La democracia del aprobado: Andalucía quiere que los profesores voten si un alumno con suspensos pasa de curso

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, inaugura el presente curso escolar de forma telemática, a causa del Covid-19.

Daniel Cela


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La Consejería de Educación ultima unas instrucciones que enviará en diciembre a los institutos de Andalucía para orientar a los equipos directivos sobre el nuevo modelo de evaluación, promoción y titulación en Secundaria, que emana de la ley educativa del Gobierno de Pedro Sánchez (LOMLOE, también llamada ley Celáa). El sistema de evaluación y promoción del alumnado es muy distinto al actual, y su ejecución se ha adelantado un año a la puesta en marcha del nuevo currículum. Es decir, que las reglas del juego han cambiado con el curso en marcha, y los nuevos criterios que deben seguir los profesores para corregir a sus alumnos y para decidir si pasan o no de curso son de aplicación desde este mismo trimestre.

Los aprobados se dispararon el curso pasado, incluso en las comunidades del PP que denunciaron la "promoción general"

Los aprobados se dispararon el curso pasado, incluso en las comunidades del PP que denunciaron la "promoción general"

Hasta ahora, el alumno de ESO podía pasar de curso con dos asignaturas suspensas y “excepcionalmente” con tres. La ley Celáa elimina el concepto “excepcionalmente”. Ahora los estudiantes de Secundaria pasarán de curso cuando sus profesores, “de forma colegiada”, consideren que las materias suspensas –con independencia de su número– no les impiden avanzar con cierto éxito al curso siguiente. Es decir, que podrán recuperarse, alcanzar los objetivos de la etapa y obtener el título. 

El problema es que a la Junta no le gustan estos criterios, que considera demasiado laxos y subjetivos, y va a redactar unas instrucciones para “amortiguar su impacto en Andalucía”. La ley Celáa cambia por completo la filosofía de la evaluación del alumno: en vez de examinarlo asignatura a asignatura, y de manera estanca, plantea una evaluación integral de todo el currículo, en la que participen de forma colegiada todos sus profesores. La repetición de curso queda arrinconada como herramienta correctiva: décadas de experiencia y análisis científico y comparativo demuestran que nunca lo fue.

El departamento que dirige Javier Imbroda considera que este planteamiento pervierte la llamada "cultura del esfuerzo"

El departamento que dirige Javier Imbroda considera que este planteamiento pervierte la llamada “cultura del esfuerzo”. Pero, sobre todo, teme que el nuevo sistema de evaluación desate un caos burocrático originado por el “agravio comparativo” de que en un mismo aula o en un mismo instituto, un alumno promocione con cinco suspensos y su compañero no. En las últimas semanas, el consejero ha mantenido reuniones telemáticas con distintos actores de la comunidad educativa para buscar soluciones a una situación que “está provocando mucha incertidumbre”.

La obsesión de Imbroda es introducir “un criterio objetivo a un sistema de evaluación muy subjetivo”. Una de las opciones que baraja la consejería es someter a votación del equipo educativo el si un alumno puede pasar de curso con más de dos suspensos, y que la decisión final dependa “de una mayoría cualificada de dos tercios o tres quintos”, explican fuentes próximas al consejero de Educación. Por ejemplo, de los 14 profesores que puede llegar a tener un estudiante de 3º de ESO, si ocho levantan la mano a favor de su promoción, el chico pasará de curso aunque tenga cuatro suspensos. Con independencia de qué materias sean las suspendidas y qué profesores los que votan a favor (esta fórmula no da más peso al docente de Matemáticas que al de Música).

La propuesta parte de la Asociación de Directores de Institutos de Andalucía (Adian), que representa al 49% de los centros en la comunidad, y ha sido bien recibida por la Consejería de Educación, que la ha puesto en manos del gabinete jurídico para asegurar que cumple con el espíritu de la ley Celáa.

Evaluación nueva, currículo viejo

La reforma educativa del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos –la octava en democracia– aterrizará en las comunidades autónomas en dos tiempos: primero se implantará el nuevo sistema de evaluación, promoción y titulación en Secundaria y Bachillerato, que regula un real decreto de desarrollo de la LOMLOE aprobado en Consejo de Ministros el pasado 16 de noviembre; más tarde, el próximo curso, entrarán en vigor los reales decretos de Primaria, Secundaria y Bachillerato, que van a cambiar radicalmente el currículo: desaparece la división entre ciencias sociales y naturales; ahora todos los saberes se mezclan en todas las áreas del conocimiento.

Esto quiere decir que durante el primer año se va a solapar la ley que muere con la ley que nace, y que las escuelas usarán los criterios de evaluación de la LOMLOE para examinar el currículo aún en vigor de la LOMCE, la ley del Gobierno de Mariano Rajoy, parcialmente derogada. “Los profesores seguirán evaluando sus asignaturas, pero tendrán que estrenar los criterios de promoción integral por currículo”, se lamenta la viceconsejera de Educación, María del Carmen Castillo.

Este desajuste temporal está provocando muchos quebraderos de cabeza a los gobiernos autonómicos, que son quienes gestionan las competencias educativas, los que tienen que trasladar la nueva filosofía de enseñanza diseñada en el Ministerio de Educación al papel y al día a día de los colegios e institutos.

Andalucía, con un Gobierno de PP y Ciudadanos, discrepa de los nuevos criterios de evaluación y promoción en la ESO, pero no llevará sus discrepancias a los tribunales, como han planteado otras comunidades, como Galicia o Euskadi. Lo que se ha hecho es abrir un diálogo con la comunidad educativa para adaptar tanto los nuevos currículos de Primaria, Secundaria y Bachillerato como el modelo de evaluación. La adaptación curricular andaluza ya está esbozada, pero todavía tardará un año en entrar en vigor.

Expertos consultados creen que las algunas de las propuestas pueden "bordear" el espíritu de la nueva ley para volver a implantar un sistema similar al que ya había

La paradoja es que Andalucía ha diseñado los currículos exprimiendo al máximo su margen competencial –40%– y dando mucho peso a la autonomía de los centros para decidir su oferta educativa: hasta 20 horas más de autonomía; la carga lectiva para desarrollar un proyecto de innovación es el máximo exponente de esta apuesta. Los colegios e institutos pueden adaptar el marco curricular a las necesidades de su alumnado, aunque la consejería “pondrá una limitación y orientaciones específicas”. “Mandaremos una propuesta de cómo confeccionar el currículum y la distribución horaria para un colegio tipo de Andalucía”, dice el consejero.

Sin embargo, en el ámbito de la evaluación, la Junta percibe la autonomía de los centros como un problema, y no como una oportunidad. La consejería confía en los equipos educativos a la hora de fijar los criterios de enseñanza de sus propios centros (desarrollar sus proyectos, organizar horarios y recursos), pero no cuando tienen que reunirse para decidir si un alumno con cuatro suspensos puede promocionar. Imbroda sostiene que son los propios equipos directivos, a través de ADIAN, los que se han mostrado recelosos y dubitativos acerca de cómo tomar estas decisiones.

Aquí hay un cambio de paradigma en la enseñanza: ya no se evalúa a un alumno de forma cuarteada, asignatura a asignatura, como si su proceso de aprendizaje fuera el sumatorio de sus conocimientos en Lengua, Matemáticas, Inglés, Música, Historia… No. Ahora se trata de evaluar el currículum en su conjunto, sin paredes que separen una materia de otra, para obtener una panorámica de la capacidad del estudiante para aprender y manejarse con los conocimientos que aprende. La comunidad educativa internacional hace tiempo que no mide el aprendizaje de un niño en contenidos, sino en competencias: no basta con saber o memorizar, se necesita “saber hacer”, saber aplicar los conocimientos a la vida diaria.

Repetir curso como regla, no como excepción

En la práctica, este sistema de evaluación integral del niño, mancomunado entre sus profesores, se puede explicar de forma mucho más prosaica: el objetivo implícito es erradicar la figura del alumno repetidor, de la que España ha abusado más que ningún otro país de la Unión Europea, según constata el informe PISA. En las siete leyes educativas anteriores, la repetición de curso tenía carácter “excepcional”, pero las estadísticas demuestran que se ha convertido en un recurso sistemático de los docentes. España triplica la tasa de repetidores de los más de 50 países que integran la OCDE. Un 28,7% de los estudiantes de la ESO ha repetido al menos una vez. En Andalucía, según datos de la Consejería de Educación, el 19% de los estudiantes que actualmente cursa Secundaria es repetidor. El nivel de titulación es del 87%: un 67% obtiene el título a la primera, con 16 años, un 14% ha repetido al menos una vez y un 5% lo ha hecho dos o más veces.

La ley Celaá crea nuevos mecanismos de refuerzo que vienen a sustituir el recurso “fácil” de hacer repetir al alumno con problemas de aprendizaje. La permanencia en un mismo curso se podrá adoptar una sola vez durante la etapa Primaria y dos veces como máximo durante la enseñanza obligatoria (Primaria y ESO). La repetición como mecanismo de evaluación educativa queda proscrita por imperativo legal, porque en España la gran mayoría de profesores no ha sabido o no ha querido buscar alternativas durante décadas, a pesar de las reiteradas recomendaciones y advertencias de Bruselas. 

Esto nos lleva a un debate complicado. Son muchas las voces críticas que se han alzado contra esta filosofía de la evaluación, quienes sostienen que permitir que un niño pase de curso e incluso titule con varias materias suspensas supone “un sacrificio de la cultura del esfuerzo”. Otros, en cambio, defienden que el ritmo de aprendizaje de un niño no puede juzgarse desde 14 perspectivas distintas –las de sus 14 profesores de ESO– y que el trabajo de evaluación debe ser una responsabilidad colegiada de todo el equipo docente. En teoría, esto último ya era así.

Se supone que los déficit y los progresos de un niño durante un curso se valoran de forma conjunta en una reunión donde todos sus profesores debaten y deciden qué es lo que más beneficia al muchacho para lograr sus objetivos educativos. En la práctica, el abuso de la repetición de curso y el límite legal a las asignaturas suspensas con las que se puede promocionar ha distorsionado esa filosofía de la evaluación colegiada.

Después de décadas insistiendo en balde con que la repetición de curso debería ser “excepcional”, la última legislación educativa ha optado por acotar normativamente su uso. Ahora, para calificar el rendimiento de un alumno, sus docentes deben ponerse de acuerdo. No basta con que el de Matemáticas le ponga un 7 y el de Lengua un 4, de hecho, la ley Celáa también ha acabado con las calificaciones numéricas, sustituyéndolas por palabras: insuficiente, suficiente, bien, notable, sobresaliente. “Se está primarizando la ESO”, dicen los críticos.

Todos los maestros de un alumno, encerrados en una habitación, decidirán la nota y si pasa de curso sin que haga un examen de recuperación de las asignaturas que ha suspendido

Todos los maestros de un alumno, encerrados en una habitación, decidirán la nota y si pasa de curso sin que haga un examen de recuperación de las asignaturas que ha suspendido. Se puede suspender y pasar de curso, pero entonces se activan los mecanismos de refuerzo que ha creado la nueva ley, que diversifican los itinerarios a seguir en función de las necesidades de cada uno. Un alumno con dificultades en 2º de ESO puede continuar en 3º y 4º a través de programas de diversificación que se adaptan a su ritmo de aprendizaje.

La Consejería andaluza de Educación cree que este modelo de evaluación “es coherente con el nuevo currículum de Primaria y Secundaria”, que difumina las asignaturas y pone el peso en la carga horaria de cada materia. Pero adaptar esta nueva filosofía a los institutos de Andalucía les está suponiendo “un verdadero quebradero de cabeza”. De entrada, porque ni el consejero de Educación ni la propia Junta cree en este sistema. El Gobierno de Juan Manuel Moreno está alineado con aquellos que piensan que “se está pervirtiendo la cultura del esfuerzo dejando que los niños pasen de curso sin aprobar”. “No creemos que haya que bajar el listón”, advierten.

Imbroda y su equipo quieren darle a los profesores andaluces criterios “objetivos” de evaluación que amortigüen este “despropósito”, para no encontrarse con “el problema” de que un estudiante de ESO con 5 suspensos promocione y otro con los mismos suspensos repita curso. Ambos en el mismo instituto o en institutos diferentes. La consejería busca dar garantías a los docentes, porque teme que las familias se agolpen a las puertas de la inspección técnica provincial educativa exigiendo que a sus hijos les traten con el mismo criterio que a los de sus compañeros. “Los docentes nos piden reglas claras. Necesitan garantías de que su trabajo no va a ser cuestionado por las familias de sus alumnos. Donde vamos a encontrar más problemas no es en los docentes, que les da igual poner un 5 o un suficiente, sino en las familias. La subjetividad en la evaluación es necesariamente negativa. Es un problema de garantía , no de toma de decisión”, resume el consejero.

Esos criterios objetivos son los que Educación plasmará en unas instrucciones que aún está debatiendo con la comunidad educativa. ADIAN ha propuesto varias soluciones: una es establecer que la promoción del alumno con más de dos suspensos en Secundaria sólo será posible si la nota media de todas sus asignaturas supera el 5 (lo cual no deja de ser una vuelta al sistema anterior de evaluación); la segunda condición para promocionar con tres materias suspensas es que dos de ellas no sean ni Matemáticas ni Lengua; y la tercera, la más próxima al espíritu de la nueva ley, consiste en dejar que el equipo docente vote, y “que sea necesaria una mayoría cualificada de dos tercios o de tres quintos” para que el alumno con suspensos pase de curso.

“El real decreto de evaluación y promoción dice que la decisión debe adoptarla el equipo educativo de forma colegiada, pero no aclara qué porcentaje del equipo educativo. Le hemos pedido a la consejería que establezca un mínimo, para que la decisión sea democrática y más objetiva”, explica Miguel González, presidente de ADIAN.

Números y letras, debate abierto

Todavía no está decidido del todo. Además, la fórmula que finalmente decida la consejería debe ser validada por el gabinete jurídico de la Consejería de Educación, y expertos consultados creen que las algunas de las propuestas pueden “bordear” el espíritu de la nueva ley para volver a implantar un sistema similar al que ya había, basado en números y mayorías, pero no en una evaluación integral.

La ley Celáa propone una evaluación cualitativa, un diálogo acalorado entre los distintos profesores de un chaval, aunque al equipo de Imbroda le da cierto vértigo separarse del modelo tradicional basado en el valor numérico: Que levante la mano quien crea que debemos pasar a este chico con 5 suspensos. ¿Se logra así la pretendida objetividad en la toma de decisiones del equipo docente? Pero, ¿qué significa “criterios objetivos”? Este periódico ha consultado a media docena de profesores, veteranos de la enseñanza, para constatar que el debate está muy vivo, muy polarizado, pero también parece evidente que este asunto lleva abierto y sin resolver décadas...

¿Es objetivo sintetizar los problemas de aprendizaje de un niño en un solo número? ¿Problemas de comprensión lectora, pero también falta de recursos socioeconómicos en casa? ¿Problemas de cálculo matemático, pero también el hecho de formar parte de una familia desestructurada? Una alumna con un 3 en Matemáticas, un 4 en Lengua y un 2 en Inglés, pero un 10 en Música, un 8 en Robótica y un 9 en Educación Física... ¿Pueden sus profesores, de forma colegiada, decidir si el potencial de esa alumna en un conservatorio de Música pesa más que sus mediocres habilidades en materias instrumentales? ¿Un 4 en Literatura es lo mismo para un alumno sin libros en casa, ni dinero para comprarlos, que para otro cuyos padres fomentan la lectura? ¿Y qué quiere hacer el alumno? ¿Quiere abandonar, quiere rendirse o quiere seguir? ¿Qué es más importante: lo que el alumno quiera hacer o lo que el alumno sea capaz de hacer?

La Administración educativa abre otro melón que complica aún más el debate: “Está bien proponer un currículo integral donde todo contribuye para que el alumno promocione, donde se mezclan los conocimientos de un área con otra. Pero luego ese currículo lo tiene que aplicar un profesorado absolutamente especializado, docentes que son expertos en su asignatura exclusivamente y no entran en el campo de su compañero. Y eso vuelve a cuartear el currículo”.

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