Susana Díaz denuncia privilegios del Estado a Catalunya y Euskadi en plena negociación de los Presupuestos de 2019
Justo cuando el Gobierno de Pedro Sánchez empieza a negociar los Presupuestos Generales de 2019 con los partidos nacionalistas catalanes y vascos, Susana Díaz ha avanzado su primera propuesta de campaña para las elecciones andaluzas del 2 de diciembre. Se trata de un planteamiento que cuestiona abiertamente los acuerdos bilaterales de los distintos Gobiernos de España con los nacionalistas y que, según Díaz, han ido en detrimento de las regiones más pobres del país.
La presidenta andaluza ha explicado este miércoles en Sevilla que hay un artículo de la Constitución española, el que debe garantizar el equilibrio en el reparto de riqueza entre las comunidades autónomas, “que no se ha desarrollado” en su totalidad (artículos 138.1 y 138.2). Díaz denuncia que “el ranking de comunidades antes y después de la democracia no ha variado”. “Las que eran ricas antes y lo son ahora, y las que son pobres siguen siéndolo”, avisa.
La sevillana ha anunciado que, si gana los comicios, pedirá al Gobierno de Sánchez “un sistema de convergencia regional” para lograr más equilibrio territorial entre regiones ricas y pobres, una herramienta similar a la que utiliza Bruselas para el reparto de fondos europeos. Andalucía obtiene ahora dinero extra de la Comisión Europea por estar en el grupo de regiones menos desarrolladas, cuyo PIB se sitúa por debajo del 75% de la media comunitaria. En la Constitución hay algo parecido -el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), pero según la Junta no se ejecuta bien.
Díaz se queja de la falta de compromiso de los distintos Gobiernos con Andalucía y pone como ejemplo dos partidas presupuestarias que nunca satisfacen las demandas de la Junta: Compensación Interterritorial (FCI), que sirve para garantizar la solidaridad entre comunidades, y obra pública.
La presidenta de la Junta denuncia que los distintos Gobiernos de España, sean del color que sean, llevan años sin ejecutar correctamente ese fondo de solidaridad interterritorial, que en origen estaba pensado para “cohesionar el país”. Hace 30 años, el FCI representaba el 0,87% del PIB anual, unos 9.700 millones de euros, bastante más de lo que se reparte en la actualidad. Díaz calcula que si en el último ejercicio presupuestario el FCI hubiera contado con el mismo porcentaje del PIB, a Andalucía le habrían correspondido 3.600 millones de euros, y no los 160 millones que va a obtener.
La candidata socialista relaciona implícitamente este “mal uso” del Fondo de Compensación Interterritorial con el peso de los “partidos nacionalistas” en el Congreso, aunque no ha nombrado a ninguna formación en concreto. O bien desde Euskadi o bien desde Catalunya, estos grupos siempre han condicionado los Presupuestos Generales del Estado, logrando grandes beneficios para sus territorios a cambio del apoyo de los nacionalistas a las cuentas del Gobierno.
Andalucía, con un peso poblacional mayor que el País Vasco y similar a Catalunya, nunca ha logrado contrapartidas tan sustanciosas. “La sensibilidad política de todos los Gobiernos de España para la igualdad de oportunidades no ha sido posible, porque los Presupuestos están sujetos a los acuerdos del arco parlamentario. Las cuentas generales han formado parte siempre de la subasta de esa aritmética parlamentaria. Ha faltado patriotismo de país y ha sobrado mucha impostura de algunos”, sentencia. Los Gobiernos de PSOE y PP han negociado históricamente las cuentas del Estado con el PNV o con CiU (hoy reconvertido en el PDeCat).
La situación que describe Susana Díaz no está en el pasado, se encuentra ahora mismo en pleno debate sobre el acuerdo presupuestario que ha alcanzado el Gobierno de Sánchez con Podemos, y que necesita sumar el apoyo de los nacionalistas e independentistas catalanes y vascos para salir adelante. La presidenta de la Junta no ha cuestionado directamente que Sánchez vaya a negociar con los catalanistas, pero sí denuncia que “la aritmética parlamentaria ni los lobbies determinen el reparto de fondos” entre los territorios. “Andalucía se ha ganado por derecho propio, aquel 28 de febrero de 1981, el poder liderar estas reclamaciones”, sentenció.
Pero el debate no se limita únicamente a los nacionalismos. También tiene mucho que ver con el reciente debate en torno a la atención a los menores inmigrantes, que ha desbordado los recursos de Andalucía. El Gobierno dio 15 días al resto de comunidades para que ofrecieran su apoyo solidario y voluntario a las regiones que más sufrían la presión migratoria, pero la mayoría ha dado la espalda a este llamamiento. Según avanzó El País, en conjunto las comunidades ofrecieron 150 plazas para acoger a menores inmigrantes, cuando Andalucía esperaba poder redistribuir a unos mil de los más de 5.000 a los que ahora atiende.
Los artículos de la Constitución a los que alude Díaz para denunciar los “privilegios” que los distintos Gobiernos de España han concedido a las comunidades pilotadas por partidos nacionalistas con peso específico en el Congreso de los Diputados son el 138.1 y 138.2 del Título VIII, sobre la Organización Territorial del Estado. Dicen así: “El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular” (138.1). “Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”.
“Gobierno de banda ancha”
Susana Díaz encara las elecciones andaluzas del próximo 2 de diciembre con aparente optimismo. “Yo estoy contenta, porque veo lo que hay en la calle”. La presidenta de la Junta y próxima candidata del PSOE a la reelección asegura que “percibe más apoyos ahora que hace cinco años”, de modo que espera una recuperación de los votos que los socialistas perdieron en las últimas elecciones, en parte, por el auge de los partidos emergentes: Podemos y Ciudadanos.
Díaz ha participado este miércoles en un desayuno informativo de Europa Press, en el restaurante Abades de Sevilla, donde le han preguntado insistentemente si se siente más próxima a pactar con la izquierda -Podemos e IU- o con la derecha representada por Ciudadanos, que ha sostenido su Gobierno en esta legislatura. La presidenta aspira a gobernar en solitario, pero abre la puerta a cualquiera que “desde su independencia”, desde cualquier identidad política o sector profesional, quiera “comprometerse con Andalucía” y sumarse al proyecto socialista. “Tienen sitio en el PSOE y en este Gobierno”, subrayó.
“Soy del PSOE hasta las entrañas, pero represento a un Gobierno de banda ancha, donde caben todos”, ha dicho, poniendo como ejemplo a dos independientes de su gabinete, la responsable de Universidades (Lina Gálvez, catedrática de la Pablo Olavide), y el consejero de Economía y Hacienda (Antonio Ramírez de Arellano, ex rector de la Hispalense). “Este proyecto cada día atrae a más gente, está más cerca de los sindicatos, las cooperativas, las ONG, que participan con nosotros a primer nivel”, avisa.
La presidenta de la Junta pretende subrayar su perfil más institucional en esta campaña, ofrecer y reclamar propuestas para Andalucía, y huír del duelo directo con los líderes de PP, Ciudadanos y Podemos. “Nunca utilizaré el voto de los ciudadanos para bloquear las instituciones”, avisa, en clara alusión a su ex socio de Ciudadanos, que ya ha anunciado que prefiere la repetición de las elecciones andaluzas antes que volver a permitir al PSOE formar Gobierno. Díaz dice que sus vecinas, “al fresquito”, le piden que no entre en las provocaciones ni en la confrontación con sus rivales políticos. “Cuando vuelvo a mi barrio veo a mis vecinas, al fresquito, y me dicen: Susana, no te vayas a meter con nadie. Y así es, no me voy a perder en debates estériles”.
Sin embargo, Díaz está convencida de que sus oponentes “van a enfangar la campaña electoral”, “con amenazas de bloqueo institucional o de notarios”, o con asuntos de corrupción “del pasado”, como el caso ERE o el de la Faffe, que investiga el uso de fondos públicos de la Junta en prostíbulos. “Estamos en el mundo de las fake news. Hablamos de cosas de hace 15 años pero me piden explicaciones ahora y, oiga, es que yo entonces estaba en el COU”, advierte.
La líder socialista -que hasta el comité director del sábado no será ratificada oficialmente como candidata a la Presidencia de la Junta- espera que Pedro Sánchez participe junto a ella en varios mítines de campaña, y espera contar con la presencia de los ministros del Gobierno, “que esta vez vendrán con el trabajo hecho”.
