La negación de auxilio es una política migratoria inaceptable

Salvar las vidas que están en riesgo en el mar es una obligación legal inequívoca. El Estado español la adquirió al firmar, entre otros, el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo (SAR, por sus siglas en inglés) en 1993. Salvamento Marítimo (o SASEMAR) es la piedra de toque del sistema SAR español, una organización civil creada a principios de los años noventa con un triple mandato: la protección del medio ambiente marino, el control del tráfico marítimo y las labores de rescate en la zona de responsabilidad española. 

Las personas trabajadoras de Salvamento Marítimo son profesionales de emergencias como los bomberos o las ambulancias. Por eso cuando les preguntan dicen que rescatan náufragos. A veces esos náufragos son pescadores españoles, a veces extranjeros. A veces, inmigrantes. Aunque, con el tiempo, los barcos naranjas de SASEMAR han terminado asociándose a los rescates de personas migrantes, sólo un 10% de la flota de rescate está destinada a las zonas “calientes” de la migración. En cualquier caso, la flota de Salvamento Marítimo no tiene ni la formación, ni los medios ni la voluntad para implementar las leyes de inmigración. Simplemente, no es su trabajo. 

En otros países europeos, las tareas de búsqueda y rescate son responsabilidad de las fuerzas de seguridad y de defensa. La tendencia a la militarización de estas labores se ha intensificado a partir de la creación de Frontex (en teoría, un cuerpo civil) en 2005. Esta tendencia se apoya en tres ideas falsas. La primera, que rescatar vidas es una opción, y no una obligación legal. La segunda, que se puede y se debe integrar el rescate dentro del aparato fronterizo español, cuando en realidad la política migratoria y la prestación de auxilio en el mar son dos cuestiones distintas. Por último, que una frontera militarizada es una frontera cerrada a la migración, a pesar de los ejemplos griego, italiano (o, yendo aún más lejos, australiano) demuestran que cuando las razones para emigrar persisten, las fronteras militarizadas sólo aumentan el número de muertes y desaparecidos. 

Salvamento Marítimo debería ser un modelo a seguir por su eficacia, coste y transparencia. A pesar de todo, desde 2018, el gobierno español parece decidido a transformar el sistema SAR español para integrarlo en el complejo engranaje de control fronterizo que desde hace 30 años define la frontera sur de la Unión Europea. 

Las tres estrategias principales para completar esta transformación son la precarización de las flotas de rescate, la relocalización de las labores de coordinación bajo mando militar y la delegación de responsabilidades a Marruecos. 

Marruecos creó oficialmente su sistema SAR en 2002, pero la distribución de responsabilidades es confusa, el equipamiento poco adecuado y la opacidad sobre las labores de rescate llevadas a cabo por la Marina Real Marroquí casi absoluta. Por estas razones y respetando las responsabilidades del gobierno español en el Convenio SAR, antes del giro de política en 2019 un número importante de las operaciones de Salvamento Marítimo se realizaban en las zonas de responsabilidad marroquí y compartida. 

En los últimos tres años, el gobierno español y la Unión Europea han hecho hecho importantes transferencias de fondos a Marruecos para a aumentar la capacidad de rescate de Marruecos y facilitar la cooperación en la frontera marítima. Las partidas presupuestarias del Ministerio del Interior a Marruecos se intensificaron en 2019, año en el que los 30 millones del gobierno español se añadieron a otros 70 millones de la UE. Este año, Interior destinará 47 millones al país vecino destinados a cooperación directa y compra de material. En realidad, no sabemos a dónde va a parar gran parte de ese dinero, porque el gobierno marroquí no rinde cuentas. Con suerte, de vez en cuando Marruecos publica el número de rescatados en los meses anteriores, datos difíciles de verificar. También preocupante son los numerosos casos de negación de auxilio y las terribles condiciones en los centros de detención de migrantes donde acaban muchos de los rescatados, incluso menores. 

Las organizaciones internacionales de protección de los derechos humanos han levantado la voz de alarma ante el aumento de muertes y abusos la Frontera Sur española. A la APDHA, Caminando Fronteras y otras ONG españolas se unen hoy otras que llevan años trabajando en el Mediterráneo Central. Por ejemplo, Alarm Phone hace seguimiento, una a una, de las operaciones de rescate que se delegan a Marruecos de las que tienen constancia. Algunas ONG de rescate ya han empezado a intervenir directamente o planean hacerlo pronto. 

¿A quién beneficia el desmantelamiento de Salvamento Marítimo, la militarización del sistema SAR español y la delegación de responsabilidades a Marruecos? Principalmente, como dijo Ana Rosado en este artículo y como han demostrado numerosos informes, a la industria armamentística, que se está llenando los bolsillos con el dinero del contribuyente. También a la UE, que subcontrata la violación de derechos humanos a terceros países, pero se expone de esa manera a chantajes como los que hemos visto en los casos de Turquía, Libia, Bielorrusia y hace unos meses, el del propio Marruecos. 

Si lo que queremos es que dejen de venir inmigrantes, la respuesta es eliminar las razones que llevan a esas personas a migrar a España: la pobreza, la guerra y la falta de oportunidades, por un lado; y la fuerte demanda de trabajadores fáciles de explotar de los que depende la economía española, por otro. 

Dejar morir a personas en el mar no es una política migratoria aceptable: es un instrumento ineficaz e irresponsable para parar la migración no deseada y, por encima de todo, un crimen en el que España es partícipe.