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Amparo Díaz Ramos, abogada especialista en violencia de género

"Las sentencias de Juana Rivas y de 'la manada' reflejan cierto ensañamiento contra la mujer y el movimiento feminista"

"En los tribunales españoles se sigue aplicando mucho el mito de que se puede ser un matratador y un buen padre"

"Hay una desconfianza absoluta entre lo que es la administración de justicia y los servicios especializados en atender a las víctimas de violencia de género"

"Creo que Juana Rivas ha llevado a cabo acciones, motivadas por el deseo de proteger a sus hijos, que la han puesto en una situación de vulnerabilidad jurídica"

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Juana Rivas designa abogado defensor para el juicio por sustracción de menores

EFE

Amparo Díaz Ramos, abogada especialista en violencia de género y miembro de la asociación internacional de juristas Inter Iuris, considera que el caso de Juana Rivas "es muy llamativo por cómo se ha ido complicando pero en el sustrato es lo mismo que está pasando en cualquier otro caso".

La letrada tiene entre manos muchos asuntos relcionados con violencia machista, también con hijos implicados como el de la madre de Maracena. Cuando  se cumple ahora un año del auto de la Audiencia de Granada en el que obligaba a Juana Rivas a entregar a sus hijos a su expareja, abordamos con Amparo Díaz algunas cuestiones relacionadas con la materia. "La administración de justicia no cumple con lo que dicen las grandes leyes", sentencia.

¿Qué cree que ha pasado en el caso de Juana Rivas, con visiones tan distintas entre ella y el juez?

Las mujeres víctimas de violencia de género están inmersas en dos mensajes absolutamente contradictorios: uno es el mensaje que se da a las grandes leyes, que coincide con el que dan las instituciones de apoyo a las víctimas (que la violencia psicológica también es violencia, que se atrevan a denunciar, que los hijos van a ser protegidos porque se consideran víctimas directas) y luego está el mensaje que da la práctica judicial, el tribunal en concreto, que la mayoría de las veces es el de minimización de la violencia.

¿Por qué considera que los juzgados minimizan la violencia?

Porque no se llega a investigar a fondo la problemática de la mujer, no se registra bien el hecho de que una mujer que, por ejemplo, va a denunciar una situación de violencia de cinco años, lo que se recoge es el último o los dos últimos episodios. Eso en la vía penal, y en la vía civil, aunque la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género dijo que el mismo tribunal abordara los dos procedimientos para que en todo momento se tuviera en cuenta los indicios que pudieran existir de violencia, en la práctica el juzgado de familia te dice que ahí no se va a hablar de violencia.

La sentencia contra Juana Rivas habla de que no estuvo bien asesorada, ¿qué opina?

El abogado que interviene en este tipo de casos le suele hacer a la mujer un ajuste de expectativas entre lo que dice la teoría y lo que se puede conseguir en la práctica. En el caso de Juana Rivas creo que ella ha llevado a cabo acciones, motivadas por el deseo de proteger a sus hijos, que la han puesto en una situación de vulnerabilidad jurídica, debido a que existe una contradicción inmensa entre lo que dice nuestra ley (que los hijos son víctimas directas) y lo que ofrece la administración de justicia. Es muy distinto lo que ofrecen la una y la otra.

¿A qué contradicción se refiere?

Discrepo de que Juana Rivas se haya mantenido oculta y jurídicamente me parece que ha sido un error, pero lo más importante no es que eso haya tenido esta consecuencia sino que es una locura lo que genera la discrepancia de mensajes entre lo que dicen las grandes normas y los servicios de apoyo a la mujer, y lo que dice la administración de justicia. Si no existiera eso, no sería problemático el consejo que le dieron si el tribunal, a la hora de abordar el tema, hubiera dicho que estaba justificada la huida porque había hecho esto, aquello y lo otro. El asesoramiento se convierte en problemático en la medida en que la administración de justicia no cumple con lo que dicen las grandes leyes.

¿Acaba de decir que la justicia no cumple las leyes?

Es el día a día que tenemos en los tribunales. Y además luego existe el mito de que a la mujer le basta con denunciar para que se le regalen las cosas. Una mujer que denuncia pasa un calvario en España. Y no solo en el caso de Juana Rivas sino en la mayoría de los casos, porque no se aplica la perspectiva de género. Se las cuestiona por todo: que no han denunciado de inmediato, que han hecho ampliaciones de denuncia, si no se defendió no es creíble, si se defienden las imputan a ellas también, etc.

¿Algo parecido a lo que rodeó el caso de 'la manada'?

Es tremendo. Tenemos unas grandes normas que nos dicen "igualdad" en todo momento, pero la administración de justicia no aplica la perspectiva de género en ningún momento. En el caso de Juana Rivas no es que le hayan asesorado mal sino que el asesoramiento no ha tenido en cuenta que la administración de justicia no aplica nuestras normas fundamentales en esta materia porque, si las aplicaran, el asesoramiento ha sido bueno: ante una situación de peligro, tú tienes que proteger a tus hijos, etc. El delito de sustracción de menores castiga a quien sustrae sin causa justificada.

¿Por eso cree que la defensa y algunas voces se han llevado las manos a la cabeza por los cinco años de cárcel de condena a expensa de los recursos?

Tanto esta sentencia como la de la manada son sentencias en las que hay un cierto ensañamiento contra la mujer y contra el movimiento feminista. Porque se habla como si el colectivo feminista fuera un colectivo irreflexivo e injusto, olvidando que España ha sido condenada por no cumplir con la normativa en esta materia,  aplicada por el Tribunal Supremo recientemente para indemnizar a una mujer cuya hija fue asesinada por su expareja. En este caso una madre vio que su hija estaba en peligro, le dieron un régimen de visitas, mataron a la niña, ella denunció el error judicial y todos los tribunales dijeron que era imprevisible. Por eso se le ha condenado a España internacionalmente. Es un ejemplo de cómo los tribunales españoles van por una línea que internacionalmente les están diciendo que va mal.

¿Qué suele ocurrir con los menores en los casos de violencia de género?

En España, según la ley de protección jurídica del menor, los menores tienen derecho a vivir en un entorno libre de violencia y, específicamente, de violencia de género, y que se deben considerar víctimas directas en los casos de violencia de género en la pareja. En la práctica, respecto del estado de los menores, se dedica poca atención.

¿En qué sentido?

Si tú ves un juicio de familia o de violencia de género, parece que la mayoría de las veces el tribunal está luchando con la mujer para que no dé tanta información. No se la anima a que cuente, a que desvele, y se está orientando todo el tiempo a la mujer y a todas las personas que intervenimos a normalizar la situación, es decir, a obviar las situación de maltrato.

¿Pero eso suena bastante grave?

La situación de los niños queda tapada en la mayoría de los casos porque el propio tribunal, bien por falta de tiempo, de falta de profesionales especializados o porque están ya quemados, no quieren muchas veces entrar en profundidad en lo que está pasando. Se sigue aplicando mucho el mito de que se puede ser un maltratador y un buen padre, a pesar de que la psicología especializada en esta materia nos dicen que es imposible. El sistema fracasa por completo porque lo que nos dijo el legislador en la Ley 1/2004 es que, para facilitar que se hiciera visible la violencia y que en todo momento el tribunal tuviera en cuentas el contexto de violencia, se le daba competencia en materia civil y de investigación al mismo juzgado. Pero ese objetivo no se está cumpliendo.

¿El problema es solo de la administración de justicia?

Hay otro problema y es que hay muchas mujeres que reciben asistencia en servicios especializados y luego nos les dan informes o no se hacen comunicaciones al juzgado en algún u otro sentido. Depende de la conunidad autónoma se hace o no se hace. No todo el problema es la administración de justicia sino la desconexión entre ésta y las otras entidades que intervienen. Incluso desconfianza. En otras comunidades autónomas, la mujer empieza a recibir tratamiento y les dan informes que pueden usar en los procedimientos. En Andalucía no se dan. La Junta no los da. Hay una diferencia. No está garantizado en España que la valoración que hace una institución llegue a otra.

Entonces, ¿la presunta víctima solo tiene su versión de los hechos?

Si no se garantiza eso, la mujer solo tiene su palabra. Ahora mismo hay una desconfianza absoluta entre lo que es la administración de justicia y los servicios especializados en atender a las víctimas de violencia de género. Ya no es solo falta de coordinación, porque depende de la localidad se hace o no, pero habría que garantizarlo. Pero es que además hay una desconfianza y me parece que eso es muy importante.

 

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