Fondos del 'plan E' para tapar agujeros en Jerez
La exalcaldesa de Jerez Pilar Sánchez (PSOE) empleó fondos del Plan E, el programa puesto en marcha por Zapatero en 2009 para impulsar la actividad económica del país movilizando la inversión pública, para tapar los agujeros de un Ayuntamiento en pleno crack municipal. La Fiscalía Anticorrupción pide tres años de prisión y una multa de 8,6 millones de euros por este caso para la exregidora, que sostiene que no incurrió en delito al desviar este capital y que, además, no hubo beneficio privado.
En su escrito de acusación, informa Efe, el fiscal Manuel Luis Arjona concluye que la primera edil cometió un delito contra la hacienda pública por fraude de subvenciones. Ordenó, pese a los informes negativos de Intervención y Tesorería, que se realizaran una docena de traspasos irregulares de estos fondos concedidos por el Gobierno para un total de 37 proyectos, entre ellos, la construcción del Museo Lola Flores, la Ciudad del Flamenco o una escuela de idiomas. Sánchez, sin embargo, los empleó para pagar nóminas municipales y recibos pendientes durante ocho meses entre septiembre de 2010 y mayo de 2011. Están anotados pagos a Endesa y a los trabajadores de las concesionarias de los servicios de ayuda a domicilio y limpieza de edificios municipales.
Del total de 17,7 millones ingresados, el equipo de Gobierno de Sánchez desvió 9,7 millones a sus asuntos. Tras las elecciones de 2011, el nuevo Ayuntamiento gobernado por María José García Pelayo (PP) denunció el desfase contable ante la Fiscalía, que ahora se pronuncia en su escrito de acusación.
Pilar Sánchez, regidora entre 2005 y 2011, siempre ha defendido que volvería a hacer lo que hizo si se encontrase en las mismas circunstancias: “Decidí priorizar el pago de las nóminas y otros servicios públicos esenciales”, ha repetido. Este lunes ha insistido en que tenía un plan para reintegrar el dinero desviado y que está fuera de toda discusión que ese desvío no respondía a intereses personales. Sus representantes legales recurrirán contra la pena reclamada por Anticorrupción.
