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Perfil

Un fiel incómodo para Susana Díaz

Rafael Moreno Segura.

Consuelo Durán

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Susana Díaz ha perdido a muchos de sus fieles en la lucha por mantenerse en el liderazgo del PSOE-A, pero en el puñado de irreductibles destaca la figura de Rafael Moreno Segura. El que fuera alcalde de Huévar del Aljarafe, un pueblo que no llega a 3.000 habitantes, pero situado en la más populosa comarca de Sevilla, entre los años 1997 y 2015, ha montado incluso una web con apariencia de medio de comunicación en la que se vuelcan informaciones contra Juan Espadas, el principal rival de Susana Díaz en las primarias para elegir candidato a la Junta de Andalucía.

Metido a improvisado editor, Rafael Moreno Segura es un viejo conocido de la prensa local y autonómica. De esas casi dos décadas de alcalde con mayoría puede exhibir un logro clave para el pueblo: que Mercadona lo eligiera para instalar su planta logística con su medio millar de empleos. Ha vivido de las rentas de este proyecto, pero no ha sido suficiente para tapar la ristra de polémicas en torno a su gestión, que han terminado incluso en los tribunales, con un par de causas todavía en investigación.

Después de que renunciara a volver a presentarse a las elecciones en 2015, para dar paso a la renovación, según dijo, fue nombrado por el gobierno de Susana Díaz como director general de Políticas Activas de Empleo en el Servicio Andaluz de Empleo, cargo que ocupó hasta 2019, cuando el PSOE hacía un par de meses que había perdido la Junta de Andalucía. No fue, de hecho, la primera opción de la entonces presidenta de la Junta, pero después de prácticamente medio año con el puesto vacante, se decidió por el que había sido uno de los hombres más activos en buscarle apoyos desde que en 2012 optara ella a la secretaría general del PSOE de Sevilla.

Que lo colocara como responsable de un departamento con más de 700 millones de presupuesto no pasó desapercibido “¿No había otro?”, se preguntaron muchos. Desde luego, no había otro más leal a la jefa y dispuesto a asumir con tanta osadía un puesto en tiempos convulsos para este departamento por toda la investigación en torno a los fondos públicos de formación de la Junta de Andalucía. Su experiencia en la materia venía precedida por la polémica que siempre había rodeado su política de empleo en el Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe en lo concerniente a los contratos a dedo que tenía a su disposición y distribuía en medio de acusaciones de enchufismo nunca denunciadas.

Por eso, su nombramiento como alto cargo de la Junta de Andalucía dio alas a nuevas críticas –calladas desde las filas socialistas y sin matices desde la oposición– porque se premiaba a un –como mínimo– mal gestor de lo público. No en vano, durante sus años como alcalde llegó a acumular una deuda con la Seguridad Social de más de 10 millones de euros por impago de las cuotas de los trabajadores municipales. En 2010, la plantilla estuvo más de 10 meses sin cobrar.

Sobre sus espaldas pesan también hasta cuatro condenas por faltas: en 2010, por vulnerar el derecho de la oposición del PP y negarle información; en 2011, 20 días de multa por injurias a un policía local; en 2014, otra ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por enviar una carta a todos los vecinos y difundir un vídeo a través de Youtube en vísperas de las elecciones autonómicas; y en 2015, una más por agresión contra un árbitro en un partido de fútbol con el equipo de su pueblo.

Cuatro condenas por faltas y dos juicios penales pendientes

Pero su recorrido por los tribunales pasa actualmente por momentos más serios. Por un lado, porque se investiga la supuesta compra de votos para elecciones municipales –mediante empleos temporales en el consistorio sobre todo– en una causa que se sostiene con rudimentarias anotaciones sobre vecinos del pueblo, su ideología y su situación laboral. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sanlúcar la Mayor decidió cerrar la investigación penal de una causa denunciada por el PP, que dice haberse topado con esta documentación a su llegada al poder. Sin embargo, en marzo de 2021 la Audiencia de Sevilla ordenó reabrir la causa.

Otro proceso por el que testificaba recientemente se refiere a su etapa como presidente de la Mancomunidad del Guadalquivir, gestora de residuos de la comarca. La gestión de este y otros dos exalcaldes del mismo signo político está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor por supuesta malversación porque supuestamente vendían los vehículos viejos a un desguace sin procedimiento administrativo, sin fiscalización interna y sin que se supiera dónde acababa ese dinero.

Con la sensación de que ha tocado techo en política, Rafael Moreno Segura se reinventa como consultor, dice, mientras ofrece sus servicios a la secretaria general del PSOE–A, que evita dejarse ver con quien representa esa parte más oscura del partido cuya sombra intenta que deje de proyectarse sobre su proyecto.

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