Más allá de los medicamentos: las otras condiciones del FLA que muestran “el afán centralizador” de Mariano Rajoy
Ciertas condiciones del Gobierno de España para el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), puesto en marcha para facilitarles a las comunidades autónomas el crédito cuando los mercados les cerraron las puertas por la crisis, han soliviantado a las mismas. Critican que, además de tener que devolver a la Administración General del Estado (AGE) el dinero con intereses “leoninos”, se topan con un “afán centralizador” que cuestiona incluso, dicen, su propia autonomía.
A la condición revelada por eldiario.es de que, para poder beneficiarse del FLA deben firmar un convenio con la farmaindustria para garantizarles un mínimo de ventas de sus productos de marca, se suman otras, que en la práctica permiten al Gobierno de la Nación tener más control de los detalles de toda la contabilidad de las comunidades autónomas. Fuentes de comunidades afectadas apuntan, por ejemplo, que esto facilitó la rápida intervención financiera de Catalunya por el control que sobre su contabilidad tenía ya el Gobierno de Mariano Rajoy.
Lo que molesta a las comunidades autónomas no es sólo es que pueda parecer que son “meras prestadoras de servicios”, cuando gozan de autonomía política, sino también las dificultades que están teniendo para salir del FLA, como es el caso de Andalucía, cuyo nivel de solvencia ha sido elevado por las agencias de calificación y quiere salir a los mercados. Se sienten “cautivas”.
Fuentes del Gobierno de Andalucía afirman que están topándose con “muchos problemas” para que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas les dé la correspondiente autorización para ir por libre, para buscar crédito con condiciones “más ventajosas que el FLA”. Un FLA, afirman las mismas fuentes, que le ha costado ya a Andalucía 1.880 millones de euros en intereses.
Como mínimo, según el Gobierno de Cantabria, el convenio impuesto desde este año con las farmacéuticas “es poco transparente”, mientras que la Junta de Andalucía considera que con el mismo el Gobierno de Mariano Rajoy “se quita la careta”. De su lado, Aragón ha calificado de “peregrinas” algunas de las condiciones del FLA, que a la Comunidad Valenciana le parece que “ponen a las comunidades autónomas entre la espada y la pared”... Son valoraciones vertidas en las últimas horas sobre unos fondos que también llegan a Asturias, Baleares, Castilla la Mancha, Catalunya, Extremadura y Murcia.
Pero ¿cuáles son esas condiciones? Básicamente, se centran en la obligación de usar determinadas plataformas telemáticas del Gobierno para el uso de datos y la gestión administrativa, de manera que queda centralizada, y la exigencia de remisión de información, en muchos casos con fines estadísticos. He aquí varios de los requisitos que tienen que suscribir para este respaldo financiero.
Están obligadas a impulsar la comunicación electrónica de los nacimientos que se produzcan en los centros sanitarios de la comunidad autónoma a las distintas administraciones que tengan que conocer de los mismos.
Firman que van a remitir la información relativa a los efectivos de la totalidad de su sector público a 1 de enero y a 1 de julio, respectivamente, a la Secretaría de Estado de Función Pública en los términos que ésta establece. El objetivo es disponer de una imagen lo más completa posible de los efectivos del conjunto de las administraciones.
Deben integrarse en el punto general de entrada de facturas electrónicas de la AGE.
Usar las plataformas y registros para la gestión electrónica de los procedimientos facilitados por la AGE. Particularmente, en materia de registro de apoderamientos, archivo único, plataforma de intermediación de datos y punto de acceso general de la administración.
Integrar los registros de la comunidad autónoma en el Sistema de Intercambio de Registros, de manera que los mismos se hagan sólo por medios telemáticos, sin movimiento de papel.
Utilizar los medios telemáticos para la obtención de datos, información y certificados que obren en poder de la administración, para evitar que los tengan que presentar los ciudadanos. En especial, con el compromiso de utilización de la citada plataforma de intermediación. Tanto para el consumo de los datos que necesite para la gestión de sus procedimientos como para poner a disposición en la plataforma de intermediación los datos, certificados y resto de documentación de competencia de las comunidades autónomas.
Igualmente, antes de la finalización del segundo trimestre de 2017 han tenido que garantizar el acceso y verificación del buzón de entrada de registros electrónicos, de manera que el tiempo de confirmación de la correcta recepción en los envíos en los mismos no sea superior a cinco días hábiles, en todas las oficinas ya incluidas en el Sistema Integrado de Registros.
Se comprometen a permitir la identificación y firma electrónica mediante el sistema Cl@ve en los servicios de las sedes electrónicas de ámbito autonómico.
