Una ocupación, un desahucio administrativo, dos familias y tres casas

Coria del Río está siendo escenario de un caso rocambolesco que tiene como protagonistas a dos familias con problemas, una ocupación, un desahucio de la Administración y tres casas.

Por un lado, una mujer en paro con cuatro hijos menores de edad y su marido en la cárcel tiene ocupada en la localidad sevillana una casa del parque público de viviendas, adaptada a discapacitados y que había sido adjudicada a otra familia con una menor en silla de ruedas. La ocupante se niega a permutar la casa que ocupa por la vivienda municipal de la adjudicataria legal, como le propone la Administración autonómica, e insiste en quedarse en la vivienda ocupada. Su abogada dice no tener conocimiento de tal posibilidad de intercambio si bien la negativa consta en la documentación del caso que han intercambiado las administraciones local y autonómica.

Antonia, la mujer que ocupa la casa y que tiene una prestación por desempleo hasta junio de 500 euros al mes, ha enviado a la Junta este mismo lunes un escrito en el que relata que hace dos años y medio su “única perspectiva” fue ocupar la vivienda. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (Avra), para que la adjudicataria (María José) pudiera vivir en su vivienda, inició un expediente de desahucio administrativo que Antonia ahora ruega se deje sin efecto. Como alternativa, la Junta le ha ofrecido la mencionada permuta y que se traslade a la vivienda que en la que vive la legítima propietaria de la casa ocupada, que reside desde 1999 en un lugar que no está adaptado a personas con movilidad reducida y que igualmente tiene unos ingresos inferiores a los 500 euros.

A esta posibilidad de intercambio de casas ofrecida a Antonia, según indican desde la Administración regional, se le añade el ofrecimiento de otra vivienda de protección, que la Junta ha recuperado recientemente, y por la que Antonia, eso sí, tendría que abonar el 25% de sus ingresos. La ocupante indica en su escrito de alegaciones que con los 375 euros que le quedarían no podría mantener a sus cuatro hijos. “Es a todas luces imposible”, dice.

Mientras, la Junta asegura que mantiene contactos reiterados con Antonia al objeto de que acepte la permuta de la vivienda de titularidad pública en la que reside irregularmente y se traslade a la vivienda municipal de María José, donde debería abonar el precio de alquiler que determine el Ayuntamiento de Coria. Respecto a la otra posibilidad ofrecida, apuntan que la renta de 125 euros sería negociable pero que, en todo caso, debe dejar paso a la familia a la que se le adjudicó la casa por el registro municipal de demandantes y que está adaptada a personas con discapacidad. El conflicto planteado incluye, además, que tanto una parte como la otra se acusan de tener más de una vivienda en la localidad como alternativa para vivir, argumentando en cada caso que su necesidad es más acuciante.

Desahucio administrativo

Antonia recuerda en su escrito de alegaciones, en el que pide que se deje sin efecto el desahucio administrativo iniciado por la Junta, que hace unos años tenía su domicilio en una vivienda de alquiler por la que abonaba 163 euros, pero que llegó un momento en el que no pudo hacer frente a las rentas mensuales. De este modo, ella y sus hijos fueron sometidos a un desalojo forzoso por desahucio por falta de pago. Así, ante la “desperada situación” de Antonia, “que se vio con sus hijos en la calle”, según recuerda su representante legal, desde noviembre de 2011 vino a ocupar una vivienda de su misma localidad de la que tenía conocimiento que llevaba ocho meses cerrada. Hasta que la Junta ha iniciado el proceso de desahucio administrativo “sin trámite de audiencia previo”, recoge el escrito.

Según la Consejería, Antonia “se niega a aceptar la permuta que se le ha ofrecido e insiste en que ella no quiere que su situación se regularice mediante esta fórmula, sino quedándose donde actualmente reside irregularmente”, afirmando que la vivienda donde ahora reside María José “es demasiado pequeña y se encuentra en una zona que le desagrada”. La Administración “ofrece una solución que garantiza el derecho a la vivienda y el bienestar de las dos familias”, añaden fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda.

El pasado octubre, Avra puso en conocimiento del Ayuntamiento de Coria del Río la difícil situación de ambas familias, pidiéndole que intercediera para poder buscar una solución. Ya en diciembre, el Consistorio comunicó a la Administración regional que, tras el intento de proponer solución de permuta a la familia de Antonia para solucionar ambos casos a la vez, ésta se negó al igual que se negó verbalmente en la reunión que mantuvo en la gerencia provincial de la agencia andaluza de la vivienda.

María José, la adjudicataria de la vivienda, lleva aproximadamente un año pidiendo a las administraciones poder acceder a la casa adaptada del parque público de viviendas que le fue adjudicada. El intercambio de viviendas fue específicamente propuesto en mayo de 2013 por María José “para tampoco dejar a esta familia en la calle”. Así lo comunicaba en las cartas remitidas a las administraciones, en las que relataba las dificultades para trasladar a su hija discapacitada.

“Una vivienda digna que ofrecer a sus hijos”

Antonia, por su parte, dice en su escrito de alegaciones que tiene derecho a la prestación por desempleo desde marzo hasta junio de 2014. Su interés “no es ni más ni menos que disponer de una vivienda digna que ofrecer a sus hijos”, señala su abogada. Recuerda que intentó “por todos los medios” conseguir ayudas públicas por parte de la Junta, Ayuntamiento de Coria, servicios sociales, “siendo la respuesta de todos y cada uno la negativa a ayudar a la familia”. La Junta, al abrir el expediente de desahucio administrativo, llegó a pedir “como medida urgente” ante los juzgados de lo contencioso-administrativo la autorización de entrada al domicilio, si bien no llegó a efectuarse porque caducó dicha autorización.

En el escrito de Antonia se señala, como así corroboran desde Fomento, que han sido numerosas las reuniones mantenidas con responsables de Avra para intentar alcanzar una solución a la situación generada. “Únicamente, en fechas muy recientes” se le ha expuesto “de forma verbal” y “por tres meses” la posibildad de acceder a una vivienda por la que tendría que pagar el 25% de sus ingresos, es decir, 125 euros. “Me vería con la cuantía de 375 euros, como mucho, para atender a las básicas necesidades de mis cuatro hijos, lo que es a todas luces imposible”. Todo ello pasaría por el desalojo previo de la vivienda ocupada, sin que se fije la fecha en la que dispondría de la supuesta vivienda, “a la que me es imposible acceder” por las mencionadas “causas económicas”.

Antonia señala que por su actual vivienda paga 51 euros mensuales, y que la Junta le impide el abono de los recibos. La Junta señala que “lógicamente” no puede aceptar los pagos cuando éstos provienen de una familia que no es la adjudicataria. Antonia considera en cualquier caso que “se está intentando realizar un desalojo totalmente arbitrario”. Incluso indica que todos los grupos municipales del Ayuntamiento, exceptuando el equipo de gobierno, considera que la familia tiene “una situación de máxima urgencia”, por lo que acompaña un escrito dirigido al Consistorio fechado el pasado febrero.

Antonia indica que se le causaría a la familia “un gran perjuicio” a nivel emocional como educativo, ya que actualmente los niños acuden al colegio que dista no menos de 50 metros de su actual casa, y donde los menores tienen sus amigos y su vida hecha. La representante legal cita jurisprudencia variada, también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que “ha calificado los desalojos como la forma más extrema de injerencia en el derecho a la protección del domicilio, condenando la ausencia de condiciones mínimas de habitabilidad y la obligación de proveer un realojo adecuado a partir de dichos derechos”.

La ocupante, en su escrito de alegaciones al desahucio, cita también el escrito que el TEDH ha ratificado que el Estado es siempre responsable y garante del derecho a la vivienda y, por tanto, quien debe procurar una solución habitacional frente a los desalojos, en especial cuando se afecta a colectivos vulnerables, como los niños, y que en este caso se verían afectados.