el de evitar que la percepción de las prestaciones de garantía de ingresos desincentive el acceso a un empleo”. En la práctica, el sistema establece un doble sistema de baremos para la prestación de garantía de ingresos: uno para personas sin ingresos de trabajo y otro para personas con ingresos por este concepto. El fundamento de esta actuación es garantizar en todos los casos un mayor nivel de ingresos cuando se accede a un trabajo. “Una implicación importante de esta política es que traspasa la frontera de la mera lucha contra la pobreza, contribuyendo al acceso a mayores niveles de bienestar de diversos colectivos, en particular los caracterizados por el acceso a salarios y pensiones de cuantía modesta”.

Mejorar el nivel del empleo

El desarrollo de todos estos programas, según Zalakain, ha contribuido a consolidar la idea de que la introducción de los programas de garantía de ingresos no solo no debe perjudicar, sino que pueden contribuir a mejorar el nivel de empleo. “Se ha demostrado además que estos mecanismos contribuyen de forma relevante a aumentar el nivel de ingresos de la población trabajadora con bajos salarios, previniendo la pobreza en el colectivo y aumentando sus niveles de bienestar”.

Por otra parte, en relación a Euskadi, los datos recogidos en este artículo ponen de manifiesto que estas dos lógicas, la de protección del empleo de bajos salarios y prevención de la trampa de la pobreza, han estado presentes en el diseño del sistema vasco de garantía de ingresos. Sin embargo, resulta paradójico que “al tiempo que se enfatizaba en el marco normativo la lógica de la rentabilización del empleo y la necesidad de evitar la trampa de la pobreza, se introdujeran a partir de 2010 una serie de limitaciones y restricciones al uso del dispositivo de estímulos al empleo, justo en sentido contrario a lo que el espíritu de la normativa señalaba y a lo que se planteaba en países de nuestro entorno, donde se daba carácter permanente y estructural a este tipo de mecanismos”

Aun con las limitaciones introducidas en los últimos años, el análisis realizado prueba que “el sistema de estímulos al empleo vinculado a la RGI ha sido capaz de reducir de forma significativa el fenómeno de la pobreza laboral entre la población vinculada al mercado de trabajo en Euskadi, sin arrastrar a la baja los salarios y consiguiendo una tasa de acceso a la prestación superior a la que se registra en países que han dedicado mayores recursos a estas prestaciones”.

Sin embargo, Zalakain cree que sería conveniente plantear a la mayor brevedad posible una reflexión sobre el impacto de las actuales restricciones temporales que se aplican al sistema de estímulos al empleo en el marco de la RGI, así como revisar las cuantías máximas establecidas para quienes compatibilizan empleo y prestaciones. “No cabe duda de que, en la actual coyuntura económica, el perfil de beneficiarios de la RGI que más va a crecer va a ser el de los trabajadores pobres: el modelo vasco de RGI debe adaptarse a esa realidad y articular mecanismos que, por una parte, no obstaculicen el acceso de esas personas al empleo y, por otra, mientras el empleo de bajos salarios sea una realidad, garanticen a quienes trabajan unos niveles de renta suficientes”.

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