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Desahucios: ¿se ha iniciado el deshielo?

Todo parece indicar que las sentencias de jueces españoles paralizando o dificultando desahucios seguirán creciendo

Paralizan el desahucio de una víctima de violencia de género pedido por su marido

Ya casi no es noticia que un juez haya paralizado un desahucio de una familia pobre que ocupa la que fue su casa u otra ajena (ejemplos del pasado 2014: Girona Mieres y Córdoba). Y ello tiene su origen en dos fuerzas de presión a las que los jueces españoles, afortunadamente, no son ajenos. Por una parte, la movilización social orquestada en torno a la PAH y similares es inmensa, única en Europa y goza del casi unánime apoyo de la ciudadanía. Y por otra parte, el Tribunal de Justicia de la UE ha fallado en repetidas ocasiones contra España por nuestra legislación sobre desahucios.

La situación en sede comunitaria es tan grave que la Comisaria de Justicia está estudiando expedientar a España ante la evidencia de que, más allá del activismo judicial, los cambios realizados en el 2013 en la legislación española no cumplen las sentencias del tribunal europeo y nuestras familias empobrecidas siguen sin poder disfrutar de los beneficios de la normativa europea en materia de consumo. A lo que hay que añadir que recientemente el TJUE ha estimado (en el contexto de un caso eslovaco) que el derecho a la vivienda de los europeos es un derecho fundamental europeo que está por encima de las clausulas civiles o mercantiles que sirvan de garantía a un contrato de consumo o préstamo ( TJUE 10/9/2014 Monika Kušionová vs. SMART Capital a.s).

Si no cambian las condiciones sociales, económicas y políticas españolas, así como las jurisprudenciales europeas, las sentencias de jueces españoles paralizando o dificultando desahucios seguirán creciendo. Veamos el contexto.

La banca española que ha recibido grandes ayudas públicas ( unos 240.000 millones de euros, según la Comisión UE), a partir de ahora, deberá depurar su stock inmobiliario sin nuevas ayudas. Y esa banca está procediendo a dos operaciones simultáneas de gran calado: por una parte la SAREB está vendiendo grandes paquetes de suelo, hipotecas y viviendas a grandes fondos de inversión (más o menos buitres) y por otra  la SAREB está encargando (y retribuyendo) la gestión de grandes paquetes de vivienda a los bancos españoles (las mismas viviendas que la banca remitió a la SAREB). Podemos llamar a esto el deshielo. Fondos de inversión y bancos españoles tienen que vender a precios de mercado de 2015 (la parte de las pérdidas que no esté provisionada nos la comeremos los contribuyentes y las plusvalías que puedan darse irán a banca y fondos). Las viviendas que no se puedan vender por un tiempo deberán ser alquiladas a precios del 2015. Y las viviendas que no puedan ser alquiladas a precios de mercado (tienen inquilinos sociales aceptados por el banco, han sido ocupadas por familias desahuciadas, no tienen inquilino de mercado, etc) deberán ser alquiladas en esquemas de colaboración público privada entre banca, estado y tercer sector.

El cuadro macroeconómico 2013-2017 remitido por el Gobierno a la UE asume que hasta el 2017 nuestro paro va a estar por encima del 20% en un escenario de empleo precario y bajos salarios. Los trabajadores pobres han llegado para quedarse. Y la debilidad económica de las clases medias tampoco se va a resolver en unos meses.

Si la banca no da más de sí y las clases populares tampoco, no va a ser posible mantener por muchos meses el autismo político. Sirva para ilustrarlo que los PGE 2015 presupuestan partidas por valor de un 0'07% del PIB, cuando los estados europeos de referencia están en la banda del 1'5%-2'5%. Al actual ritmo presupuestario, el rescate a la banca equivale a más de dos siglos de políticas públicas de vivienda. Añádase que el Plan Estatal de Vivienda se llama 2013-2016, pero la Orden que permite disponer de fondos es del 28/11 del pasado año, los convenios de desarrollo con las CCAA han sido recientemente firmados y aún en el 2015 no se han puesto en marcha operaciones de calado. Y si tenemos una mirada más allá del Ministerio de Fomento y atendemos a las ayudas públicas que reciben las familias de bajos recursos (que otros estados de la UE tienen un fuerte componente de alquiler de vivienda), comprobaremos que España está a años luz de Estados como Francia, Alemania o Reino Unido.

¿Cómo ayudar a que el deshielo sea rápido y funcional? Suscribiendo las principales peticiones de la PAH (paralización de los desahucios, alquiler social para las familias empobrecidas y generación de un parque público de alquiler), y no censurando la ocupación colectiva de edificios vacíos de banca y estado, añado que la mejor oportunidad que tenemos en estos momentos es generar un gran parque de alquiler asequible, público y social sobre la base de las viviendas desocupadas de banca, particulares y estado que sea gestionado por empresas públicas (donde las haya y sean capaces de hacerlo –algo complicado al haberse perdido el 6% del empleo público desde el 2009, en un estado que ya tenía poco en comparación con estados referente en la UE y casi nada del mismo se dedicaba a la vivienda) y por entidades privadas, profesionales, sin ánimo de lucro que tengan un proyecto integral de atención de estas familias (alquiler, seguimiento social y programas de inserción laboral). En la UE 25 millones de viviendas, el 12% de los hogares, se gestionan de estas dos maneras: empresas públicas y entidades privadas sin ánimo de lucro ( housing associations y entidades similares), todas ellas asociadas en Housing Europe.

Y en España ya están naciendo algunas iniciativas del máximo interés. Por ejemplo, el tercer sector catalán ha creado una fundación ( Habitat3) que tiene por objeto gestionar vivienda vacía en alquiler asequible, con acompañamiento social e inserción laboral y que va a colaborar con las Administraciones, la banca y los propietarios privados. Otro ejemplo también relevante es el proyecto CEPES-A (empresas de economía social andaluzas) por generar una  inmobiliaria social (profesional, pero sin ánimo de lucro y apoyada en las empresas cooperativas).

Necesitamos converger con la UE en la materia. Se dan las condiciones físicas y económicas para hacerlo. Es posible que hasta haya un cambio político que lo favorezca. Pero para que el deshielo de los desahucios y el stock sean fructíferos necesitamos una nueva hornada de profesionales públicos, cooperativos, sociales y privados. No hay excusa para fracasar. Debemos conseguirlo.

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