FACUA denuncia que el teléfono de información sobre dependencia en Andalucía es “un contestador automático”

FACUA Andalucía ha denunciado ante la Consejería de Inclusión Social y la Agencia de Servicios Sociales de Andalucía que el teléfono habilitado por la Junta para ofrecer asesoramiento sobre la Ley de Dependencia (900 166 170) es “completamente inútil”, ya que “independientemente de la opción que se marque no permite hablar con ningún operador”.

Según la federación que defiende los derechos de los consumidores, el número “que supuestamente debería servir para asesorar a personas que necesitan ayuda con la gestión y tramitación” de la ayuda “no es más que un contestador automático con varias locuciones grabadas”, que impide resolver dudas o conocer el estado de los expedientes. “Más allá de la opción que se elija, la llamada finaliza sin que se ofrezca la posibilidad de hablar con nadie”, critican.

Fuentes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad consultadas por este periódico aseguran que el número denunciado por FACUA es un “teléfono de información generalista” sobre cómo realizar los trámites, pero no para consultar casos concretos ni acceder a información individualizada, pues la ley de protección de datos impide facilitar información personal por vía telefónica. Las dudas sobre expedientes concretos, añaden, deben resolverse “a través de la ventanilla electrónica o de manera presencial”.

Expedientes que se resuelven “mal y tarde”

Aun así, FACUA considera “vergonzoso” que un servicio dirigido a personas dependientes y sus familias se limite a reproducir mensajes automáticos, sin ofrecer la posibilidad de atención humana. “La consejera Loles López y el director gerente de la Agencia de Servicios Sociales de Andalucía, José Repiso, están faltando al respeto a las familias con esta falta de información sobre unos expedientes que se vienen resolviendo mal y tarde, incumpliéndose sistemáticamente los plazos legales”, señalan desde FACUA, en alusión a que los plazos legales de seis meses establecidos por ley se superan en Andalucía hasta más de dos años.

La organización recuerda que esta demora “deja a miles de personas en situación de vulnerabilidad y a sus familias en un limbo administrativo”. Por eso reclama a la consejera Loles López y al director gerente de la Agencia de Servicios Sociales de Andalucía, José Repiso, más recursos para agilizar los expedientes y ofrecer atención personalizada “para que las personas que llamen al teléfono de información a la dependencia puedan hablar con una persona que les pueda escuchar y aclarar dudas sobre sus expedientes”.