Sánchez desbarata el relato de adelanto electoral en Andalucía al asumir la supresión de aforamientos que exige Cs
Pedro Sánchez ha desacreditado, quizá sin pretenderlo, el relato político que PSOE y Ciudadanos empezaron a escribir hace dos semanas en Andalucía y que aventuraba un adelanto electoral en otoño. El presidente del Gobierno propondrá al Congreso un cambio exprés de la Constitución para eliminar en 60 días los aforamientos, una figura jurídica que protege a los diputados, senadores y miembros del Ejecutivo de ser detenidos o juzgados por un tribunal ordinario. La propuesta de Sánchez viene seguida de una interpelación que Ciudadanos hizo al Gobierno en el último Pleno del Congreso, y que será debatida como moción de obligado cumplimiento este martes.
El órdago al partido de Albert Rivera tiene una clara lectura en Madrid, donde la “regeneración democrática” y la “honestidad de los políticos” se ha convertido en la última trinchera entre partidos: sin inmunidad parlamentaria, el presidente del PP, Pablo Casado, se enfrentará con el caso máster a un tribunal ordinario, y no ante el Supremo. Pero las consecuencias de esta decisión también han dado un giro imprevisto al relato político andaluz, envuelto desde 15 días en la incógnita de si habrá un adelanto electoral antes de que acabe el año.
Ni el PSOE andaluz ni la Junta conocían de antemano la propuesta de Sánchez. El anuncio no ha sentado bien en el entorno de Díaz, porque “deja en evidencia” a la presidenta andaluza, que hace apenas unos días rechazó de plano la misma propuesta de Ciudadanos. “El presidente Sánchez está librando un pulso político contra Rivera y Casado”, advierten fuentes del Gobierno andaluz, que se quejan de que el líder socialista no haya medido el impacto de sus contradicciones con Díaz en Andalucía, donde se va a librar la primera batalla electoral, “tan importante para ella como para él”, avisan.
En Andalucía, la supresión de los aforamientos está ligada intrínsecamente a la hipótesis de unas elecciones anticipadas. La negativa del Gobierno de Susana Díaz a abordar en la recta final de legislatura esta medida pactada con Ciudadanos sirvió de argumento a sus socios para romper su acuerdo político con el PSOE. Los socialistas alertaron enseguida de una “inestabilidad” sobrevenida “que puede abocar a Andalucía a un adelanto electoral”. Es verdad que la formación naranja habló de otros “incumplimientos” del pacto (reforma electoral, oficina antifraude...) pero quiso focalizar su relato de ruptura en una medida concreta que Rivera estaba usando en Madrid para acusar a PSOE y PP de “tapar la corrupción” y “proteger a los suyos”.
Ahora el presidente Pedro Sánchez no sólo ha hecho suya esta medida. También se ha propuesto sacarla adelante mediante una fórmula extraordinaria -una reforma constitucional de urgencia- y en un tiempo récord: 60 días, dentro del plazo legal de la legislatura andaluza (que oficialmente expira en marzo de 2019). Con este órdago -del que ni el PSOE andaluz ni la Junta sabían nada el lunes por la tarde-, Sánchez ha puesto en un brete a la presidenta de la Junta, que minutos después del anuncio ya era objetivo de las críticas de PP y de Cs, tanto desde la dirección nacional como de la andaluza.
En Madrid sí, en Andalucía no
El presidente también ha debilitado (sin querer) la idea matriz que sustentaba el relato de ruptura PSOE-Ciudadanos en Andalucía, y el consecuente adelanto electoral. Ninguno de los dos grupos ha reclamado la autoría de ese relato, pero ambos han reconocido públicamente que precipitar los comicios antes de Navidad les beneficia a los dos. Cs aprovecharía la debilidad política del PP post Rajoy, antes de que Casado se consolide como líder de la oposición, y Susana Díaz se apoyaría en el impulso de optimismo generado por el nuevo Gobierno de Sánchez.
La eliminación de los aforamientos es una de las 70 medidas pactadas por ambos grupos al inicio de la legislatura, pero los socialistas andaluces se han negado a iniciar su tramitación en la recta final del mandato, alegando “falta de tiempo material” para ejecutarla. La propuesta del presidente del Gobierno sólo afectaría a diputados, senadores y miembros del Gobierno investigados por algún delito ordinario, no relacionado con el ejercicio de su función pública. Pero dejaría fuera a los presidentes autonómicos y otros cargos regionales, cuyo aforamiento está blindado en los Estatutos de autonomía.
Los expertos juristas consultados coinciden en que no se puede eliminar los aforamientos autonómicos desde la Constitución, no es competencia del Ejecutivo central, sino de los gobiernos regionales. La reforma exprés de Sánchez no afecta directamente a Andalucía, aunque en un segundo punto de la propuesta se insta a las comunidades a abordar esta misma medida y aquí sí, el discurso de Díaz queda claramente en entredicho (sólo Murcia, Cantabria y Canarias están tramitando la limitación de los aforamientos).
La medida de Sánchez requiere una reforma exprés de la Constitución, similar a la que pactaron PSOE y PP en el verano de 2011 para blindar el control del déficit público y evitar que España fuese intervenida en plena crisis financiera. Se aprobó en julio y fue sancionada por el Rey Juan Carlos en septiembre. Ahora también sería necesario el apoyo de los populares, que mantienen mayoría absoluta en el Senado. Los de Casado ya han dicho que la eliminación de los aforamientos está en su programa electoral, pero piden hacerlo extensivo a todas las comunidades autónomas. “Lo que no entendería nadie en España es que se eliminasen los aforamientos en el Congreso y la señora Susana Díaz siguiese aforada en el Supremo”, ha dicho el secretario general del PP, Teodoro García. Aunque la presidenta andaluza no está inmersa ahora en ninguna investigación judicial conocida, la dirección nacional del PP ha puesto la mirada en Andalucía para denunciar que el anuncio de Sánchez es “una desautorización y un torpedo en la línea de flotación de Susana Díaz, que acaba de rechazar esta exigencia de Cs”.
La propuesta de Ciudadanos en Andalucía es la misma, pero el procedimiento para eliminar los aforamientos autonómicos es muy distinto. Se requiere una modificación del Estatuto de Autonomía andaluz que, a su vez, exige: una mayoría de dos tercios en el Parlamento autonómico; la ratificación posterior de las Cortes Generales (al tratarse de una ley orgánica) y en tercer lugar someterse a votación de los andaluces vía referéndum (con un coste de 20 millones de euros, según el PSOE). El plazo más optimista, según los expertos, sería de seis meses, aunque al tratarse de una medida que no afecta a la relación del Estado con la comunidad, existe un “procedimiento simplificado”, que pasa por invertir el orden: la propuesta se sometería a referéndum en cuanto el Parlamento andaluz la aprobase, y luego el Congreso tendría un plazo de 30 días para darle el visto bueno (bajo la presunción de que sería extraño que las Cortes impugnasen el voto mayoritario de los andaluces).
En cualquier caso, el escenario es tan complejo que los socialistas andaluces han descartado iniciar esa reforma a pocos meses de que expire el mandato y acusan a Cs de usarlo “como pretexto y excusa” para generar inestabilidad política. Para los de Albert Rivera, esa “falta de tiempo” que alega el Gobierno andaluz contrasta ahora con el anuncio de Pedro Sánchez, que está apelando a la voluntad política de sus rivales y al consenso parlamentario. El portavoz naranja en la Cámara andaluza, Juan Marín, ha dicho este lunes que “Sánchez anuncia que se puede hacer una reforma exprés de la Constitución en 60 días, mientras que aquí Susana Díaz decía que en ocho meses no se podía poner en marcha la eliminación de los aforamientos en Andalucía”. Marín cree que el presidente “arrastrará” a Díaz con su propuesta e interpreta esta “contradicción” como “la ruptura del matrimonio Sánchez-Díaz”.
En Andalucía no, en Murcia sí
En medio de todo el cruce de acusaciones, Susana Díaz se ha apresurado a recordar que su posición nunca ha sido de rechazo a la eliminación de los aforamientos, y que hace apenas unos días, en el Parlamento, le recordó a Cs que esa reforma debía abordarla el Gobierno central para el conjunto del país. “Lo lógico y razonable es suprimir los aforamientos en toda España”, volvió a repetir este lunes. Esto es una verdad a medias, según los juristas. La reforma que ha planteado Sánchez no afectará, en ningún caso, a los parlamentarios andaluces, cuyo aforamiento está protegido por el Estatuto. “Hay que eliminar los aforamientos en toda España” significa, entonces, que cada gobierno autonómico debe hacerlo en su territorio.
El grupo andaluz de Ciudadanos, azuzado desde Madrid y Barcelona por Rivera e Inés Arrimadas, ve en la negativa de Díaz a “cumplir lo pactado” un deseo de proteger a sus diputados y miembros de la Junta de las causas judiciales en curso: como el caso ERE (ahora en juicio), el supuesto fraude de los cursos de formación a parados o, más recientemente, el gasto de 15.000 euros de dinero público en un prostíbulo de Sevilla, con la tarjeta de crédito de una fundación de la Junta en 2010. La presidenta le respondió a Marín el jueves pasado que no le pega “el disfraz de dóberman” que le había dado Rivera. “En la bancada del PSOE andaluz no hay ningún miembro investigado judicialmente en este momento”, sentenció.
La eliminación de los aforamientos no se ha convertido en ultimátum de Cs al PSOE andaluz hasta el cuarto año y último semestre de la legislatura. No ha estado ligado a ninguna de las tres negociaciones que sustentan la aprobación de tres Presupuestos autonómicos consecutivos, en los que el grupo naranja estuvo más preocupado de otros puntos del acuerdo. Por ejemplo, la rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones o del IRPF que “logró arrancar” al PSOE.
El tema de la supresión de los aforamientos sí se hizo relevante en Andalucía en abril de 2017, cuando Ciudadanos exigió esta medida en Murcia como “condición innegociable” para apoyar la investidura del presidente Fernando López Miras, tras la dimisión forzosa de Pedro Antonio Sánchez por su imputación en el caso Auditorio. Entonces se abrió el debate de por qué en Murcia era prioritario y en Andalucía no, por qué (aparentemente) el grupo naranja presionaba más a un Gobierno autonómico del PP que a otro del PSOE. Juan Marín respondió entonces que “lo lógico” era que los aforamientos se eliminasen a la vez en el conjunto del país, “para evitar asimetrías”.
Pero al final la asimetría se produjo, porque el Gobierno murciano del PP claudicó con las exigencias de Cs, y en Andalucía quedó aparcado aquel debate. Murcia se convirtió en el primer Parlamento autonómico en aprobar la eliminación de la figura del aforamiento de diputados y miembros del Gobierno. Sin embargo, para ejecutar la medida era necesario reformar dos artículos del Estatuto de Murcia calcados del Estatuto andaluz y del resto de comunidades. En la ley andaluza, el aforamiento aparece recogido en el artículo 101.3. Dice así: “Los Diputados gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo. Durante su mandato no podrán ser detenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio de Andalucía, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Fuera de dicho territorio, la responsabilidad penal será exigible, en los mismos términos, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”.
El acuerdo del Parlamento de Murcia sobre los aforamientos fue remitido al Congreso hace casi un año y, desde entonces, la Cámara Baja aún no ha ratificado esa reforma y la medida no ha entrado en vigor.
