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Represión y recorte de libertades: el desmantelamiento del Estado Social de Derecho

La única manera de mantener una democracia es la consolidación de una ciudadanía empoderada, acreedora de sus derechos y fiscalizadora del uso que los poderes públicos hacen de ellos

Represión y recorte de libertades: el desmantelamiento del Estado Social de Derecho

APDHA

Los tradicionales pilares en los que se sustentaba nuestra democracia, y la de los países de nuestro entorno, se están viniendo abajo con alarmante rapidez e inacción por parte de agentes políticos y sociales. Estos pilares a los que nos referimos son los denominados Estado social y Estado de derecho, y su desmantelamiento en paralelo no es casual. Los constantes recortes de derechos sociales que vemos en numerosos ámbitos como el laboral, el educativo, el sanitario, el de género y diversidad sexual, etc. requieren de una respuesta represiva que mitigue la natural reacción de los sectores a los que se les limitan o directamente retiran derechos y por ello desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) consideramos muy necesario prestar una especial atención a esta deriva de crisis democrática que estamos viviendo, como un aspecto integral e inherente a todas las formas y causas de protesta.

Mientras en la opinión pública se va diluyendo poco a poco el clamor por la derogación de la ley mordaza, mitigado por la utilización cada vez más frecuente de conceptos como “la salvaguarda del orden público” y otros derivados, en Andalucía vivimos el pasado año un aumento de un 20% de sanciones en base a esta norma, con un incremento del 22% en la recaudación, superando la cifra de los 54 millones de euros, según los propios datos facilitados por el Ministerio de Interior.

La defensa a ultranza de los Derechos Fundamentales en nuestra sociedad (incluso por encima de otros que, aunque constitucionalmente consagrados, no tienen la importancia que la propia Carta Magna reconoce a los primeros) se configura en presupuesto básico de calidad democrática de la misma; mientras tanto, en España el pasado año, aumentaron más de un 13% las manifestaciones y concentraciones prohibidas por el Gobierno.

La separación de poderes

Y de igual forma que un desmantelamiento de derechos sociales requiere de un aumento de la represión y una disminución de derechos y libertades, esto último requiere a su vez de un evidente deterioro de un principio básico y definidor del Estado de Derecho: la separación de poderes. El reciente archivo del proceso penal por los sucesos del Tarajal son prueba de ello: el archivo del caso en base a la doctrina Botín requiere, para que pueda llevarse a cabo, que la Fiscalía actúe como defensora de los investigados, fomentando la sensación de impunidad en nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Porque pese a que la Fiscalía sea, a nivel teórico, un órgano perteneciente al poder judicial, en fechas recientes oímos de labios de un Presidente del Gobierno en funciones jactarse del control de la Fiscalía, como si algo así debiera ser motivo de orgullo o de rédito electoral. El sistema represivo coordina con extraordinaria eficacia todos los órganos del Estado, requiriendo sin duda alguna una organización desde la ciudadanía que pueda soportar de manera colectiva esta acción; de otra manera los golpes inferidos a nuestros derechos resultan imposibles de responder.

En nuestra asociación, caracterizada por ejercer unadefensa de los derechos humanos con métodos absolutamente pacíficos y no violentos, desde el profundo respeto a cualquier forma de pensamiento que a su vez sea respetuosa con esa línea roja en que se constituyen los derechos humanos, vivimos en primera persona esta deriva represiva con diversas situaciones. Así, vemos cómo se nos han impuesto multas por el mero hecho de haber sido convocantes de una concentración que, una vez terminada (lo que se manifestó de manera explícita a las autoridades presentes) derivó en problemas aislados, lo cual se constituye en una forma de coartar el ejercicio del derecho de reunión, habida cuenta que cualquier incidencia que ocurra en la convocatoria será responsabilidad de quien la comunique a la autoridad gubernativa, con independencia de que se tomen todas las medidas necesarias para evitarlas; de igual forma, presenciamos con profunda preocupación cómo concentraciones que no entrañan el menor riesgo de producir “alteraciones del orden público (manido cajón de sastre con el que se justifican los recortes de derechos) son prohibidas sin pudor y sin la menor justificación.

La imputación penal de un compañero de la APDHA por el mero ejercicio de la figura de observador es otro claro ejemplo de estas estrategias de criminalización de la protesta: cuán fácil le resulta al aparato represivo sistémico producir una profunda alteración en la vida de quienes le resultan disidentes con una imputación que, sin fondo que la respalde, puede llegar a resultar suficiente para provocar la parálisis no sólo de la persona represaliada, sino de todo su entorno. Afortunadamente, este no es nuestro caso, porque no dejaremos que cumplan con su objetivo, ya que, si bien los elementos represivos muy a menudo escapan a nuestro control, lo que siempre está en nuestra mano es la respuesta que a ellos les damos.

Delito de odio

De igual forma, la APDHA también ha sufrido la utilización torticera del denominado delito de odio, el cual está siendo utilizado para victimizar a quienes son denunciados como verdugos. Lo que en un principio fue vendido como un delito destinado a proteger a colectivos vulnerables ha terminado convirtiéndose en un embudo por el que se cuelan sujetos que de ninguna forma encajan con ese concepto, como el Estado de Israel o la Guardia Civil, por citar algunos ejemplos especialmente lacerantes.

Por todo lo expresado, y por tantas otras cosas no expresadas en este texto, realizamos un llamamiento a la defensa férrea y convencida de los derechos y libertades que nos definen como democracia, a la recuperación de los que han ido mermando y a poner énfasis en que las derivas regresivas en el discurso político y social que vivimos actualmente no solo no sirvan de justificación para tolerar vulneraciones de derechos, sino de acicate para trabajar con más ahínco por ellos. Creemos que la única manera de mantener una democracia es la consolidación de una ciudadanía empoderada, acreedora de sus derechos y fiscalizadora del uso que los poderes públicos hacen de ellos porque SIN DERECHOS NO HAY LIBERTADES.

José Luis Llamas, miembro de APDHA.

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