El Gobierno andaluz de PP y Cs se amolda a la Ley Celaá y entierra el distrito escolar único de Díaz Ayuso que pactó con Vox

El Ejecutivo andaluz de PP y Ciudadanos ha aprobado este martes en Consejo de Gobierno una leve reforma del decreto de escolarización que estrenó este mismo curso para adaptarlo a la nueva legislación básica estatal, la llamada Ley Celaá o Lomloe. Las modificaciones no alteran ni el orden de prelación de los alumnos al acceder a una plaza escolar -sigue primando la cercanía al domicilio familiar y tener hermanos ya matriculados en el centro- ni el actual equilibrio de centros públicos y privados concertados. Andalucía es la primera de las cinco comunidades gobernadas por el PP que entierra la promesa del distrito escolar único -modelo de referencia de Madrid y de la consigna “libertad de elección de centros”, abanderada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

El presidente nacional del PP, Pablo Casado, anunció que sus comunidades gobernarían “a la contra” de la Ley Celaá, pero Andalucía acaba de amoldar su normativa de escolarización a la legislación básica, porque prácticamente no hay diferencia y porque la Junta no estaba dispuesta a cambiar un decreto con un porcentaje de satisfacción del 98% “sólo por consignas políticas”.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla se dotó hace un año de un nuevo decreto de escolarización que apenas difería del modelo aplicado durante décadas por los anteriores gobiernos socialistas, de modo que la adaptación a la Ley Celaá apenas ha requerido de unos ajustes menores. En términos educativos, el cambio es residual. En términos políticos, es otra cosa. Ésta es la segunda vez que el Ejecutivo de PP y Cs tiene la oportunidad de implantar el distrito escolar único en Andalucía, una medida comprometida por escrito con sus aliados de Vox, que sustentan el Gobierno y dan estabilidad a la legislatura. La primera, bajo el paraguas de la antigua Ley Wert (PP); la segunda, con la recién aprobada Ley Celaá (PSOE). La Junta ha desechado esa oportunidad en ambos casos.

Distrito único ¿exportable?

Al arrancar el mandato, hace ahora dos años, el PP firmó con la formación de Santiago Abascal un acuerdo político al margen de su socio de coalición, Ciudadanos. El punto 14 de ese documento plantea “eliminar las zonas educativas, garantizando la libertad de los padres para escoger el centro educativo”. El partido naranja, que pilota la Consejería de Educación bajo la batuta de Javier Imbroda, nunca se ha sentido compelido por aquel acuerdo que sellaban sus socios con la ultraderecha y, en consecuencia, ha obviado los puntos con los que no estaba de acuerdo. En realidad, tampoco los expertos en educación del PP creen que la fórmula del distrito escolar único implantada desde hace años en Madrid -una comunidad uniprovincial y con grandes concentraciones de población- sea fácilmente exportable a Andalucía, una región mucho más extensa, de ocho provincias, con una realidad rural muy distinta a la de las grandes urbes.

El distrito escolar único es el modelo que abandera la línea más dura del PP cuando repite el mantra de la “libertad de elección de centro de los padres”, esto es, que las familias puedan matricular a sus hijos en el colegio que quieran, sin limitaciones administrativas de ningún tipo. En Andalucía, nueve de cada diez alumnos logra plaza en la escuela elegida en primera opción desde hace décadas, pero en algunas capitales de provincia, como Sevilla, Málaga o Cádiz, el exceso de demanda en un puñado de colegios privados concertados rebasa la oferta de plazas, y desencadena un movimiento de protestas de muchas familias que acaban reclamando su “derecho a elegir” dónde estudian sus hijos.

La supuesta limitación en Andalucía no está en el baremo de puntos que usa la Junta cuando tiene que desempatar a los aspirantes a un colegio con más solicitudes que plazas. El límite está en la zonificación, el llamado mapa escolar que subdivide las grandes ciudades en distritos escolares. Dentro de su distrito, una familia tiene prioridad para escolarizar a su hijo en los colegios de alrededor, y con esta fórmula se resuelve el 98% de las matrículas presentadas cada año. Pero al optar a una plaza en una escuela fuera del distrito escolar donde uno reside, el baremo puntúa menos y hay más riesgo de no conseguir matricular al niño en un centro escolar con mucha demanda en su barrio. Es una casuística residual, que sin embargo concentra su problemática en un determinado tipo de colegio privado concertado, con cierto prestigio social.

El Gobierno de Moreno Bonilla, pese a defender con el mismo entusiasmo que Casado y Díaz Ayuso el lema de la “libertad de elección de escuela”, se ha cuidado mucho de no desmontar el aparatoso modelo de escolarización de su comunidad, que tiene una eficacia del 98%, y que cada año mete en el sistema escolar a más alumnos que Galicia, Asturias y Aragón juntas.

El peso de los puntos

La modificación del decreto, aprobada este martes en Consejo de Gobierno, mantiene el orden de puntuación del baremo, pero redistribuye el peso de algunos criterios: la puntuación máxima por tener hermanos ya matriculados en la escuela pasa de 20 a 14 puntos, y adquiere el mismo valor que el criterio de proximidad al domicilio familiar. La ley Celaá también introduce puntos por una discapacidad sobrevenida durante el curso escolar del alumno o cualquiera de sus familiares, y se concede un punto extra a los niños nacidos de parto múltiple. La legislación estatal también incorpora un cambio importante: la última palabra en la admisión del alumnado será competencia del Consejo Escolar, un órgano de participación colegiado con profesores, padres y estudiantes, en vez de que la decisión dependa en última instancia del director del centro, como hasta ahora.

El pulso ideológico entre la derecha y la izquierda en educación termina reducido a un falso pulso entre escuela pública y concertada. En Andalucía, el 82% de los municipios carece de oferta privada concertada. La polémica por la falta de plazas en centros concertados o públicos en determinados barrios se concentra en las ciudades. La anterior ley básica del PP -la llamada Ley Wert- recogía el criterio de la “demanda social” en la norma de escolarización, que obligaba a la Administración a plegar sus criterios de planificación escolar al interés de las familias. Ese concepto desaparece de la Ley Celaá, aunque en la práctica tendrá un impacto reducido en Andalucía. Ya lo tuvo mientras estuvo en vigor la ley Wert, porque la fisonomía escolar de esta comunidad no tiene nada que ver con la de Madrid.

La Junta incorporó un cambio minúsculo en su decreto de escolarización para intentar visibilizar ese compromiso con la demanda social: añadió que todos los distritos escolares de Andalucía tendrían que ofertar obligatoriamente al menos un colegio concertado. En realidad, no existía ningún distrito escolar en Andalucía que no tuviera ya oferta de escuelas concertadas del segundo ciclo de Infantil (3 años), que es el curso de acceso al sistema educativo para el 98% de los alumnos andaluces.