El PP acusa a Barbón de “mirar hacia otro lado” ante las “prácticas mafiosas” en la mina de Zarréu

El Partido Popular (PP) ha acusado este martes al Gobierno de Adrián Barbón de haber mirado hacia otro lado ante las “prácticas mafiosas” que se daban en la mina de Zarréu y de haber propiciado que la empresa que la gestionaba cometiese una ilegalidad que costó la vida a cinco trabajadores el pasado 31 de marzo.

“Su gobierno, por acción o por omisión, miró hacia otro lado ante prácticas mafiosas”, ha afirmado el diputado popular Rafael Alonso durante la pregunta que ha hecho al consejero de Ciencia, industria y Empleo, Borja Sánchez, en el pleno que celebra hoy el parlamento autonómico.

Las declaraciones de uno de los heridos

El parlamentario popular presentó a última hora una pregunta de actualidad relacionada con la entrevista que el diario 'La Nueva España' hizo a Enrique Ramón Martínez, el trabajador que sobrevivió en la mina de Cerredo al accidente registrado en octubre de 2022, en el que un compañero perdió la vida.

En ella aseguraba que todos sabían lo que estaba pasando en la mina de Zarréu y que, si tras su accidente se hubiese dicho la verdad, quizás no hubiesen muerto tres años después cinco trabajadores en la misma explotación.

El “descontrol” del Ejecutivo regional

Según Alonso, sus declaraciones han puesto de manifiesto “la gravedad y el grado de descontrol y pasividad en el Gobierno de Asturias a la hora de controlar la actividad en Cerredo”.

“El Gobierno de Barbón debe explicar qué no hizo para evitar el accidente. No puede tomar el pelo a los asturianos y a las familias de los fallecidos porque todo el mundo sabía que se sacaba carbón”, ha subrayado el diputado popular antes de preguntarse si “solo lo desconocían en el Gobierno” o si éste “va a mantener este engaño para mantenerse políticamente con seis muertos en la explotación” en los últimos tres años.

El “ascenso” de los consejeros

En su opinión, la Dirección de Minas y el Gobierno asturiano “propiciaron que la empresa, pese a sus antecedentes, cometiera una nueva ilegalidad que costó la vida a cinco personas y la respuesta de Barbón fue ascender a sus consejeros” sin tener en cuenta las denuncias de funcionarios, particulares o empresas.

Ha añadido que, aunque “lo sabían todo y conocían todo lo que pasó en el accidente de agosto de 2022”, el Gobierno asturiano “lo que hizo fue premiar a estos desalmados con una autorización exprés”, actuando con la “máxima diligencia en nuevas autorizaciones mineras con un objetivo claro: sacar carbón”.

“Es una indecencia política”, ha afirmado Alonso para quien está claro que “este Gobierno lo sabía todo desde el minuto uno”, pero que “mantuvo una pasividad que ha supuesto muertes y vergüenza colectiva” por un accidente “que podría haberse evitado porque todos lo sabían”.

Expedientes sancionadores

Ante estas acusaciones, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha señalado que a raíz del accidente registrado en la mina de Zarréu en octubre de 2022 se incoaron dos expedientes sancionadores a la empresa titular de los derechos de explotación a Combayl (Combustibles Asturiana y Leonesa), posteriormente cedidos a Blue Solving, que formaba parte del mismo entramado societario.

En ambos expedientes, ha añadido Sánchez, el Servicio de Minas del Principado tomó declaración a los empleados y testigos, entre ellos, al trabajador que perdió una pierna en el accidente de 2022, y que toda esa información ha sido remitida a la comisión constituida en el seno del parlamento autonómico para investigar el accidente.

“Saben perfectamente cómo actuó la administración después de tomar estas declaraciones”, ha señalado Sánchez tras recordar que el accidente de Zarréu se encuentra bajo secreto de sumario.

La indemnización

Según el consejero, a raíz del testimonio de Enrique Ramón y de otros testigos se iniciaron dos expedientes sancionadores a Combayl , uno de ellos por la explotación de recursos mineros sin contar con autorización para ello, que derivó en una sanción de 20.000 euros, aunque finalmente la empresa solo pagó 12.000.

Esa sanción impuesta en mayo de 2024 acredita que la empresa no tenía autorización para sacar carbón ya que solo disponía de permiso para la recogida de material y acopios de carbón preexistentes.

El compromiso

El segundo expediente sancionador está relacionado con incumplimientos en materia de seguridad laboral por parte de la empresa, si bien su tramitación se encuentra suspendida al seguir abierto un procedimiento en un juzgado de Cangas del Narcea, ha recordado el consejero.

“Soy consciente de la gravedad del accidente y reitero mi compromiso de colaboración con el esclarecimiento del accidente en el que fallecieron cinco mineros para que esto no vuelva a ocurrir en la comunidad autónoma”, ha concluido.

La explosión registrada el 31 de marzo en el nivel tercero de la mina de Zarréu se produjo por la acumulación de grisú en un punto en el que, al parecer, se estaba extrayendo carbón de forma ilegal ya que la empresa titular, Blue Solving, solo disponía de un permiso para retirar maquinaria y material para chatarra, así como los acopios de carbón que pudiera haber en el interior de la explotación, cerrada desde 2018.