Cuando los depredadores huelen sangre

Se diría que un hilo une hoy a la BBC en crisis, con Donald Trump y con el juicio en España al fiscal general del Estado y cuanto le rodea. Y verán enseguida por qué. El periodismo está siendo atacado, pero no por el poder oficial sino por quienes aspiran a él, fraudulentamente, e incluso con la complicidad de medios vendidos a sus intereses políticos. Le llaman polarización, como etiqueta disuasoria para no ir al fondo del problema. En realidad, ocurre que la democracia está siendo atacada por un movimiento de ultraderecha internacional que cuenta con grandes recursos para hacerlo. Luego cada país afectado apechuga con lo suyo propio además.

La BBC británica ha sido siempre la joya de la corona de la televisión. Hubo un tiempo en el que todos los países querían tener su BBC y gran parte de los periodistas trabajar en ella. Desde hace años ya, sufre acosos desde diversos flancos, pero sigue siendo un medio con controles exhaustivos para preservar su imparcialidad. El gobierno de turno solo está -en teoría- como supervisor. Ahora se encuentra sumido en una gran crisis: ha dimitido su director general Tim Davie y la directora ejecutiva de BBC News, Deborah Turness, la jefa de informativos. Él, por solidaridad con ella.

La crisis se genera por un informe del asesor supuestamente independiente Michael Prescott, que critica la edición incorrecta de un documental sobre Donald Trump emitido hace un año sobre su responsabilidad en el asalto al Capitolio. Pero señala también un enfoque a favor de Gaza en los informativos, cuando otras fuentes se quejan de que a menudo la BBC ha defendido a Israel, incluso el genocidio a los palestinos. Censura el informe además, con duras palabras, el tratamiento de los derechos de las personas trans en la cadena. Con anterioridad, Prescott fue editor político del Sunday Times, propiedad de Murdoch. Y este informe se filtró al Telegraph, veterano periódico conservador, de extrema derecha en la actualidad.

El problema reside en que Donald Trump, el mismo que ha hecho del bulo su estrategia política, les amenaza con una demanda por difamación de mil millones de dólares si no rectifican y, entre las opiniones diversas que estas cosas suscitan hoy en día, algunos como el analista Owen Jones creen que la BBC se ha rendido al presidente estadounidense. Ese que cree serlo del mundo y que de facto parece que lo está consiguiendo. Su lucha contra los medios más prestigiosos de su país es ya un clásico, hasta al New York Times veta, y parece que ahora se propone meter mano en otros países. La BBC es el medio de más prestigio en Estados Unidos y, a pesar de los avatares también lo conserva en Gran Bretaña. En Estados Unidos sí es el poder político el que ataca al periodismo. Con toda claridad. Pero no debe ser suficiente para Trump y puede que esta viñeta de The Guardian sea la más rotunda explicación.

En España es al revés. Los medios al servicio de la derecha-ultra-derecha arrecian sus embestidas sin el menor pudor contra el gobierno, y sobre todo contra el presidente y su entorno. El júbilo se ha desatado en la fachosfera político-mediática al conocer los titulares de la crisis en la BBC, parece que no han ahondado mucho más. Antonio Caño, el director que hundió a El País, sin ir más lejos lo contempla como un ejemplo a seguir. Han visto el cielo abierto para asociarla a RTVE que, por fin, tras tanto tiempo en manos del lobby del PP en los informativos está informando para su desesperación. RTVE también cuenta con un caballo de Troya como Prescott en el sorprendente nuevo Consejo de Informativos que, al contrario de gran parte de sus predecesores, no para de emitir duros comunicados contra la -hoy- exitosa y mucho más rigurosa TVE.

Lo de España es peor aún. En todas las horas de todos los días tenemos a alguna cabeza señalada del PP llamando corrupto al PSOE, a Sánchez, y a toda su parentela. Con esa rabia destructora del que se muere de envidia como personifica en particular Alberto Núñez Feijóo, ahora todo el tiempo en un atril frente a un micrófono para asegurar por ejemplo: “Hay una presunta organización criminal hecha partido y luego hecha Gobierno”, con la condena por corrupción de su partido y la treintena de casos pendientes de juzgar.  Es un martilleo muy molesto, muy peligroso para la democracia, que al parecer cala en algunas cabezas que odian a Sánchez sin saber ni por qué. En el PP sí hay alguna explicación. Si recuerdan el empecinamiento con el que Pablo Casado, el eximio presidente que se cargó Ayuso, trataba de evitar que nos diera Bruselas los fondos estructurales por todos los medios, tendrán una clave. Debían ser órdenes muy firmes de la organización. Es mucho dinero a gestionar -o lo que sea- el que pierden fuera de La Moncloa. Sumado al presupuesto nacional es un caramelo demasiado apetecible.

Es como si a España estas bandadas de furia y bulos se le hubiera ido de las manos. Pero es que igual no hay bastantes para atajar semejantes ataques continuos. El contexto que está circundando el juicio al fiscal general del Estado es escandaloso. Ya no es solo que empleados de medios con derecho a publicar ataquen a periodistas por preservar el secreto profesional o crean que todos mienten como ellos por interés. Además, se le está negando la libertad de expresión a Pedro Sánchez, cuando todo quisque opina como expertos -y expertas- sobre la justicia.

 Parece que tenemos que olvidarnos de que la justicia emana del pueblo y la administra el Poder Judicial, según el artículo 117 de la Constitución, y asumir que en realidad reside en el Olimpo y sus dioses no pueden ser ni criticados. Y que no vale ya el precepto de que todo acusado es inocente hasta que no le condenan -con pruebas- y no tiene que demostrar él su inocencia.

“Esto no había ocurrido en ningún momento de nuestros 50 años de democracia. El presidente interfiriendo delante del Supremo”, dice Feijóo. Se han levantado prácticamente en armas contra el presidente del gobierno por sus declaraciones a El País cuando hoy mismo, por ejemplo, El Mundo lleva a portada una de sus singulares encuestas para afirmar que la mayoría absoluta de los españoles cree que el fiscal es culpable. Y nadie ha protestado. “Un simulacro de democracia”, escriben desde medios que se permiten atacar con bulos la estabilidad del país, con toda impunidad, cuando en los tiempos que añoran y buscan les hubieran cerrado el medio por cualquier crítica. Y, entre los principales crispadores del PP, Tellado sigue erre que erre y dice: “el fiscal general delinquió presuntamente siguiendo órdenes de Moncloa” pese a que el Supremo lo descartó. Y a que no tiene ninguna prueba.

Otros dos periodistas han testificado que conocían el contenido de la confesión de Alberto González Amador antes que el fiscal: Miguel Ángel Campos de la Cadena SER y José Manuel Romero, entonces subdirector de El País y hoy director adjunto de elDiario.es. Este último ha precisado que lo supo por una fuente solvente de la Fiscalía de Madrid.

Es tal la inconsistencia del caso que, a falta de ninguna prueba alguna, se aferran al borrado del móvil de García Ortiz como indicio. Y hasta eso se lo ha desmontado el fiscal de protección de datos

Ahora bien, el patetismo del caso se refleja en cómo la inmensa torpeza de Miguel Ángel Rodríguez, cargo público al servicio del novio de la presidenta de Madrid, ha convertido la discreción que pedía el tipo acusado de delitos fiscales y falsedad documental en algo con eco internacional ya.

 Fiscales y magistrados europeos han transmitido en un artículo de opinión su «gran inquietud y preocupación con lo que está ocurriendo en España» con motivo del juicio «sin precedentes» contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y han alertado del riesgo de que procesos «oportunistas pueden tener como único propósito judicializar el enfrentamiento político y partidista y minar la credibilidad e imagen pública de la justicia, de los tribunales o de la Fiscalía».

Lo firman Hans-Ernst Böttcher, magistrado honorario (Alemania); António Cluny, fiscal general adjunto y exrepresentante en EUROJUST (Portugal); Simone Gaboriau, magistrada honoraria (Francia); Mariarosaria Guglielmi, fiscal (Italia); Filipe César Marques, juez de derecho (Portugal); y Gualtiero Michelini, juez del Supremo Tribunal (Italia).

Con semejante engrudo el daño ya está hecho y será determinante la sentencia que dicte este tribunal. El peligro de que deje desprestigiado al Supremo de España es enorme por todo cuanto está ocurriendo ya desde la instrucción. ¿Hasta qué punto llegará todo esto cuando el fascismo trumpista impone decisiones incluso en otro país, Gran Bretaña, y en su más valorado medio informativo? Cuando, en síntesis, la verdad y el periodismo están siendo acosados.

El pulso es duro y muchos no advierten que en momentos cruciales como este lo esencial es ir al grano, al eje del problema. Sigo sin entender cómo se ha consentido en España dejar crecer a este extremo la lluvia de insultos y bulos, las trampas con toda impunidad. Y cómo no se ataja, porque desde hace tiempo ya, cada paso es a peor. La permisividad acrecienta los problemas. Y es lo que resume la brillante viñeta de Ben Jennings en el Guardian: “Tras oler sangre, los depredadores cercan a sus presas”, a las siguientes presas; todas las que quieran potencialmente.