Andalucía es la comunidad autónoma en la que más ha crecido la licitación pública este año
Andalucía lidera el ranking de licitación pública en lo que va de año, con más de 1.074 millones de euros, lo que supone un 18% del total de algo más de 5.955 millones de euros sacados a concurso público entre enero y mayo de 2014 por las distintas administraciones. Desbanca a Cataluña, que en el mismo periodo del pasado año estaba a la cabeza y que con unos 913 millones de euros (15,3% del total) se coloca en el segundo puesto y a bastante distancia de la tercera comunidad autónoma: Extremadura, que con poco más de 470 millones de euros copa el 7,9% del total.
Durante estos primeros cinco meses del año la licitación pública ha crecido en prácticamente todas las regiones, a excepción de Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León y La Rioja, donde ha caído, según datos del Observatorio de la Construcción (Seopan). Donde más ha crecido porcentualmente ha sido en Ceuta (más de un 800%), seguida de Extremadura (más del 200%), Islas Balearas (170%), País Vasco (más del 160%) y Andalucía (118%). La mayor parte de esta licitación pública corresponde a la Administración General del Estado, con unos 3.591 millones de euros del total, seguida por las administraciones locales (otros 1.486) y las propias comunidades autónomas, con los restantes 878.
Las comunidades autónomas más inversoras en este periodo han sido Madrid (237,7 millones de euros), seguida de Andalucía (121) y Cataluña (114). En este contexto, la Asociación de Ingenieros y Consultores de Andalucía (Asica) ha criticado la escasa licitación pública de la Junta de Andalucía, llegando incluso a pedir la destitución de la consejera de Fomento y Vivienda, “la comunista Elena Cortés” y “todo su equipo directivo”, tal y como ha expresado su presidente, Ignacio Sánchez de Mora. Sostiene que este departamento está “dedicado a la bicicleta mientras se están deteriorando las vías de transporte de gran capacidad, lo que compromete la seguridad vial” y “se centra en casos aislados de realojo de colectivos marginales cuando son incapaces de elaborar un plan de vivienda”.
El también presidente de la Mesa de la Construcción en Andalucía reconoce que Asica ha pasado de 70 a 22 asociados en tres años y culpa de la crisis en el sector a la “competencia desleal” de la Consejería de Fomento y Vivienda por “asumir por sistema los trabajos que antes sacaba a concurso público”. Frente a estas críticas, desde la Consejería de Fomento y Vivienda apuntan que el criterio “establece que los trabajadores de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Aopja), es decir ingenieros y técnicos especializados en infraestructuras y movilidad, asumen directamente la redacción de una mayor cantidad de proyectos que en anteriores etapas, al objeto de optimizar los recursos públicos y rentabilizar las capacidades profesionales de la plantilla”. No obstante, proyectos como los metros de Granada y Málaga y las estaciones intermodales de Cádiz y Chiclana de la Frontera, entre otros, vienen contando con licitaciones a empresas externas de proyectos y direcciones de obra. En el caso de Granada, la preexplotación tiene un presupuesto de casi un millón de euros. En el de Málaga, la asistencia técnica y dirección del tramo de Guadalmedina-Atarazanas superará los dos.
Rentabilizar lo público
Pese a que tanto las críticas de Asica, de las que se ha hecho eco el PP-A, se han focalizado en la Consejería de Fomento y Vivienda, conviene puntualizar que el problema la escasa inversión en obra pública afecta a otras consejerías (responsables por ejemplo de centros de enseñanza, salud o deportivos, por ejemplo), que están soportando la escasez derivada de la crisis. Pese a ello, se ha comenzado a ver los últimos meses algo de luz al final de túnel, como el caso de los proyectos mencionados, la reciente reactivación de la Autovía del Olivar tras más de dos años paralizada y con una inversión que ronda los 70 millones de euros, la licitación del tramo del Metro de Málaga que llega al casco antiguo por 45 millones de euros, y además, el plan para fomentar la construcción sostenible supondrá darle un impulso extra a este castigado sector.
“La Consejería de Fomento y Vivienda entiende la austeridad como eficiencia en el uso de los recursos públicos, no como recorte (...) y continúa trabajando en colaboración con las empresas de consultoría cuando así es necesario”, insisten desde este departamento. No en vano, la Aopja tiene 115 trabajadores. “En términos de productividad, y de acuerdo al PAIF (Plan de Actuaciones, Inversiones y Financiación) de 2012 y 2013 de Aopja, la ratio de producción anual por empleado asciende a 2,5 millones de euros. Las obras de la empresa generan actualmente más de 3.000 empleos entre directos e indirectos”, precisan, según datos del pasado mes de abril.
La portavoz de IU en la Comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento, Inmaculada Nieto, critica que el PP-A quiera “para Andalucía un modelo de inversión pública en infraestructuras basado en sobres y obras infladas”. En este sentido, acusa a los populares de actuar “únicamente en defensa de quien le paga sus campañas”, y les ha pedido que reconozcan “los frutos bien visibles” del trabajo “eficiente y riguroso” de este departamento. “El PP-A concibe las empresas públicas como cementerios de políticos cruzados de brazos que externalizan hasta el último trabajo”, remarca.
Sobre las críticas vertidas por Asica ha animado a la oposición a recordar sus “antecedentes” como subdirector de la ya desaparecida Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón (Sodemasa), para comprender “cómo entienden sus aliados la empresa pública”. Cabe recordar que Sodemasa terminó con un expediente de regulación de empleo (ERE) después de haber engordado durante años con puestos de libre designación.
