El desahucio de Natividad Ibáñez: un drama en lista de espera
La Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) tiene previsto desahuciar este 21 de junio a Natividad Ibáñez y a su hija, menor, de la vivienda de alquiler social que ocupan “irregularmente” en uno de los conocidos como barrios ignorados: la Zona Norte de Granada. Una resolución del Juzgado de Instrucción número 3 de Granada avala su expulsión después de que fuera reclamada por la familia del adjudicatario, su expareja, quien comunicó a AVRA su renuncia pero no pudo entregar las llaves por estar ocupada la VPO.
El caso de esta mujer ha despertado la solidaridad de numerosos colectivos, empezando por Stop Desahucios, por su particular situación: no sólo es madre, sino que “ha sido víctima de violencia de género” y cuenta con un informe de los Servicios Sociales Comunitarios que certifican su riesgo de exclusión social. Sin embargo, su drama tropieza con una cruda realidad: la lista de espera para soluciones habitacionales a las familias en riesgo de exclusión social Andalucía. Ella quiere quedarse en el que se ha convertido en su hogar, especialmente buscando lo mejor para su hija, pero la Junta de Andalucía aplica la ley que obliga a respetar el orden para tener acceso a este derecho.
Desde AVRA sostienen que le han brindado todo su apoyo a esta mujer, “pero ha rechazado hasta tres alternativas de alojamiento que se le han ofrecido para que no quede desprotegida antes del lanzamiento”. En concreto, “se le propusieron dos alojamientos provisionales” hasta que haya libre otro destino para ella, igual que una asignación de 900 euros del Ayuntamiento de Granada para gestionar un alquiler en el mercado privado hasta que le otorguen otro público “por el procedimiento reglamentario”, lo que puede tardar unos meses en vista de su puesto en la lista de demandantes.
Las mismas fuentes de la Junta de Andalucía justifican el desahucio porque lo ha ordenado un juzgado y exponen que la VPO fue ocupada en marzo de 2016, poco después de que el titular de la misma “tuviera que ausentarse por un tiempo para ser tratado por enfermedad, circunstancia que aprovechó ella para acceder de forma ilegal al inmueble, donde permanece hasta la fecha”.
Sin embargo, desde Stop Desahucios, matizan estos extremos. Se remontan a 2013, cuando AVRA le adjudicó a la pareja una vivienda de protección oficial en régimen de alquiler social, sita en el número 36 de Galería de Aguirre. “Tras varios episodios de violencia de género, en 2015 se separaron y el hombre se marchó del hogar, quedando madre e hija como inquilinas”. Plenamente integradas en el barrio, con la niña matriculada en el colegio más próximo, se ven obligadas a marcharse porque las tres alternativas son “inasumibles”.
En este sentido, el secretario general de Podemos en Granada, Alberto Matarán, explica que las dos opciones de alojamiento que se le han ofrecido no eran en el barrio y, además, en pisos de acogida, compartidos, y por tanto, menos apropiados para la menor. Mientras, los 900 euros por emergencia social para tirar los tres meses que le pueden quedar para que consiga de nuevo una vivienda en alquiler social no le dan para ello. “Ha estado tratando de encontrar un alquiler por 300 euros al mes en el barrio, dado que la hija aún está en el colegio. Pero le exigen dos fianzas por adelantado o que tenga nómina. También estaría obligada a dar de alta por su cuenta los suministros básicos de luz y agua, imposible para su economía si sumamos además los gastos para dos mudanzas”.
Por su parte, Pepe Iglesias, abogado y miembro de Stop Desahucios, critica que se haya rechazado la posibilidad de “la subrogación del alquiler social que se puede hacer de padre a hija, ya que la expareja había renunciado de hecho a la vivienda”. La agencia pública “se niega a la subrogación alegando que al no ser matrimonio no tienen obligación de hacerlo”. Este escollo legal podría ser superado puesto que en Andalucía, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales amplia la concepción de “familia” a “unidad convivencial” por ejemplo para algunas prestaciones como la renta de solidaridad.
Mientras, Ariana S. Cota, investigadora de la Universidad de Granada y portavoz de Stop Desahucios en la ciudad, recuerda que acogieron este caso con “voluntad negociadora y la búsqueda constante de soluciones” que se ha plasmado en más de 30 reuniones estos meses con varias instituciones. Sin embargo, censura que AVRA actúe como un agente inmobiliario privado “que busca recuperar una propiedad y no atiende a la función social de la vivienda”.
En esta línea, los tres apuntan: “Somos conscientes de que hay miles de familias en situaciones dramáticas como ésta y aparte de pedir una solución inmediata para ella, aprovechamos también este para solicitar más recursos en este ámbito, incluyendo la utilización de los pisos vacíos que tiene la banca, en especial la que hemos rescatado con dinero público”.
Más de 75 viviendas públicas “recuperadas”
Desde AVRA insisten en que con su expediente de desahucio, “por la ocupación de la vivienda sin título”, podrán recuperarla y ponerla a disposición del Registro Municipal de Demandantes de Granada, para que proponga un nuevo adjudicatario que cumpla los requisitos.
De hecho, la Consejería de Fomento y Vivienda tiene en tramitación actualmente 25 expedientes de este tipo en la provincia de Granada por ocupación “irregular”. Estos expedientes se suman a los 53 que desde el inicio de la actual legislatura se han resuelto para adjudicar los inmuebles “a familias que, cumpliendo los requisitos para ello, han respetado la normativa vigente que regula el acceso a una vivienda pública”.
En esta línea, la delegada territorial de Fomento y Vivienda en Granada, Mariela Fernández-Bermejo, defiende: “La decisión de la Junta de Andalucía es actuar de forma contundente cuando se identifican ocupaciones o usos irregulares y vamos a seguir impulsando medidas que garanticen el cumplimiento de la legalidad en el acceso y en el uso de este patrimonio social esencial para muchas familias”.
